El día de mañana, 18 de marzo, es el LXXIX aniversario de la Expropiación Petrolera que llevó a cabo el presidente Lázaro Cárdenas del Río, en beneficio de todos los mexicanos de esa época y generaciones posteriores. Ese legado se truncó con la reforma energética de 2013-2014 al ceder el control del petróleo a los intereses privados nacionales y extranjeros.
Con esa reforma constitucional, de las llamadas estructurales, se renunció expresamente al carácter estratégico que significaba el control del petróleo y de los hidrocarburos en manos del Estado; lo que representa una merma en la soberanía nacional y un riesgo real en la seguridad energética del país.
Se vendió la idea de que Pemex se fortalecería con la apertura del sector y la libre competencia, sin embargo, a la principal empresa productiva del Estado se le exigen pagos de impuestos y derechos demasiado altos, incluso en estándares internacionales, por lo que tiene un creciente endeudamiento que implica un costo financiero elevado. Además, se le niega, retiene o disminuye la posibilidad de resarcir las inversiones hechas con anterioridad en investigación, exploración y mantenimiento de infraestructura que Pemex invirtió con anticipación y ahora se benefician de ellas las empresas privadas.
México enfrenta un contexto adverso con la caída de la producción petrolera y de la exportación de petróleo crudo, aunado a un cambio en la situación de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, que dejaron de ser importadores de petróleo y gas, obligando a nuestro país a diversificar los mercados de colocación de las exportaciones mexicanas, algo que se debió hacer con anticipación y no, como ahora, por necesidad.
El gobierno de Peña Nieto repitió una y otra vez que no privatizaría Pemex. No fue necesario. El plan fue otro, desmantelarla, reducir sus áreas de inversión y desarrollo comercial, tratarla como empresa hegemónica para obligarla a ceder grandes porciones de mercado, como el del gas natural, donde la Comisión Reguladora de Energía ordenó que se desprendiera del 70 por ciento de los contratos de este mercado en un plazo de cuatro años.
En otras áreas, como en la refinación y producción de gasolinas, las seis refinerías de Pemex operan deliberadamente a menor capacidad, se les suministra menos petróleo del que realmente pueden procesar y se cancela el único proyecto de una nueva refinería en 30 años.
Como muestra del efecto que el discurso gubernamental tiene respecto a relegar la imagen de Pemex, la cadena mexicana de gasolineras Fullgas analiza sus estudios de mercado y el perfil de las gasolineras con que cuenta ese grupo empresarial para determinar cuáles califican para llevar la marca Chevron-Texaco y cuáles se quedan en otro nivel con la marca Pemex.
A pesar de todo, Pemex sigue siendo la empresa más grande del país y una de las 100 más grandes del mundo. Su importancia para las finanzas gubernamentales es de primer orden, no obstante la reducción de ingresos por la exportación de petróleo crudo. Durante muchos años, la petrolera mexicana fue factor clave para dinamizar la economía de diversas regiones del país, generando miles de empleos directos e indirectos. Esos empleos se están perdiendo por miles.
Desde el PRD, beneficiar la entrada de capital privado no supone necesariamente el fortalecimiento del sector energético ni la seguridad energética del país, parece más bien que lo que se busca es garantizar la seguridad energética al servicio del mercado, condenarnos a la dependencia externa en productos como la gasolina y el gas, ser aún más vulnerables al aumentar el grado de dependencia con los Estados Unidos y perder la soberanía energética.
En 2008, durante los debates de la reforma energética, el economista y diplomático Jorge Eduardo Navarrete López definió a la seguridad energética como la capacidad de un país de satisfacer la demanda nacional de energía con suficiencia, oportunidad, sustentabilidad y precios adecuados en un periodo de tiempo amplio. Hoy, en México, eso está en riesgo.
Senador de la República (PRD)
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