VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA PARA FIJAR POSICIONAMIENTO SOBRE EL INICIO DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LXIII LEGISLATURA
Sen. Dolores Padierna Luna: Con su venia presidente.
Compañeras y compañeros senadores, ciudadanas y ciudadanos:
La apertura de este periodo de sesiones encuentra a México sumido en una grave crisis. Llegamos a este año 2016, con la mayor deuda pública en varias décadas, con el peso muy devaluado, sin la creación de empleos suficientes, con salarios de hambre para la clase trabajadora.
Llevamos ya tres décadas prácticamente sin crecimiento, con dependencia alimentaria y energética cada vez mayor.
Ante esta profunda crisis no se ha tenido la capacidad ni la visión para atender y entender que lo primordial en el ejercicio público es el servir y trabajar para la gente.
Pasamos ya de una economía estancada a una economía al borde del precipicio y aunque las autoridades afirman que son “vaivenes pasajeros” o “sobrerreacción de los mercados” vale la pena preguntarnos: ¿Donde están los empleos que crearía la reforma laboral, más allá de la cifras de las personas regularizadas en el Seguro Social? ¿Donde están los efectos positivos de una reforma fiscal y financiera que a la postre resultaron recesivas? ¿Donde están los millones de dólares en inversión real, no especulativa que llegarían con la reforma energética y de telecomunicaciones?
En este año vivimos los efectos del llamado “apagón analógico” en televisión sin que observemos ningún beneficio claro en materia de calidad de contenidos y de respeto a los derechos de las audiencias en materia de Radiodifusión. También en este año, viviremos el riesgoso “apagón energético” que afectará a los trabajadores de PEMEX y la CFE.
Por nuestra parte, en el Grupo Parlamentario no nos cruzaremos de brazos ante reformas que van en sentido regresivo, ante el desmantelamiento acelerado de Pemex, el regalo de nuestra renta petrolera, la apropiación de los recursos naturales, ni ante las concesiones disfrazadas de contratos que cedieron espacios de soberanía.
La Patria es de todos, no solo de un puñado de grandes intereses. La Nación, no es botín de nadie, es nuestro espacio de convivencia y hoy estamos ante el enorme desafío de enfrentar una crisis que está instalada entre nosotros. Si hubiera una verdadera voluntad de subsanarla, se decretaría el aumento sustancial a los salarios mínimos, se actuaría para fortalecer al mercado interno y la sustitución de importaciones; pero se trabaja en lo contrario, el bien estar, el buen vivir y el progreso de las mayorías no está en las prioridades del Ejecutivo Federal y según observamos, tampoco del Poder Legislativo. Para el PRD esta será una prioridad porque así lo está exigiendo la gente.
Hace 99 años, México celebraba un gran consenso político y social que permitía la promulgación de un texto constitucional de avanzada, con reconocimiento de derechos progresistas y de carácter netamente social.
Hace casi un siglo nuestro país logró demostrar a la comunidad internacional que éramos capaces de transitar de un periodo revolucionario violento a un proceso de construcción de instituciones, normas y reglas de convivencia pacífica.
Hoy tristemente estamos demostrando ante la comunidad nacional e internacional todo lo contrario, estamos inmersos en un ciclo de violencia que ha conllevado a la desaparición de miles de personas, al asesinato y la extorsión de miles de mexicanos y mexicanas, al abandono institucional de algunas zonas de nuestro territorio y una debilidad institucional motivada por la pérdida de la confianza de la ciudadanía en la actuación de sus autoridades.
Se ha permitido que los derechos sociales, las garantías de protección de los derechos fundamentales, la soberanía nacional y el resguardo de nuestros bienes nacionales hayan desaparecido del texto constitucional y que su lugar haya sido ocupado por garantías de impunidad, permisos de venta de los bienes nacionales y textos ambiguos que comprometen nuestra soberanía como nación.
No podemos seguir legislando al tenor de lo que se dicta desde la oficina presidencial o desde lo que se ordena por los grandes capitales transnacionales, como lo pretenden hacer con el Tratado Transpacífico, no podemos seguir construyendo una agenda legislativa sin escuchar los verdaderos reclamos sociales y las necesidades de la población, no deberían seguir actuando de espaldas a la ciudadanía y de frente a intereses personales o de grupo.
