La seguridad pública consiste en reducir el riesgo de una persona de ser víctima de algún ilícito. La crisis en esta materia deriva de la violencia e inseguridad prevalecientes en varias regiones y estados del país, problemática que mezcla delitos comunes con otros relacionados con la delincuencia organizada, particularmente cometidos por bandas de narcotraficantes y secuestradores.
En la agenda del Gobierno Federal, entre los acuerdos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y en las agendas de los grupos parlamentarios de las Cámaras del Congreso de la Unión para el próximo periodo ordinario de sesiones, la reforma en materia de seguridad estará presente como un tema importante. Sin embargo, a pesar del interés explícito del Presidente de la República, de los Gobernadores y de los legisladores por este tema, en estos momentos la discusión pública se reduce a la disyuntiva entre Mando Único o Policía Única. Esto minimiza el debate.
Policía Única significa la creación de 31 policías estatales y la desaparición de las municipales. Desde la propuesta del Presidente de la República significaría la eliminación de las 1,800 instituciones municipales y su integración en 32 policías estatales únicas.
Mando Único implica coordinación operativa entre corporaciones estatales y municipales. Resulta importante aclarar que ni la Policía Única, ni el Mando Único resuelven el problema de seguridad pública. Lo que se requiere es una reforma profunda en el sistema policial.
Los cuerpos de seguridad están penetrados por la corrupción; sin embargo, éste es sólo uno de sus problemas. Descontando algunas excepciones, los policías están mal pagados, mal entrenados, mal organizados y mal controlados. La distancia entre la policía y los ciudadanos se ha ensanchado con los años.
¿Qué tipo de reforma requerimos?
Una reforma que otorgue a los municipios un papel en materia de seguridad sujeto al cumplimiento de estándares mínimos de calidad, integridad y eficacia, y que defina estándares policiales nacionales e incluya la construcción de un Servicio Nacional de Carrera Policial.
Una reforma que considere la acreditación institucional de las corporaciones policiales de todos los niveles de gobierno, como base de su permanencia; que construya un organismo certificador nacional, con facultades amplias para detonar procesos de cambio en las policías e intervenir (y eventualmente eliminar) instituciones incapaces de cumplir con normas mínimas.
Una iniciativa que garantice el fortalecimiento de mecanismos de control interno y la creación de instancias formales de control civil sobre las policías; así como la institucionalización de un régimen de seguridad social y de derecho de asociación para el personal de seguridad pública, como parte de un esfuerzo más amplio de dignificación y fortalecimiento de la carrera policial.
Estos cambios deben incluir un modelo presupuestal que haga posible una transformación de fondo de las instituciones de seguridad pública.
Una reforma de esa naturaleza exige un rediseño a fondo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En consecuencia, debe tener como punto de arranque una reforma constitucional. Pero el cambio no puede detenerse allí, es indispensable revisar una parte considerable del marco normativo en la materia, empezando con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, contemplar una transformación de los fondos de aportaciones y subsidios dedicados a la seguridad pública en las entidades federativas y los municipios.
En resumen, en una propuesta de reforma policial profunda el centro del debate es la calidad de las policías, no su número. La pregunta esencial es cómo se gobiernan y cómo se organizan las policías, no quién manda sobre ellas. XXX TWITTER: @MBarbosaMX
ENTRESACADO: Los cuerpos de seguridad están penetrados por la corrupción; sin embargo, éste es sólo uno de sus problemas. Descontando algunas excepciones, los policías están mal pagados, mal entrenados, mal organizados y mal controlados. La distancia entre la policía y los ciudadanos se ha ensanchado con los años.
