Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse a diversos dictámenes de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Con su permiso, señor presidente.
Compañeras y compañeros Senadores,
Hago uso de esta tribuna para manifestar mi apoyo a las tres propuestas de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que se nos están poniendo a consideración y que contribuyen sustancialmente a mejorar las condiciones de vida de grupos y colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor en 2008 y se trata del primer tratado sobre derechos humanos del siglo XXI; en esta se describe la situación ideal para las personas con discapacidad en el mundo.
Los principios generales de este tratado que nuestro país suscribió, son principalmente el respeto a la dignidad, autonomía e independencia; la no discriminación; la participación e inclusión plena y efectiva en sociedad; el respeto a la diferencia y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad; entre otros.
En nuestro país tenemos 7.3 millones de personas con discapacidad, y de éstas uno de cada dos vive en situación de pobreza, y apenas 1.5 millones cuenta con algún empleo formal.
Cifras de CONEVAL, muestran que el porcentaje de personas con alguna discapacidad en situación de pobreza se encuentra en aumento en los últimos años.
Este sector de la población, al tratarse de personas con un grado de indefensión derivado de sus condiciones dependen del cuidado y protección que pueden ofrecerles sus familias y las instituciones del Estado.
Por ello, me parece pertinente que desde esta soberanía hagamos este llamado para que los Congresos locales realicen los cambios necesarios al marco jurídico local a fin armonizarlo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y que para llevar a cabo esta importante labor, lleven a cabo las consultas necesarias con organizaciones de personas con discapacidad.
Como bien se menciona en este dictamen, al ratificar esta Convención, nuestro país acepta las obligaciones jurídicas que le corresponden en virtud del tratado y se llevarán a cabo los cambios necesarios a la legislación para hacerlo cumplir.
Por otra parte, y en este el mismo sentido, exhortamos a las autoridades para que se difunda e implemente el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para personas con discapacidad.
Como bien menciona el dictamen, de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, en su mayoría lo hacen con un perfil ocupacional de baja calificación, lo que ocasiona un deterioro en su nivel de ingreso y por ende de sus condiciones de vida.
Esto hace pertinente llevar a cabo este exhorto, ya que dicho Programa comprende la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo, talleres de asistencia técnica, etc.
Finalmente, se hace un exhorto para que los Ayuntamientos incorporen dentro de su infraestructura la instalación y adaptación de medidas de accesibilidad e inclusión; así como espacios públicos para personas con discapacidad; y que esto quede estipulado en los reglamentos de construcciones de las entidades federativas.
Con este exhorto allegamos elementos para facilitar la movilidad y atender el principio de igualdad de derechos, en el que toda infraestructura debe construirse bajo principios de planificación, en donde se garantice que todas las personas participen activamente en su papel social.
Concluyo, compañeras y compañeros senadores, solicitando su voto a favor de estas propuestas pues creo firmemente que el Estado debe garantizar, por todos los medios y recursos a su alcance, que los grupos en situación de vulnerabilidad ejerzan sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales.
Por su atención, muchas gracias.
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