Ampliar plazos a Magistrados no es inconstitucional: Miguel Barbosa


Entrevista realizada al senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del PRD, y los senadores Zoé Robledo y Armando Ríos Piter previo al inicio de la sesión ordinaria.

 

Pregunta, (P):… sobre esto de que los representantes de los partidos cobran con cargo a la nómina del INE en lugar de que los partidos políticos paguen esos gastos.

 

Miguel Barbosa Huerta, (MBH): Siempre ha sido así, son partidas que le dan a cada representación de los partidos y tienen un tope. Yo sé que siempre ha sido así.

 

Conozco los casos, cada partido tiene una cierta plantilla de asesores, de operadores que la paga el INE.

 

P: ¿Y por qué la paga el INE y no los partidos?

 

MBH: Porque es parte de un trabajo que se hace dentro del INE.

 

P: ¿Entonces tú estás de acuerdo?

 

MBH: Yo estoy de acuerdo, porque así ha funcionado.

 

P: También te quería preguntar sobre esta información que se da a conocer en el sentido de quien es hoy el presidente del Tribunal de Justicia de Jalisco fue acusado…

 

MBH: Que lo corran. Se están tardando, que el Congreso local de Jalisco, de verdad, haga algo para su destitución.

 

Ya son muchas cosas las que está haciendo y de verdad no puede ser que la justicia en Jalisco esté encabezada por alguien que tiene estos antecedentes.

 

Yo di esa opinión, desde la primera vez que salió una nota y ratifico hoy con más vehemencia que así sea.

 

Y lo del INE así siempre ha sido. Hay una representación que tiene asignada una equis remuneración, hay como tres o cuatro asesores, dos tres secretarias que son parte del gasto del INE.

 

No sé si sea bien o sea mal, pero así ha ocurrido.

 

P: Si sirven a los partidos, ¿por qué los tiene que pagar el INE?

 

MBH: Puede ser que tengas razón, pero así siempre ha funcionado.

 

P: ¿Pero no debería cambiarse?

 

MBH: Debería revisarse.

 

P: De lo del CNTE, ¿ustedes ya presentaron también esta propuesta al titular de Educación Pública?

 

MBH: No, no, no. Ëse es un documento trabajado junto con la CNTE para que la CNTE le dé el valor de iniciativa ciudadana y si se lo da, ahí caminará si no, no.

 

No la presentaremos, porque entonces la mataríamos. Si se partidiza, se mata.

 

Entonces, el partido la elaboró, la pone a consideración de la CNTE, la CNTE la evaluará la tomará o no; y si la toma, la idea es que hagan los trabajos de recolección de firmas para que sea iniciativa ciudadana.

 

Y no la presentaremos –te lo digo- porque si no, la matas.

 

P: Senador, ha habido diversos cuestionamientos sobre la iniciativa de los Magistrados, ¿de todas maneras ustedes se mantienen a pesar de los cuestionamientos?

 

MBH: Claro que sí. La sociedad se toma en cuenta pero tenemos análisis de que no es inconstitucional, si ni se está haciendo para beneficiar a alguien en especial, no es un asunto que tenga que ver con beneficios.

 

A nosotros se nos hace que una integración de una Sala Superior, unos de tres y otros de nueve años, le da una posición de estabilidad muy diferente a los integrantes de la sala.

 

Y si es inconstitucional, la Cámara de Diputados, la Cámara también hace una revisión de la constitucionalidad, va al Ejecutivo y antes de promulgarla también hace una revisión de la constitucionalidad, y si en ambos, si en esas dos etapas siguientes pasa, se promulga y se pone vigente, todavía habrá acciones de inconstitucionalidad que lo puedan revisar y resolver.

 

P: ¿Pero ustedes no lo hacen como parte de…?

 

MBH: No, por favor, que no.  Para nosotros siempre fue preocupante que haya una circunstancia de tres contra nueve años. Es diferente.

 

P: ¿Pero entonces por qué hacerlo así rapidísimo y de última hora?

 

MBH: Para que entre en vigor –no de última hora- para que entre en vigor pronto. Puede ser después, no creas que, si no es antes del 4 de noviembre, ya no puede ser, puede ser, pero queremos darle certeza a todo.

 

Todavía hay muchos filtros para revisar la constitucionalidad, el de diputados y el del Presidente de la República y después las acciones de constitucionalidad.

 

Zoé Robledo A. (ZRA): Además de que se debe considerar que los Magistrados actualmente de dos años tienen una inhabilitación posterior a su cargo de tres años.

 

Vaya, es un tema que además vulnera muchas veces su autonomía al tener un periodo de tiempo tan corto, es mejor tener funcionarios –en estos temas de autonomía- de mayor duración que de menor duración.  Esto está bastante probado.

 

MBH: Tú opinión.

 

Armando Ríos Piter (ARP): ¿Sobre qué tema?

 

P: De ampliar el plazo a los Magistrados. 

 

ARP: Bueno, a nosotros nos parece que la mayor certidumbre en términos de plazo puede llevar a que las decisiones se tomen con mayor calidad, por eso lo vamos a apoyar.

 

MBH: Ahí están tres filtros todavía, dos filtros siguientes.

 

P: Sobre la cuestión de que de que el Fiscal de Jalisco, qué opinión nos puede dar.

 

ARP: Bueno, pues sobre el tema que se sabe de que tiene actividad criminal, previa, verdad.

