- Es un mecanismo de negociación política entre la SHCP y los gobernadores del país
- No podemos replicar a nivel nacional el modelo de deuda que tiene actualmente el Distrito Federal que entra cada año en negociación y chantaje político
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios es un instrumento que ataca el federalismo fiscal, otorga un “metapoder” al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y se convierte en un mecanismo de negociación política entre la dependencia y los gobernadores del país, afirmó el senador Mario Delgado Carrillo.
“Si bien tiene avances como la definición de la Inversión Pública Productiva (IPP), y la contratación de deuda mediante licitaciones, deja abierta la puerta para usar en exceso y refinanciar la deuda de corto plazo, especialmente en lo que tiene que ver con pago a proveedores sin la autorización de los congresos estatales”, indicó el legislador.
La Ley presentada por el presidente Enrique Peña, subordina un poder popular soberano, como los congresos de los estados, a un funcionario público que no fue electo popularmente. “Esta nueva legislación es otro ataque al federalismo que deja la decisión soberana de los congresos locales a expensas del secretario de hacienda”, afirmó el senador.
Agregó que los convenios de la deuda estatal garantizada, si bien pueden ayudar a reducir la tasa de interés, impondrán a los gobiernos obligaciones de reducción de gasto, incremento de ingresos, y mejor administración del presupuesto, cuyos indicadores impondrá la SHCP de manera discrecional.
No se ve la forma -añadió Delgado Carrillo-, de cómo puedan las estados corregir cuando no se está discutiendo la Reforma al Gasto Federalizado que representa 8 de cada 10 pesos de los estados y municipios y de los que surgen, por ramos, 7 de cada 10 pliegos de observación de la Auditoria Superior de la Federación, por la ambigüedad, uso, destino y comprobación.
“Sin ello, no podemos predecir una mejora sustancial en la forma en que los gobiernos locales están gastando. El error es de origen y no depende de esta nueva ley”, dijo.
En esta ley es necesario reforzar la transparencia mediante observadores ciudadanos, pero sobretodo, incorporar a los bancos como responsables también del grave endeudamiento que se tiene en la actualidad, porque han prestado en exceso a la capacidad de pago de los estados y municipios, apuntó el integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Hay incentivos de “zanahoria y garrote”. A los estados se les obliga a incrementar incrementar su capacidad tributaria local y reducir su gasto improductivo a cambio del aval del gobierno federal para su endeudamiento. El problema es que el gobierno federal no pone el ejemplo aplicando medidas de disciplina financiera. Cada informe trimestral señala que se están haciendo esfuerzos pero no se ve metas tangibles. Al contrario, cada día su gasto corriente crece más que la economía, afirmó el legislador.
Agregó que adicionalmente con la fuerte depreciación del peso durante el transcurso del año, los montos de la deduda externa aumentan, siendo hoy de 158, 300.6 mdd, que con la depreciación actual representan más de 2,652,324.5 mdp, y de continuar la depreciación podrían a fin de año a estar por arriba de los 3 mmdp que además se suman a los 210 mmdp que cuesta el servicio de la deuda pública, monto que también se hace más costoso por la depreciación de la moneda.
Delgado Carrillo advirtió que si queremos que la deuda sirva verdaderamente al desarrollo de los estados y municipios, “no podemos replicar a nivel nacional el modelo de deuda que tiene actualmente el Distrito Federal, que entra cada año en negociación y chantaje político sin mirar los proyectos a largo plazo.
Necesitamos que se aprueben proyectos y no montos de deuda. Acabar con la tentación de “primero me hago del dinero, y luego veo cómo lo uso para regularizar y pagar deudas pasadas”, en lugar de usarlo para financiar proyectos que traigan beneficios tangibles, socialmente responsables y que ayuden al crecimiento y la prosperidad de los más pobres.
La nueva oficina de “autorización de deuda”, pasa de la casa de los gobernadores a la oficina de la SHCP, advirtió el legislador.
