Durante varios meses, una frase que se repite constantemente ha tomado forma de verdad inmutable: que es en el municipio donde se experimenta la mayor corrupción de las fuerzas de seguridad pública en el país. Tal afirmación conduce a un planteamiento central que se debate hoy en día: ¿se necesita o no tener un Mando Único policial en los estados?
Todos sabemos que el mayor cáncer que padece nuestra sociedad tiene nombre: corrupción. En materia de seguridad pública y justicia, la corrupción toma forma de impunidad. Es el crimen sin castigo, es la falta de aplicación de la ley y sus disposiciones, lo que permite que sólo siete de cada 100 delitos sean denunciados, y de aquellos que se someten a un proceso judicial sólo el uno por ciento recibe sentencia condenatoria.
La corrupción está presente en corporaciones policiales municipales, estatales y federales, también en autoridades de estas tres formas de gobierno; está presente, también, en fiscalías y procuradurías de los estados, y en el Poder Judicial donde se obtiene la libertad de delincuentes por omisiones o argucias legales.
Para el presidente Peña Nieto, la respuesta al grave problema de inseguridad en el país es imponer un esquema de Mando Único policial en las entidades federativas, lo que implicaría quitar esa labor a los municipios.
Contempla, también, la posibilidad de que el gobierno federal asuma la dirección de un municipio cuando haya indicios de que fue infiltrado por la delincuencia, es decir, desaparecerlo, extirpar el órgano invadido por el cáncer.
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), por su parte, impulsa una reforma constitucional que establezca el modelo de Policía Estatal Única en todas las entidades del país, lo que dejaría al municipio sólo con policías para vigilancia de las faltas administrativas.
La Conago, hay que precisar, es un foro permanente de diálogo que toma resoluciones de carácter propositivo no vinculante, que no puede arrogarse la representación de las entidades federativas, sino sólo un espacio de diálogo y concertación de los titulares de los poderes ejecutivos de dichas entidades. Tal es así que no fue la Conago quien remitió al Senado la iniciativa de ley que contiene sus propuestas, sino que fue el Ejecutivo federal facultado para tal acción.
Es mentira querer presentar al ámbito municipal como el espacio donde todo se corrompe y para ello debe entrar al rescate el nivel estatal y federal, como si se tratara de autoridades y mandos impolutos, limpios de corrupción y ejemplos de eficiencia.
En mi experiencia como presidente municipal en Nezahualcóyotl, se establecieron reglas claras de operación y de mando que se cumplieron. Se renovó desde abajo a los integrantes de la corporación policial y se sometieron a controles de confianza. Se metió a la cárcel alrededor de 60 policías y otros prefirieron mejor huir. Se redujo la jornada laboral; se incrementó el salario y las prestaciones; se dotó de armamento, patrullas y un helicóptero; se capacitó al personal permanentemente, entre otras acciones, lo que dio como resultado un modelo policial exitoso, que abatió en un 70 por ciento los delitos del fuero común.
La población pudo percibir una diferencia clara con respecto a la Policía Estatal del Estado de México, conocida por sus altos niveles de corrupción e impunidad. Hoy en día, ese mismo modelo policial continúa en Nezahualcóyotl con un índice delictivo del 64 por ciento. Es el único municipio con esos resultados en el país. Un auténtico ejemplo a seguir.
La propuesta del PRD en el Senado de la República impulsa que los municipios sigan teniendo tareas de seguridad pública con estándares mínimos de calidad, integridad y eficacia; que exista un órgano certificador nacional para todas las corporaciones y crear instancias de control civil sobre las policías. El debate está abierto.
Senador de la República (PRD)
Twitter @ SenLuisSanchez.
