- La corrupción en México merma el crecimiento del país, reduce la productividad del gasto público, inhibe la transparencia y rendición de cuentas.
Intervención en tribuna del Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Benjamín Robles Montoya (BRM). Muchísimas gracias Senador Presidente, compañeras y compañeros senadores.
Estoy de acuerdo que concuerdan con un servidor cuando digo que actos de corrupción que aun imperan en nuestro país han dejado en evidencia el alcance de los malos manejos que particulares y servidores públicos realizan con dinero del erario. Para muestra, por ejemplo entre muchos, los casos recientes denunciados por un servidor en el Estado de Oaxaca en el proceso de licitación para el proyecto de movilidad urbana, conocido como “Metrobús” en las que el portal de CompaNet desglosa información distinta a la ejecutada dentro del Gobierno Local.
O acaso, por mencionar otro ejemplo, el tema nacional de Oceonografía o la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro en los que suponen también una red de complicidad y corrupción malversando el recurso público.
Sabemos, estoy seguro todas y todos los aquí presentes, que no son los únicos casos. Más allá de la politización de este tipo de situaciones, creemos en la necesidad de que todos los actores políticos y sociales debemos emprender un esfuerzo mayor para que este tipo de acciones se dejen de presentar con tal magnitud.
El ejercicio de la función pública está sometido en un Estado Social de Derecho a criterios rectores inherentes a la legalidad, eficiencia y honestidad en el desempeño mismo de la actividad de los órganos del poder público.
La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, por lo menos así debe de ser, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.
Desde la academia, compañeros y compañeras, la corrupción emerge como resultado de la debilidad de las instituciones y la falta de voluntad de una política de Estado para combatirla.
Este fenómeno emana de un sistema político y económico que se aprovecha de la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión del Estado.
La corrupción en México merma el crecimiento del país, reduce la productividad del gasto público, inhibe la transparencia y rendición de cuentas, distorsiona la asignación de recursos y profundiza la desigualdad social, situación que se traslada a todas y cada una de las entidades federativas de nuestra nación.
Es por eso que el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta Honorable Asamblea, en el ámbito de nuestras competencias, viene a presentar esta iniciativa que pretende fortalecer la transparencia en el tema de las licitaciones públicas, que son en mucho, el origen para que se gesten actos de corrupción en detrimento de los recursos públicos.
Y es que la licitación pública, compañeras y compañeros, es el método contractual de mayor aceptación y uso a nivel nacional e internacional por parte de la Función Pública debido, sin duda, a su versatilidad para la obtención de obras y servicios como producto final resultante de un procedimiento de competencia. Pero bajo este contexto debo decir que la administración pública resume la característica principal de las licitaciones, debe ser la del proponente con precio más bajo.
Y es está razón, compañeras y compañeros, la que de manera sistemática ha sido usada para generar actos que beneficien a ciertas empresas que colusión con funcionarios públicos y con el argumento de obtener el menor monto han defraudado el erario público.
Se han creado especies de monopolios entre los concursantes que tienen experiencia previa en las licitaciones con cierta entidad de la administración pública, lo que puede suponer la comisión eventual de actos de corrupción.
Se ha limitado la competencia entre los proveedores siendo inexistente un juego entre oferta y demanda.
Se han usado en exceso y de manera discrecional las figuras de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, cuando la regla general es el uso del procedimiento de licitación pública.
La información que se envía al sistema CompraNet no incorpora las justificaciones por las que en lugar de convocarse una licitación pública se opta por el procedimiento de adjudicación directa o invitación restringida a cuando menos tres personas
En esta lista también debo mencionar las disposiciones que no contemplan que los servidores públicos encargados de enviar información a la Secretaría de la Función Pública para su inserción en el sistema CompraNet, sean sujetos a responsabilidad alguna en caso de incumplimiento.
Y es en virtud de todo esto, compañeras y compañeros, que nos hemos propuesto atacar estas deficiencias con el objeto de acotar la presentación de este tipo de vicios en los procedimientos de contratación, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia que disponen las leyes que nos ocupan.
Lo que buscamos es que el servidor público frente factores que lo obliguen a transparentar cada vez más sus actuaciones quede acotado por razón de ley, para que no tenga margen para realizar acciones corruptas, que ante la responsabilidad de subir toda la información de la que dispone a los sistemas diseñados para tales efectos no haya oportunidad de encontrar algún resquicio que le permita transgredir sus atribuciones para obtener algún tipo beneficio particular en detrimento de los recursos públicos.
Nos parece, compañeras y compañeros, que es necesario seguir trabajando en el diseño y en la implementación de medidas normativas para aminorar la corrupción que se presentan en esta materia, acciones que deben estar también encaminadas a fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como sanciones cada vez efectivas y cada vez más contundentes que impidan a los funcionarios gubernamentales la comisión de irregularidades en los procedimientos de contratación.
Para ilustrar en mayor medida a mis compañeras y compañeros senadores he de rogarle senador Presidente que pueda obsequiar al suscrito la integración completa de la iniciativa que presento y que aparece en la Gaceta, pero que también quede inscrito en el Diario de los Debates de esta sesión.
Es cuanto senador Presidente.
0-0-0
