Intervención en tribuna de la senadora Dolores Padierna Luna, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, para fijar posición en al apartado de la agenda política sobre el tema agresiones a periodistas.
Dolores Padierna Luna (DPL): Con su venia, Presidenta.
“A los periodistas mexicanos valientes y dignos, exiliados, escondidos, desaparecidos, asesinados, golpeados, atemorizados y pariendo historias, a pesar de la censura y los cañones oscuros”, palabras de Javier Valdez.
El día de hoy, el Partido de la Revolución Democrática queremos hacernos eco de la exigencia que hace unos momentos el gremio periodístico hizo ante el Presidente de la República.
Exigieron con un grito de justicia, justicia y ya no más discursos. Me parece que el Congreso tiene que ir más allá del pronunciamiento leído por el presidente Escudero.
La tarde del 15 de mayo, el escritor y periodista Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada y fundador del semanario Ríodoce, fue asesinado a plena luz del día en las calles de Culiacán, Sinaloa.
A Javier Valdez le dispararon en múltiples ocasiones a sólo unos pasos de Ríodoce, su lugar de trabajo. Minutos antes había enviado una nota –que fue la última– al diario La Jornada, había participado en el programa radiofónico de su colega Fernanda Tapia.
El periodista sinaloense tenía una amplia trayectoria, era autor de varios libros y recibió, en 2011, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, un reconocimiento del Comité para la Protección de Periodistas.
En ese mismo año, Riodoce, el semanario del que fue fundador, recibió el prestigioso premio María MoorsCabot, que otorga la Universidad de Columbia.
Las agresiones en contra del grupo de periodistas de Ríodoce no eran nuevas.
Apenas en febrero pasado, los directivos del semanario denunciaron que toda la edición impresa había sido comprada por un grupo armado.
En noviembre de 2011, mientras estos valientes periodista eran premiados en el extranjeros, su publicación electrónica era inhabilitada durante varios días por un ataque cibernético.
Dos años antes, desconocidos arrojaron una granada en las instalaciones del semanario y las autoridades no hicieron nada.
Ser periodista en México parece ser más una sentencia de muerte que una profesión, así afirmó la directora nacional de Amnistía Internacional al condenar el artero homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido que la libertad de expresión es una piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de opinión pública, es necesario por ende afirmar que una sociedad que nos está bien informada no es plenamente libre.
Cuando se amenaza o se agrede a un periodista o una comunicadora, o cuando se ataca a un medio de comunicación, se está atentando contra toda la sociedad en su conjunto; pues se limita el derecho de los comunicadores a informar, pero, sobre todo, el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Por ello, las agresiones contra los profesionales del periodismo adquieren una relevancia que trasciende a la persona misma y merecen una atención dirigente por parte de las autoridades, pues de lo contrario el mensaje que se manda es el de la permisividad, la tolerancia, la impunidad, e incluso la complicidad.
El 2 de marzo de este año asesinaron a Cecilio Pineda, en el estado de Guerrero; el 19 del mismo asesinaron a Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz; el 23 del mismo mes acribillaron a Miroslava Breach, en Chihuahua; el 14 de abril asesinaron a Maximino Rodríguez, en Baja California Sur; el 2 de mayo privaron de la vida a Filiberto Álvarez, en Morelos.
El fin de semana un grupo de sujetos armados en Guerrero asaltó, amenazó y golpeó a los periodistas Sergio Ocampo, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Yair Cabrera, Jorge Martínez, Hans Muselik y Pablo Pérez.
Y el día de ayer fue asesinado en Sinaloa el periodista y escritor Javier Valdez; mientras en Jalisco atacaban a Sonia Córdova, subdirectora de un medio local quien sobrevivió al ataque, pero a quien le arrebataron la vida de su hijo.
Todas estas agresiones permanecen en la impunidad, todas estas agresiones pudieron evitarse, la vida de todas y todos estos comunicadores pudieron preservarse si la autoridad responsable hubiese cumplido con sus obligaciones para investigar el contexto de violencia e inseguridad en el que ejercen su labor las y los comunicadores.
