La senadora Angélica de la Peña propuso solicitar al Instituto Nacional de Migración, al gobierno del Estado de Baja California y a las autoridades competentes del Municipio de Tijuana, Baja California, a que de manera coordinada y desde su respectivo ámbito de competencias, den cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y continúen brindando la orientación y la atención que permita garantizar la integridad y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros que se encuentran varados en el municipio de Tijuana, Baja California.
En tribuna, recordó que la CNDH ha documentado que desde el pasado 17 de julio el incremento en el flujo migratorio en Tijuana y, en específico, el pasado lunes 12 de septiembre se advirtió la presencia de aproximadamente mil 100 personas, entre ellas 300 de origen mexicano.
La legisladora del PRD apuntó que ante las precarias condiciones en las que se encuentran cientos de migrantes, el pasado 17 de septiembre CNDH solicitó al Instituto Nacional de Migración INM, a autoridades del gobierno de Baja California y al presidente municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana, implementar medidas cautelares y además solicitó que proporcionaran a los migrantes que se encuentran en situación de calle, alojamiento temporal, priorizando en todo momento a niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad.
En respuesta a las medidas cautelares emitidas por la CNDH, el Ayuntamiento de Tijuana ha decidido no aceptar tales medidas y ha desestimado la realización de nuevas acciones para garantizar los derechos humanos de la población migrante que por diversas razones ha llegado a este municipio en los últimos meses, argumentando que «el gobierno municipal de Tijuana ya reforzó las acciones coordinadas con organismos civiles para garantizar su seguridad y protección durante su estancia».
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado resaltó que la situación de las personas migrantes se complica ya que son provenientes de Haití, Somalia, Ghana y Etiopía, y a la mayoría se les ha vencido la autorización del gobierno mexicano para estar en el país y ahora temen ser regresados a sus países, de los cuales huyeron por conflictos sociales y violencia, por lo que solicitaban, por la garita internacional de San Ysidro, protección internacional de Estados Unidos.
Por lo anterior, la senadora de la Peña Gómez también propuso que el Instituto Nacional de Migración, en caso de que la solicitud de asilo sea negada por el gobierno de los Estados Unidos de América, garantice que los migrantes extranjeros no sean devueltos a ningún país en donde su vida esté amenazada o se encontren en peligro de ser sometidos a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con los principios que rigen la política migratoria del Estado Mexicano.
“Estamos ante el riesgo de una crisis humanitaria en Tijuana y es responsabilidad de las autoridades mexicanas prevenirla; es hora de que el gobierno mexicano sea congruente y que el compromiso que asumió en las Naciones Unidas para que los flujos migratorios sean seguros, ordenados y respetuosos de los derechos humanos, lo concrete primero en nuestro territorio”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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