El pasado 27 de agosto el Instituto Nacional de las Mujeres celebró que las 31 entidades federativas y el Distrito Federal hayan hecho suyos los compromisos de la Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres (DIMH). Una muestra de voluntad política, se dijo, de parte de los gobiernos estatales hacia las mujeres y las niñas.
Cuatro días después de este anuncio, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo recibió del gobernador, Salvador Jara Guerrero, la Iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en la cual se elimina la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de los Jóvenes.
De entrada, resulta una contradicción que el actual gobierno michoacano haya asumido como propios los compromisos suscritos por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) a favor de las mujeres y las niñas, y posteriormente reduzca la Secretaría de la Mujer a un pequeño Instituto.
El primero de las obligaciones de la Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a la que se adhirió el gobierno michoacano, dice: Impulsar la realización de acciones para la institucionalización de la perspectiva de género, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad.
No puede considerarse con seriedad que las modificaciones a la Administración Pública de Michoacán contribuyan a erradicar los obstáculos que para el pleno goce de todos sus derechos deben enfrentar las mujeres, las adolescentes y niñas mexicanas, y garantizar su participación en todos los ámbitos de la sociedad en igualdad de condiciones, por el contrario.
En su argumentación, el titular del Ejecutivo estatal señala que la pretensión de su proyecto es darle “un enfoque de protección social a estos dos sectores (mujeres y jóvenes) pero generando políticas públicas transversales que generen mayor impacto en dichos sectores, lo que además repercutirá en mejores servicios y disminución del aparato gubernamental”.
Los anteriores objetivos son contrarios al cuarto de los preceptos de la DIMH:Promover el impulso de la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas, así como en los municipios y, en su caso, en los órganos político-administrativos, en concordancia con los objetivos y estrategias contenidas en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.
Al arrebatarle autonomía administrativa y presupuestal al órgano responsable de diseñar e implementar las políticas públicas estatales a favor de las mujeres y niñas, la mitad de la población de México, implica supeditarlo a las decisiones del titular de la Secretaría de Política Social, todavía por crearse.
Resulta obvio que esta Secretaría de Política Social no podrá cumplir con lo señalado en el quinto apartado de la DIMH: Implementar las políticas públicas locales con una proyección de mediano y largo alcance, por medio de la integración de un Programa Estatal de Igualdad, debidamente armonizado con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.
Esperamos que el Congreso del Estado de Michoacán y el próximo gobernador Silvano Aureoles Conejo cumplan con las expectativas de las mujeres, niñas y jóvenes michoacanos y no permitan la supresión de Secretarías que atienden las expectativas de dos sectores fundamentales de la sociedad, importantes no sólo por su número sino por sus aportaciones al desarrollo económico y democrático.TWITTER: @angelicadelap XXX
