Ciudad de México, martes 28 de noviembre 2017
INTERVENCIÓN EN TRIBUNA
Propone PRD expedir la Ley General de Comunicación Gubernamental
Intervención en tribuna del senador Luis Sánchez Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Comunicación Gubernamental.
Luis Sánchez Jiménez (LSJ): Muchas gracias, presidente.
Compañeras y compañeros senadores
En la Reforma Constitucional del año 2007 en materia política, se reformó la Constitución en su artículo 134 en el párrafo octavo para tratar de reformar la comunicación gubernamental; diez años después, faltamos a ese compromiso, pero en el año 2014 hicimos una nueva reforma y nos dimos un nuevo plazo, que concluía el 30 de abril de aquel año, 2014, y también, se faltó a ese compromiso.
La iniciativa que el Partido de la Revolución Democrática, su fracción parlamentaria y algunas senadoras del PAN, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentamos hoy, es una respuesta a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena al Congreso de la Unión a reglamentar ese párrafo octavo del artículo 134 constitucional.
No es la primera vez que estas dos bancadas presentan una iniciativa en esta materia, y nuestro compromiso con la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos se ha materializado en propuestas legislativas que datan al menos del año 2012, sin embargo, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados se ha frenado cualquier intento de regular el uso de recursos públicos en materia de comunicación gubernamental, como más de media docena de iniciativas en la materia lo atestiguan.
Ahora, a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, al amparo promovido por la organización Campaña Global por la Libertad de Expresión, artículo 19, se obliga al poder legislativo a hacer su trabajo y obligación constitucional y a retomar el rumbo en la promulgación de una Ley General de Comunicación Gubernamental, una Ley General que obligue a los gobiernos federal, de los estados, y de los municipios.
Garantizar la libertad de expresión y de opinión de la pluralidad de las voces del país, así como la formación de un espacio desde el que se pueda juzgar libremente las acciones del gobierno, son un fundamento irremplazable para la supervivencia de cualquier régimen político.
En México, ponemos en riesgo la viabilidad del mismo si, de facto, los servidores públicos pueden disponer de los recursos de los ciudadanos y ciudadanas para la promoción de sus carreras políticas. El recurrente uso de dinero público para el pago de propaganda personalizada implica un doble golpe a las instituciones.
Primero, significan la inversión de recursos en áreas cuyo beneficio es nulo para el bienestar de la población; algo especialmente alarmante si paralelamente es acompañado de recortes en salud y educación, como la actual administración del Presidente de la República ha hecho.
Segundo, porque la disposición de una opaca bolsa de recursos para comunicación, deriva en el establecimiento de reglas informales entre los medios de comunicación, que aplican la autocensura para no perder los ingresos por publicidad pagada por el gobierno.
De esta manera, se lastima la libertad de expresión, así como la posibilidad de disponer de un catálogo variado de fuentes de información, necesario para la toma de decisiones en la esfera pública, pero también se lastima el derecho a la información objetiva a que tiene derecho la ciudadanía.
En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se basa en estándares interamericanos y en experiencias comparadas para dar, entre otras, las siguientes conclusiones:
- Los Estados deben adoptar leyes especiales, claras y precisas para regular la pauta de comunicación, en cada uno de los niveles de gobierno.
- Los avisos oficiales deben incluir información de interés público y no deben utilizarse con fines electorales o partidarios.
- La publicidad estatal nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios.
- Los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, que deberían evaluar distintos factores, tales como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la circulación o audiencia del medio respectivo.
- Es necesaria una adecuada planificación de la pauta, que permita el control público.
- Los Estados deben publicar periódicamente toda la información relevante sobre la pauta oficial y garantizar ante cada requerimiento por parte del público en general, el fácil acceso a la información.
- Se deben establecer mecanismos de control externo por un órgano autónomo que permitan un monitoreo exhaustivo de la asignación de publicidad oficial.
- Los Estados deberían establecer políticas y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de medios a través de mecanismos de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros, diferenciados de los gastos de publicidad oficial.
Estos son criterios que la iniciativa que hoy presentamos algunas y algunos senadores del PAN y de la fracción parlamentaria del PRD, se propone atender plenamente.
La urgencia de regular el gasto en comunicación gubernamental en todos los niveles resulta de que, en los cuatro primeros años de la administración de Peña Nieto, se han erogado más de 36 mil 261 millones de pesos en materia de publicidad oficial. Además, anualmente hay sobre ejercicios en la materia que, entre 2013 y 2016, alcanzaron a ser del 71.86 por ciento más de lo aprobado por la Cámara de Diputados.
El monto sobre ejercido equivale a más de 15 mil millones de pesos adicionales en un periodo donde han existido recortes al presupuesto en sectores como salud, desarrollo social y medio ambiente.
Esto sucedió pese a que, para los ejercicios fiscales de 2013, 2014, 2015 y 2016, se había estipulado que no podrían realizarse ampliaciones o traspasos de recursos de otros conceptos de gasto.
Esta situación se recrea en las entidades y municipios de la federación, inhibiendo el fortalecimiento de los pesos y contrapesos propios de una democracia.
A raíz de esto, presentamos una Ley General de Comunicación Gubernamental, cuyos objetivos son:
- Establecer los principios y procedimientos relativos a uso de cualquier forma de comunicación gubernamental;
- Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos en materia de comunicación gubernamental;
- Establecer los criterios que rigen los contenidos de la comunicación gubernamental;
- Establecer los criterios generales para la programación, ejercicio y evaluación de los recursos públicos destinados al gasto en comunicación gubernamental, de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno;
- Establecer mecanismos de transparencia para el ejercicio de los recursos públicos presupuestales dirigidos al rubro de comunicación gubernamental, así como todo uso de recursos públicos que tengan como objeto producir cualquier forma de comunicación gubernamental por parte de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno;
- Establecer criterios para el uso de los tiempos de Estado y los tiempos fiscales en radio y televisión entre los entes públicos que determina esta Ley; y
- Establecer un régimen de sanciones aplicables por el incumplimiento de las disposiciones legales en la materia.
Tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en un fallo histórico, se urgiera al legislativo estipulando, además de los plazos ya caducados, uno más para que el Legislativo cumpla con su obligación de legislar, de hacer la Ley en esta materia para establecer el marco de actuación de los gobiernos y entes públicos en materia de comunicación.
Compañeras y compañeros, por lo expuesto, presentamos la Ley General de Comunicación Gubernamental, que ponemos a su consideración.
Muchas gracias, Presidenta, hago entrega de firmas de legisladores de senadoras y senadores de Partido Acción Nacional que acompañan también esta iniciativa. Muchas gracias por su apoyo.
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