Ahora, siguiendo con esa tradición de yerros y decisiones equivocadas, pretenden imponer casi por “clamor político” una reforma Constitucional que trastoca en esencia al Federalismo, que elimina obligaciones a la Federación en materia de Procuración de Justicia y que construye un esquema de seguridad pública alejado de la ciudadanía, alejado del respeto a los derechos humanos, pero sobre todo alejado de la realidad.
Pretenden imponer el denominado Mando Único, pero no les interesa revisar la actuación de las policías estatales que ya actúan bajo este esquema y que mantienen los acuerdos y pactos de corrupción que se tejían a nivel municipal, que mantienen la protección política a esos operadores del crimen organizado que desde hace varios años pretenden ejercer el co-gobierno en muchas partes de nuestro país.
En declaraciones recientes el Secretario de Gobernación señalaba que la reforma en materia de seguridad y el Mando Único eran urgentes para evitar casos como el de Iguala y Tierra Blanca que, sin duda indignaron al mundo entero; pero se le olvidó mencionar casos como el de Tamaulipas en donde 41 mil personas entre 2009 y 2014 tuvieron que desplazarse a otras entidades a causa de la violencia que día a día aumenta pues de acuerdo a cifras del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia en esa entidad se ha incrementado desde el año 2010 a la fecha en un 60%, a pesar de que esa entidad cuenta desde hace 3 años con un modelo de Mando Único policial.
O por ejemplo casos como el de Sinaloa, entidad pionera en este esquema, y que tampoco ha querido atender el fondo del problema que se centra en la corrupción de las fuerzas policiales que escala hasta distintas esferas de gobierno y de la clase política, esa entidad que hace apenas unos días demostró como la corrupción y la complicidad con el crimen organizado alcanzan incluso a representantes legislativos, o como esa misma corrupción es capaz de hacer huir a policías estatales -agrupados bajo el Mando Único- de una comunidad en donde un comando criminal estaba por ejecutar, como ejecutó a sangre fría a un joven de 27 años en el pueblo de Escuinapa.
Las discusiones que tenemos que dar en este periodo compañeras y compañeros, tienen que atender todas las aristas, todas las variables, los pros y los contras de las iniciativas en materia de seguridad para que efectivamente decidamos las reformas legislativas que atiendan al fondo de esta problemática y no sólo una solicitud de la presidencia o de algunos grupos políticos.
La raíz del problema que enfrentamos con los cuerpos policiales se encuentra en los intocados esquemas de corrupción, complicidad e impunidad, temas que obviamente no les interesa atender de manera integral ya que no forman parte de su “agenda prioritaria”, pues modificar esos esquemas octogenarios implica modificar sus propias estructuras políticas y económicas.
Tenemos que avanzar en la consolidación del esquema legal anticorrupción, de este nuevo esquema de rendición de cuentas que vaya más allá de las simples declaraciones patrimoniales o de conflictos de interés, de un esquema de fortalecimiento de las fiscalías y procuradurías de todo el país para dotarlas de autonomía real y operacional, que pongamos fin a la presencia del Ejército y la Marina en las labores de seguridad pública, que aprobemos las leyes generales contra la desaparición de personas y para prevenir y sancionar la tortura apegándonos a los más altos estándares internacionales, resulta imprescindible también avanzar en la construcción de un esquema económico que eleve los ingresos y los salarios de las y los trabajadores, que reduzca las enormes brechas de desigualdad económica y de marginación social, que limite también los voraces intereses de las empresas transnacionales que explotan nuestros recursos naturales sin ninguna restricción, en suma, que atendamos desde nuestra labor legislativa las causas reales de esta grave crisis humanitaria que vivimos: la enorme corrupción de los gobiernos y la creciente y enorme pobreza de la gente.
El reto es muy grande, el compromiso está claro, habrá que ver si tenemos la altura de miras y la convicción de asumirlo y sacarlo a adelante, o si sólo nos dejamos llevar por esa presión política de legislar los temas que manda la agenda presidencial y nos olvidamos que estamos aquí, por el pueblo, gracias a la ciudadanía y para servir a los intereses de nuestra gran nación, de nuestro queridoMéxico.
Muchas Gracias.
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