Intervención en tribuna de la senador Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, en el marco del debate del punto de acuerdo por el que se solicita la opinión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en relación con las iniciativas en materia de seguridad interior.
Dolores Padierna Luna (DPL): Con su venia, presidente.
El discurso reiterado en los últimos meses en torno a la necesidad de un marco normativo que amplíe las facultades del Ejército en las labores de seguridad pública, se viene realizando ya de manera cotidiana desde hace varios años.
Nosotros sostenemos que es un falso debate, ya que a la luz de los hechos y la realidad, esas posiciones son insostenibles. Los hechos, las estadísticas y el marco normativo internacional al que estamos sujetos como Estado mexicano demuestran que la estrategia militarista no dio resultados.
Las iniciativas que están en la Cámara de Diputados, próximas a llegar al Senado, no muestran datos ciertos, ni verificables, sobre el nivel de infiltración de los grupos delictivos en la policías de todos los municipios del país ni de todas las entidades federativas.
Lo muestran en sus exposiciones de motivos sólo de manera genérica y abstracta, pero nosotros tenemos estudios concretos.
El CIDE publicó un estudio sobre la operación de las fuerzas armadas en operativos de combate a la delincuencia y sobre su letalidad de sus actuaciones basado en información oficial de una muestra de 3 mil 327 combates registrados el sexenio pasado-
Y estableció que 4 de cada 10 operativos o combates fueron eventos de letalidad perfecta; es decir, sólo se registraron muertos y ningún herido.
Los denominados eventos de letalidad perfecta incrementaron año con año, en 2007 hubo 15 eventos, en 2011 se registraron 451 eventos de letalidad perfecta.
Además de que en dichos eventos se dio el 86 por ciento de las 3 mil 413 muertes de presuntos delincuentes registradas en combate.
Estas cifras demuestran que lo que hubo fue una actuación sistemática de las fuerzas armadas para exterminar a los delincuentes, no para realizar labores de seguridad o prevención o para reducir los índices delictivos.
El estudio fue elaborado con una muestra de información oficial que de manera anónima fue entregada al CIDE y así lo muestra el estudio, que son operaciones realizadas por las fuerzas armadas del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.
Los índices de letalidad son muy superiores a los que se registran en guerras, por ejemplo, donde generalmente hay más heridos que muerto, pero en el caso mexicano, en el periodo analizado, se tuvo un comportamiento al revés.
El Ejército es paradigma de conflicto armado y su uso debe de ser una excepción en un Estado democrático, no debe ser la norma.
Debe de ser de excepción porque está demostrado que el uso sistemático del Ejército en tareas de seguridad pública sólo aumenta la criminalidad.
Desde la visión o desde la formación de los militares, la idea es comenzar con la fuerza para eliminar al enemigo; mientras que en un paradigma de derechos humanos y el de la aplicación de la ley por parte de los cuerpos policíacos, se va graduando la fuerza conforme sea necesaria y, obviamente, la fuerza es el último recurso.
Eso también lo dijo el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales. Por su parte el relator especial sobre la situación e personas defensoras de derechos humanos de la ONU también afirmó que sería peligroso que con la ley de seguridad nacional se faculte al Ejército a permanecer a las calles.
El Ejército debe quedarse en los cuarteles, puede intervenir en los casos de estado de emergencia, pero darle al Ejército la responsabilidad de mantener el orden público, es decir el roll de policía, me parece extremadamente peligroso.
Por ello insisto en que la Ley de Seguridad Interior que está a discusión se basa en un falso debate, ni el Ejército ha ayudado a resolver el fenómeno delictivo de la delincuencia organizada -y tengo las cifras para demostrarlo, pero ya me presionan en tiempo- pero el Ejército tampoco ha bajado los índices delictivos, por una parte, pero tampoco nosotros como legisladoras o legisladores, podemos contravenir o legislar contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos, los estándares internacionales, el marco normativo firmado por México a nivel internacional, no está a debate.
Y de aprobarse sería una ley impugnada, pero además una ley violatoria de los derechos humanos que contravendría el primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Gracias.
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