Boletín de Prensa
Ciudad de México, a 06 denoviembre de 2017
Crisis institucional dio paso a la crisis de violencia y violaciones a los derechos humanos: Angélica de la Peña
La senadora Angélica de la Peña señaló que la violencia de la delincuencia organizada y las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades de todos los niveles, en un contexto de impunidad y complicidad, creció hasta convertirse en una crisis que hoy coloca en entredicho la viabilidad del estado de derecho.
Durante el foro “La respuesta estatal al fenómeno de las Desapariciones, el caso Coahuila”, la senadora del PRD apuntó que esta terrible realidad donde abundan los casos de desaparición forzada, desapariciones cometidas por particulares, ejecuciones extra judiciales, tortura y detenciones arbitrarias, ha trastornado la vida cotidiana de las y los mexicanos.
“Recuerdo que hasta hace algunos años todavía hablábamos que había situaciones terribles en algunos estados del país, casi los contábamos con los dedos de la mano; posteriormente, tuvimos que agregar la otra mano, y hoy francamente estamos ante una situación donde tenemos que decir cuáles son los pocos estados en donde todavía no estamos viviendo una situación de crisis”, añadió la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Señaló que aun existe reticencia por parte de los tres órdenes de gobierno para reconocer la gravedad de la situación, por lo que en el Senado de la República legisladoras y legisladores han asumido el compromiso de trabajar en distintas normas jurídicas necesarias para atender cada uno de los delitos que implican violaciones graves a los derechos humanos.
“Uno de los estados que mayor preocupación ha tenido es, en este grupo de estados a los que yo me refiero que contábamos al principio con los dedos de una mano, es precisamente el estado de Coahuila”, puntualizó.
De nueva cuenta, mencionó la legisladora del PRD, se hace evidente la urgencia de contar con cuerpos policiacos profesionales con controles internos y externos, así como de una Fiscalía General autónoma e independiente, “basta de que tenga que ser la justicia de Estados Unidos la que juzgue y sancione a estos criminales; tenemos que resolver esta crisis institucional en la procuración de justicia y en seguridad”, concluyó.
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