La senadora Dolores Padierna Luna propuso la creación de un Tribunal Constitucional que se especialice en el conocimiento de los asuntos estrictamente relacionados con la interpretación de los alcances de la Constitución.
Lo anterior con el fin de fortalecer al Sistema de Impartición de Justicia en México para garantizar su funcionamiento con imparcialidad, objetividad, eficacia, transparencia, pero también con una perspectiva de derechos humanos, visión de género y multiculturalidad.
Al fundamentar una iniciativa por la que se reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la coordinador del GPPRD en el Senado aclaró que aclaró que dicho Tribunal no sería la última instancia en materia constitucional, pero sí una instancia suprema.
Lo que permitirá que en materia de amparo, el Poder Judicial de la Federación mantenga sus atribuciones en términos muy semejantes a los que rigen en la actualidad.
“La Suprema Corte de Justicia conserva su posición como cabeza del Poder Judicial Federal y puede conocer amparos en revisión. Lo mismo ocurre con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”
En tribuna, Padierna Luna resaltó que la novedad se presenta con la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda atraer para su conocimiento los amparos en revisión y los recursos en materia electoral que estime relevantes para su resolución.
“En el caso de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, se establece que el Tribunal Constitucional tendrá jurisdicción exclusiva para conocer de las mismas”, detalló.
Aseguró que la distribución de funciones planteadas por el esquema propuesto permite garantizar la regularidad del funcionamiento de las instancias jurisdiccionales existentes.
Al mismo tiempo que generará las condiciones necesarias para asegurar el funcionamiento de una jurisdicción constitucional límite a cargo de un órgano jurisdiccional especializado.
“En México no contamos con un tribunal constitucional propiamente dicho. El modelo mexicano se sustenta en la existencia de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que cumple con dos funciones: ser la cabeza del Poder Judicial Federal y realizar las labores que corresponden a un tribunal constitucional”, mencionó.
La senadora Padierna Luna precisó que en el documento se establece que el Tribunal se integre por cinco jueces que serán designados por el Senado de la República a propuesta del Ejecutivo Federal.
“La remuneración de los jueces constitucionales no podrá ser disminuida durante el periodo de su encargo. Los jueces no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia”, concluyó.
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