 

Pues obviamente es un tema escandaloso. Esto debería significar que de parte del titular del Ejecutivo hubiera un cese inmediato en tanto se verifica la información, en tanto se lleva una investigación, debería haber un cese inmediato para garantizar que haya una investigación profunda y sobre todo poner al frente del tema a la ciudadanía y al interés de las personas.

 

P: Sobre todo que usted ha estado tanto con la cuestión de transparencia…

 

ARP: No puede tener la sombra de delitos, de haber cometido actos criminales, alguien que está encargado de combatirlos; entonces no se le puede dar el beneficio de la duda en este momento -me parece- porque lo que genera es incertidumbre en la población.

 

De tal manera que lo que debiera exigírsele al gobernador de Jalisco es un cese inmediato en tanto se revise la información, si la información es falsa o no, ya será otra cosa.

 

Me parece que no puede quedar en la incertidumbre o no puede quedar como un asunto menor.

 

P: (Inaudible).

 

ARP: A ver, hay una enorme preocupación respecto al nombramiento que se hizo ayer, de Raúl Cervantes; tenemos que empezar a poner las cosas muy claras.

 

Existe un importante número de organizaciones, de personalidades, de gente que ha venido planteando –y de hecho lo hizo hace una semana- la necesidad de transformar desde cero, la Procuraduría General de la República, por lo tanto, no podemos pensar que este nombramiento, nos permita simple y sencillamente hacer las cosas de manera inercial.

 

Es indispensable que haya una convocatoria lo antes posible –yo esperaría que fuera hoy mismo o mañana- por parte del nuevo procurador, para convocar a una amplia mesa de trabajo.

 

Y cuando digo una amplia mesa de trabajo, estoy hablando de una condición nacional, en la cual repensemos qué es lo que tiene que ser la Procuraduría General de la República.

 

¿Qué es lo que la gente lee del nombramiento? Pues que ya llegó alguien que va a venir a taparle la espalda a Enrique Peña Nieto; eso hay que decirlo con toda claridad.

 

¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar eso. Y no es el nombre de la persona, del hombre o la mujer que esté ahí, sino es cómo diseñamos la institución.

 

De tal manera que la gran convocatoria, hoy que se tiene que hacer es, a pensar cómo vamos a rediseñar la Procuraduría General de la República. No podemos pensar que solamente sea un cambio de membrete, o un cambio de persona que venga después a cambiar el membrete, sino tiene que ser un cambio de instituciones, que lo que permita es saber con toda claridad –independientemente de la persona que esté ahí al frente- que se va a castigar a aquellos que incurran o hayan incurrido en actividades delictivas.

 

No solamente la actividad que tiene que ver con corrupción, sino toda la actividad delictiva, que muchas veces ha sido la Procuraduría General de la República, históricamente, la institución que ha sido el brazo político –precisamente- o para tapar, o para perseguir; eso tiene que ser el México del pasado, y eso es lo que tiene que cambiar.

 

De tal manera que mi planteamiento específico respecto al nombramiento de ayer es, tiene que convocar –una amplia convocatoria- a toda la sociedad civil a que rediseñemos juntos, también junto con el Congreso, la Procuraduría General de la República, para convertirla en una verdadera fiscalía que tenga confianza, que sea cercana a la gente, y que deje de ser un brazo político en términos de la procuración de justicia.

 

P: Senador y hablando de independencia y de combate a la corrupción ¿Qué piensan de este caso del presidente del Tribunal de Justicia de Jalisco, que ahora se da a conocer que en su momento, de joven estuvo involucrado en un robo de vehículo y hasta un homicidio?

 

ARP: Bueno, me preguntaban hace rato eso; me preguntaron por procurador. Yo leí la nota, y por sí misma, debiera de significar un cese inmediato de este personaje.

 

No niego que pueda dársele el beneficio de la duda y que haya –como ocurre en algunas ocasiones- pueda haber desinformación, tergiversación de la misma, etcétera, pero en este momento no se puede quedar como un asunto más. Porque si es alguien que está encargado de administrar justicia, pues no lo puedes dejar con la mala percepción frente a la gente.

 

Entonces, que se haga una investigación, asumiendo -como tiene nuestro Sistema de justicia- que es inocente, pero me parece que la condición respecto a la sociedad, la percepción que se tiene que generar.

 

No puede administrar justicia alguien que tenga un halo de desconfianza, en términos de haber cometido actividades que deban de ser sancionadas, o que debieron ser sancionadas.

 

ZRA: Una opinión adicional. Yo sí creo que debe de haber un cese inmediato por una razón, hay que revisar la autonomía de los órganos de procuración de justicia en los estados.

 

Los órganos, los tribunales de justicia en los estados se han convertido en los despachos los gobernadores, no hay autonomía alguna, con algunas excepciones.

 

Pero revisen cómo cuando llega un nuevo gobernador, el Congreso determina cambiar a los magistrados de los tribunales de justicia, revisen cómo aparecen de manera recurrente acompañando al gobernador pareciendo que son su abogado más que el titular de un Poder constituido en los estados.

 

Hay una grave crisis de autonomía de los tribunales de justicia en los estados porque no son autónomos. Es muy simple, el gobernador en turno manda al Congreso, y el congreso del estado pone a quien él decida.

 

Y entonces no podemos tener garantías de una buena implementación del propio sistema penal acusatorio si estas personas que solamente responden a un amo son las que están a cargo de la justicia en los estados.

 

Es un tema muy grave y qué bueno que se le está dando seguimiento.

 

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