Para la senadora Angélica de la Peña resulta paradógico que a unas horas de que en todo el mundo se realicen ceremonias y se pronuncien discursos con motivo del Día Internacional de la Mujer, en México sean precisamente las mujeres las que sufran todos los tipos de discriminación y violencia, y para muestra un caso verdademente trágico ocurrido en Chiapas donde una joven indígena con síndrome de down ha sido víctima de de múltiples violaciones a sus derechos humanos.
“Hoy sabemos de este terrible caso gracias a la investigación que se ha dirigido desde el “Laboratorio de Derechos Humanos, Cultura de la Legalidad y la Paz” de la Universidad Nacional Autónoma de México, el caso de Ana es un paradigma de gran impunidad, de múltiple violación a los derechos humanos, es un caso clarísimo de una discriminación múltiple como se conoce desde el punto vista de la discriminación”, expresó.
La legisladora dijo que a esta joven –llamada Ana para proteger su privacidad- la procuración de justicia le negó acceder a la misma porque, luego de ser víctima de violación, identificar al agresor como un familiar cercano y denunciarlo, nunca lo detuvo y el delito prescribió.
Además, durante las diligencias en la Procuraduría de Justicia Estatal -como todas las víctimas de abuso sexual- fue sometida a esas prácticas o deben llamarse torturas ginecológicas y exámenes psicológicos para comprobar que fue violentada.
Del 7 de enero del 2003 y al 26 de junio del 2015 –período de vigencia del delito de violación en Chiapas- el agresor de Ana gozó de impunidad, tanta que regresó a la comunidad para violarla y embarazarlar nuevamente. La madre y el padre de Ana ya no quisieron presentar denuncia penal.
Los servicios médicos estatales de Chiapas, explicó la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se negaron a interrumpir el primer embrazo de Ana a pesar de que cumplía con las 3 causales: madre -con discapacidad- cuya vida estaba en peligro-; embarazo resultado de violación y que el producto podía tener una alteración genética. Un aborto espontáneo puso en peligro la vida
“Las autoridades judiciales y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos efectivamente, aunque actuaron por oficio y tomaron el caso, siempre se ha visto que hay una nula atención por parte de la Procuraduría Estatal y la situación ahora es muy grave.Los expedientes ya se cerraron en la Procuraduría y la queja que está en la Comisión tiene alrededor de 350 hojas en contraste con los informes médicos que solamente se reducen a tres documentos, simplemente se ha quedado ahí el asunto como algo que no opera, algo que nadie hace caso, algo, y debemos decirlo con mucha preocupación, que no le importa a nadie”, sancionó de la Peña Gómez.
Hoy Ana tiene 33 años de edad, su hija tiene 10, ambas con síndrome de down; el padre y la madre de Ana viven preocupados por el destino de ellas. Esta familia sobrevive en extrema pobreza, de la agricultura de autocosumo y la recolección de frutos, raíces y plantas. No han sido incluídos en ningún programa de apoyo alimentario, de desarrollo social, de salud o educación. Ni Ana ni su hija tienen acta de nacimiento, se les ha negado incluso el derecho a la identidad.
Finalmente, la senadora Angélica de la Peña anunció que se presentará un punto de acuerdo en la próxima sesión a fin de solicitar a todas las autoridades, incluso federales, a fin de que reconozcan a Ana y a su familia como víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos y se les brinde la atención correspondiente hasta la reparación integral del daño, “no permitiremos que esta joven viva revictimizada, iremos y llamaremos la atención de quien sea necesario hasta obtener una respuesta satisfactoria”, concluyó.
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