Si la autoridad hubiese investigado las amenazas y actos de intimidación previos que fueron evidenciados por algunas de las víctimas, y sobre todo si se hubiesen realizado las investigaciones con diligencia efectiva para sancionar a los agresores y detener esta ola de violencia que cada día cobra más víctimas.
De acuerdo al Índice Global de Impunidad en México 2016, del total de delitos consumados solamente existe un 4.4 por ciento de sentencias condenatorias; lo cual nos arroja una impunidad cercana al 95.5 por ciento de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.
La cifra anterior sobre delitos consumados con perspectiva de cifra negra; es decir los delitos que nos fueron denunciados, arrojaría una impunidad simple y llana de 99 por ciento a nivel nacional.
Esa impunidad es la que ha permitido e incluso alentado a que las agresiones contras las y los periodistas se sigan cometiendo, continúen en aumento esa impunidad que engloba las agresiones a las y los periodistas es responsabilidad directa de las autoridades ministeriales.
Por lo que su negligencia y su falta de investigación las ha convertido en cómplices. Son cómplices del delito no sólo aquellas personas que participan directamente en la comisión de los mismos, sino también aquellos que lo facilitan, que lo permiten o que pudiendo hacer algo para evitarlo no lo hacen.
Por eso señalamos que las autoridades ministeriales a nivel nacional son responsables de esta ola de agresiones a periodistas y a medios de comunicación.
En el informe más reciente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, se explicó a la Cámara de Diputados que desde 2010 a la fecha se han integrado 368 expedientes por agresiones a periodistas.
De este universo se han logrado sentencias condenatorias sólo en tres casos, es decir, solamente el 99.7 por ciento de los casos que se investigan en esta fiscalía, todos estos 99.7 por ciento han quedado en total impunidad.
La impunidad mata periodistas, mata la voz y las letras de quienes nos informan; la impunidad mata el derecho a estar informados y mata poco a poco la construcción de una sociedad democrática.
Claro que estamos de acuerdo en los tres párrafos que leyó el senador Escudero, pero necesitamos complementarlo con un párrafo que queremos proponerles como PRD.
Porque el Congreso de la Unión no puede abstenerse de sus facultades, es facultad del Congreso llamar a cuenta a los principales responsables y con ello ayudar a erradicar la impunidad, única causa de estas muertes.
Hoy el Procurador General de la República tiene que informar a esta soberanía el pobre desempeño de la Fiscalía para la Libertad de Expresión; el ejercicio de los recursos presupuestales; el paquete de medidas de seguridad y protección que se han implementado para evitar más muertes de comunicadores y comunicadoras.
Pero sobre todo que venga a explicarnos por qué la PGR no hace nada contra quienes, desde el anonimato, amenazan, intimida, desaparecen y asesinan a periodistas a lo largo y ancho del país.
Que informa también sobe las investigaciones, amenazas y atentados que han sufrido los periodistas en diversos estados del país y cuyas investigaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
Así también debe de informar a esta soberanía sobre el deficiente desempeño de esa instancia especializada, ya que solamente el 99.7 por ciento de los casos se han mantenido en la impunidad.
Y se requiere la comparecencia del Secretario de Gobernación, cabeza de la Secretaría de garantizar la seguridad, la gobernabilidad del país que se encuentra sumido el día de hoy en una grave crisis de inseguridad, de violencia y en algunos estados ya se raya en la ingobernabilidad.
Lo que hoy anunció el Presidente de México no es ninguna novedad, simplemente ordena la coordinación de las instancias que ya existen, promete mayores recursos, mayor personal a la fiscalía para la libertad de expresión y para el mecanismo de protección a periodistas y activistas, per no hace un balance de las fallas, de las omisiones, de los graves problemas prácticos de ambas instancias.
Se pretende, en concreto, evadir la demanda central que ha surgido del gremio de los periodistas, que exista una especie de grupo independiente, un GIEI, y hacer una autocrítica como gobierno sobre la gestión de los responsables de procurar justicia y seguridad en el Estado mexicano.
Es cuanto.
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