La senadora Alejandra Roldán Benítez exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones pertinentes para que nuestro país suscriba a la brevedad el Convenio N°129 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de inspección del trabajo.
Esta medida, afirmó la senadora, tiene el propósito de evitar casos como el de los jornaleros del Valle de San Quintín, pues este convenio compromete a los Estados a poner en marcha un sistema de inspección del trabajo especializada en empresas agrícolas, lo que incluye a empresas dedicadas a actividades del campo.
Suscribirlo implicaría la publicación de informes de supervisión, de las violaciones identificadas y las sanciones aplicadas, así como la posibilidad de la verificación internacional, expuso la senadora por Tlaxcala.
A través de un punto de acuerdo, la legisladora del Grupo Parlamentario del PRD, sostuvo que el Senado no puede garantizar que se cumplan los acuerdos derivados de dicho conflicto, pero sí puede aportar con un análisis de los problemas más urgentes de la población jornalera agrícola.
“La rebelión de San Quintín no sólo hizo visible nacional e internacionalmente la situación que padecen los jornaleros agrícolas en dicho Valle, también contribuyó a hacer visible el conjunto de problemas que enfrentan los jornaleros del país y, más aún, todo el conjunto de trabajadores agropecuarios”, expresó.
De acuerdo con estudios del Instituto Belisario Domínguez, apuntó la senadora, pese a trabajar más de 8 horas diarias, los jornaleros tienen ingresos muy magros.
En materia de salarios, 18% de jornaleros gana un salario mínimo, mientras entre los trabajadores no agropecuarios en promedio sólo 9% tiene ese ingreso. 67% gana dos salarios mínimos, mientras 41% lo hace entre los agropecuarios, explicó.
“Esto implicaría que por lo menos 187 mil jornaleros ganan menos de lo suficiente para estar por encima de la línea de bienestar, es decir, de lo que vale una canasta básica; más grave es que algunos de los jornaleros sólo trabajan temporalmente, por lo que fuera de temporada agrícola pueden estar con menores ingresos o sin ingresos”, añadió.
Alejandra Roldán destacó que hay una distancia muy grande entre los derechos que tienen los trabajadores agrícolas, especialmente los jornaleros, y su cumplimiento, lo que hace patente la falta de capacidad de las autoridades pertinentes para garantizar el cumplimiento de los derechos, especialmente de dos tipos: los derechos asociados a la educación y los derechos asociados al trabajo.
En ese sentido, extendió el exhorto para que la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos se aboquen a generar una estrategia integral para la atención del bajo nivel de instrucción y el rezago educativo de la población jornalera agrícola.
Roldán Benítez apuntó que en lo correspondiente a los derechos asociados a la educación, el Senado ya tramita una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Migración para adicionar la obligación de la SEP de generar una estrategia integral de atención a los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.
Reconoció que en lo que corresponde a los derechos asociados al trabajo, hay algunos avances como el incremento en el número de inspecciones del Gobierno federal en los centros de trabajo a partir de la puesta en marcha de operativo México con Trabajo Digno.
“Sin embargo, en materia de inspección, hace falta todavía compromiso del Gobierno federal, como es evidente en que no se ha firmado el Convenio 129 de la Organización Internacional del Trabajo, concerniente a inspección laboral, por presunta incompatibilidad con nuestra legislación”, concluyó.
El punto de acuerdo fue turnado a las Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y posterior dictamen.
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