La propuesta de la senadora Angélica de la Peña para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre la participación, tratamiento y actuación que ha tenido el ministerio público federal con las procuradurías de las entidades federativas que cuentan con altos índices de desapariciones forzadas e involuntarias, así como las medidas adoptadas para integrar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con información estadística desagregada, fue aprobada por la Comisión de Justicia.
Por unanimidad, la Comisión de Justicia aprobó que el Senado de la República exhorte a la PGR a remitir un informe detallado sobre las averiguaciones previas que se han iniciado por desaparición forzada, en términos de los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal, señalando cuál es el estado procesal de las mismas y en qué entidad federativa se cometió el delito de desaparición forzada.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos reconoció que a pesar de los esfuerzos y los avances tipificar y sancionar adecuadamente los delitos de desaparición forzada y desaparición entre particulares, el Congreso de la Unión continúa en deuda con la sociedad y con los miles y miles de familiares que están en búsqueda de sus seres queridos.
Señaló que la información que sea entregada por la PGR se integrará a la argumentación que contendrá la exposición de motivos de la próxima ley general contra la desaparición de peronas, la cual será aprobada antes de concluya el actual período de sesiones.
El dictamen también plantea que la PGR informe detalladadamente sobre los asuntos de desaparición forzada que ha atraído por conexidad, e indique cuál es el estado procesal de dichos asuntos y en qué entidad federativa se cometieron.
De la Peña Gómez resaltó que la problemática es estructural y se mantiene debido a la impunidad, ante lo cual se requiere establecer un protocolo de búsqueda en vida y el desarrollo de las capacidades para un adecuado registro de restos encontrados en fosas clandestinas.
Es evidente la falta de bases de datos y cifras confiables; el abuso de la reserva de información en casos de graves violaciones a derechos humanos; la ausencia de investigación por desaparición forzada en casos de participación de autoridades; la restricción del acceso efectivo a la justicia para las víctimas en particular para las personas migrantes y sus familias; la facilidad con la cual una persona puede desaparecer en detención por falta de comunicación con sus familias.
En relación a lo anterior, el tercer resolutivo del dictamen aprobado por la Comisión de Justicia requiere a la PGR un informe sobre la colaboración que ha brindado a las procuradurías de las entidades federativas y del Distrito Federal, tanto en apoyo técnico como forense, en los casos de desaparición forzada del orden común.
En su cuarto y final acuerdo, el dictamen solicita al Ejecutivo Federal, para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública remita a esta Soberanía un informe detallado sobre el avance en la integración del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas con información desagregada.
La senadora Angélica de la Peña concluyó señalando que el derecho a la verdad es uno de los principales reclamos que se han escuchado en los foros regionales, pero la mayor exigencia que han hecho las familias es encontrar a sus seres queridos con vida, “no debemos nunca olvidar que ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”
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