- Gobiernos deben mejorar la vida de estas personas garantizando el acceso a servicios de buena calidad, asequibles, que reduzcan la desigualdad y mejoren la inclusión.
- Esta propuesta es una alternativa a la hospitalización convencional en pacientes seleccionados que favorece la permanencia de la persona en su medio.
Intervención en tribuna de la senadora Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Verónica González Rodríguez (VGR). Con su venia presidenta.
La presente Iniciativa tiene como objetivo establecer la asistencia médica a domicilio para personas con discapacidad, a fin de favorecer la autonomía, acortar tiempos de espera para su atención y mejorar las condiciones asociadas a una hospitalización.
El artículo 25 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad plasma y reconoce que este grupo de personas tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación alguna.
En este sentido, la comunidad internacional ha desarrollado una serie de estrategias e intervenciones a nivel de políticas para garantizar los derechos de este sector de la población; sin embargo, aún existen millones de personas en el mundo que no están recibiendo una atención médica adecuada, pese a que cuentan con más necesidades insatisfechas en la materia.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que este sector de la población enfrenta múltiples barreras cuando intentan acceder a los servicios de atención sanitaria; entre los que se encuentran los elevados costos de tratamientos, medicamentos y particularmente de transporte, situación que les impide acceder a los cuidados que necesitan.
Tan solo en los países de bajos ingresos el 53% de las personas con discapacidad no pueden costearse la asistencia sanitaria y en muchos casos más, ni siquiera obtener un diagnostico básico de su condición médica.
Adicional a este problema, las personas con discapacidad se enfrentan a limitaciones en los servicios, obstáculos físicos tanto en el entorno urbano como en los mismos hospitales o centros de salud e incluso, con personal con aptitudes y conocimientos inadecuados para atender sus necesidades.
Es importante señalar que las personas con discapacidad son muy vulnerables en materia de movilidad al estar expuestas a una gran cantidad de elementos que ponen en riesgo su integridad durante su traslado, al no contar con la infraestructura, medios de transporte o la señalización adecuada para establecer vías preferenciales.
También se debe considerar que dependiendo del grupo y las circunstancias, el tratamiento institucional de este tipo de pacientes pone en peligro su salud de una manera indirecta, ya que pueden ser más vulnerables a afecciones secundarias; tales como enfermedades relacionadas con la edad, que pueden significar más desventajas que beneficios para procurar su salud, facilitar el contagio de nuevas enfermedades o agravar las que ya presentan.
Algunos estudios indican que muchas personas con discapacidad adoptan comportamientos nocivos como el tabaquismo, una mala alimentación e inactividad física cuando no se da un acompañamiento oportuno ni se presta la atención sanitaria con frecuencia, lo que implica una drástica reducción en su esperanza y calidad de vida.
Por lo tanto, es necesario adoptar las políticas y los mecanismos que faciliten la accesibilidad de estas personas a los servicios y tratamientos adecuados sin aislarlos de su entorno ni afectar sus recursos económicos ni violentar su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad, tal y como lo establece la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde también es señalada la posibilidad de tener acceso a servicios de atención domiciliaria y asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y evitar su aislamiento de la comunidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 del INEGI, un 6.6 por ciento de la población en México presenta algún tipo de discapacidad, y de este grupo, al menos la mitad son adultos mayores, siendo la dificultad para caminar, el principal tipo de discapacidad presente, por ende, hablar de movilidad en este sector poblacional es elemental.
Dicha encuesta también una mayor presencia de hogares con personas con discapacidad en los déciles de ingreso más bajos, lo que supone un escenario muy complejo para costear los gastos de traslado hacia los centros de salud y al mismo tiempo, riesgoso si consideramos que además de la discapacidad, hablamos de adultos mayores.
Ante esta situación, es necesario desarrollar alternativas que ofrezcan apoyo para elevar la calidad de vida de las personas que pueden vivir en su hábitat natural, conservando los vínculos propios de la vida familiar e insertos en su comunidad.
En consideración con las recomendaciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud en la materia, nuestros gobiernos deben mejorar la vida de estas personas garantizando el acceso a servicios de buena calidad, asequibles, que reduzcan la desigualdad y mejoren la inclusión, promoviendo la rehabilitación en la comunidad, ofreciendo servicios focalizados y la coordinación asistencial.
Por ende, la asistencia domiciliaria, planteada en esta iniciativa, es una alternativa a la hospitalización convencional en pacientes seleccionados que favorece la permanencia de la persona en su medio, garantizando tanto el derecho a la salud como el de permanecer en su comunidad, coadyuvando a mejorar el estado anímico del paciente y reforzando los vínculos que se crean con las personas que interactúan entre sí, creando una sociedad más incluyente que colabore y genere conceptos positivos hacia aquellos que cuenten con alguna discapacidad.
En la actualidad en nuestro país permanece la tendencia a la hospitalización, sin embargo, distintos instrumentos y protocolos internacionales plantean el desafío de una política alejada de las instituciones ordinarias de salud, buscando reemplazar este último entorno por la familia y la comunidad.
Nuestro país debe sumar esfuerzos para reducir las brechas de desigualdad y articular políticas públicas para cumplir con los objetivos de inclusión conforme a los compromisos y protocolos internacionales en la materia.
Alcanzar las metas establecidas en la Agenda 2030 en materia de salud y desigualdad pueden suponen grandes retos, pero también afianzar la responsabilidad que tiene el Estado para garantizar el goce de derechos de toda su población por igual, sin lugar a la discriminación y en beneficio directo de millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad.
Es cuanto, señora presidenta.
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