Con el objetivo de establecer la completa gratuidad en la educación que imparta el Estado, la senadora Verónica González Rodríguez propuso prohibir a las autoridades escolares y a las asociaciones de padres de familia solicitar cualquier tipo de donativo en especie o cuota económica voluntaria.
Mediante una iniciativa que reforman los artículos 6 y 65 de de la Ley General de Educación, la legisladora argumentó que la propuesta pretende construir el andamiaje legal que permita eliminar las cuotas, debido a que es un tema que lleva mucho tiempo en debate pero que aún en la actualidad sigue presentándose.
“Existe un tema que sigue siendo ambiguo y permite que se generen situaciones lamentables que vulneran la accesibilidad efectiva a este derecho básico, como lo son el cobro de cuotas o el condicionamiento del servicio”, afirmó la senadora González.
La representante por el estado de Tlaxcala recordó que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho a la educación para todas las personas, al menos la instrumentación elemental y fundamental debe ser gratuita.
Asimismo, agregó que México forma parte de varios pactos y convenciones internacionales en la materia, como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Convención por los Derechos del Niño y la Convención contra la Discriminación en Educación.
La perredista destacó que Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia ha denunciado reiteradamente que en diversas ocasiones el manejo de las cuotas voluntarias no es transparente, ni existe garantía de que los recursos obtenidos sean realmente usados para el fin que fueron solicitados.
“En muchas escuelas prácticamente pasan de ser voluntarias a exigirse con el argumento de que los montos son usados para el mantenimiento de los planteles”, señaló.
La tlaxcalteca ejemplificó que en 2015, un amparo fue concedido a una niña tabasqueña, donde un juez federal ordenó a una guardería del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) devolver las cuotas que la institución cobraba mensualmente, donde los directivos del centro escolar incluso amenazaron con suspender a la menor por el adeudo de 3 meses.
“Basta revisar los medios de comunicación para darse cuenta que desde hace años muchas escuelas han utilizado estas “cuotas voluntarias” para cooptar el derecho a la educación y frecuentemente sirven como medio de presión para solicitar dicha aportación”, aseguró.
La legisladora externó que el Estado debe atender la situación de una manera contundente, para garantizar que los más de 25 millones de alumnos que cursan la educación básica puedan gozar plenamente de sus derechos.
Finalmente, la senadora aseveró que la Ley debe señalar explícitamente la prohibición de estas cuotas, debido a que se pueden seguir dando situaciones en donde se pretende condicionar el servicio, o las autoridades abusen excusándose en una redacción poco explicita en la Ley.
“Debemos legislar en esta materia para hacer efectivo el texto de nuestra Constitución; el Estado debe asumir la ineludible obligación de garantizar el ejercicio, goce y disfrute del derecho a la educación de manera íntegra, buscando que sea accesible sin mayor requisito que la voluntad de educar y aprender”, concluyó.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictamen.
0-0-0
