Acaban de suceder eventos definitorios para el futuro de la educación pública mexicana. Uno de ellos es que, en aras de destrabar un conflicto magisterial que afecta a millones de estudiantes, principalmente en los estados más pobres, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión abrió sus puertas para entablar un diálogo con los responsables públicos de la preparación de las nuevas generaciones. Recibimos al secretario de Educación Pública federal y a dos gobernadores: al de Oaxaca y al de Guerrero.
Tras la reunión con el gobernador Gabino Cué, se anunciaron transformaciones de fondo en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que han puesto en evidencia una serie de ineficiencias administrativas y corruptelas que involucran a miembros del sindicato y a diversos funcionarios públicos. Una situación que, seguramente, se repite, de alguna u otra forma, en todas las entidades federativas.
La educación es, sin duda, la herramienta más potente para detonar el progreso de las personas y las naciones. Por eso tiene que ser una prioridad del Estado, especialmente ahora que, según el Coneval, entre 2012 y 2014, hay 2 millones adicionales de mexicanos que viven en pobreza.
En días pasados, nos enteramos que en la nómina del IEEPO cobraban aviadores: políticos, funcionarios y líderes sindicales. Entre enero y marzo de este año, tan sólo en tres meses, estas erogaciones representaron poco más de 900 mil pesos, dinero que podría haberse utilizado para comprar 200 computadoras o construir 2 aulas de 30 alumnos cada una, en las áreas de mayor marginación de Oaxaca.
Organizaciones de la sociedad civil han manifestado que cada año, a nivel nacional, se pagan de manera irregular 35 mil millones de pesos del presupuesto educativo a comisionados, aviadores y líderes sindicales. Con este dinero se podría mejorar, anualmente, más de 57 mil salones, equipados con pizarrones, butacas y computadoras, para 30 alumnos cada uno.
La decisión tomada en Oaxaca deja claro que la situación que venimos arrastrando es insostenible e inaceptable. Es una forma terrible de corrupción e indolencia que urge erradicar, pues debemos garantizar que los escasos recursos se usen en beneficio de la educación de la niñez, y no de unos cuantos. Por esta razón, es igualmente reprobable el hecho de que alguien como Andrés Manuel López Obrador pretenda darle un uso electoral a este tema en Oaxaca.
Por su parte, la reunión con el gobernador Rogelio Ortega de Guerrero dejó claro el impacto de la nómina magisterial no reconocida por la SHCP, y que asciende a 12 mil 326 plazas, con un impacto presupuestal de 573.2 mdp. De no contarse con estos recursos, declaró el titular del ejecutivo estatal: “tendríamos que declarar al estado en quiebra”.
Queda claro que prevalecen diferencias entre entidades federativas y el gobierno federal. La sana implementación de la reforma, depende de información transparente y conciliada entre órdenes de gobierno, para evitar errores y decisiones discrecionales.
Oaxaca y Guerrero dan una lección al resto de las entidades federativas. Es momento de que tengamos un diagnóstico claro acerca de irregularidades, que se han venido arrastrando desde los acuerdos de descentralización de 1992. Debemos revisar la ruta del dinero, desnudar dónde se usa como herramienta política de control. Asimismo, saber dónde hay boquetes financieros que impiden la sostenibilidad financiera a futuro.
Los casos de Oaxaca y Guerrero son significativos, pues dan luces del tipo de problemas que prevalecen en todo el país. Una nueva relación, no politizada con el magisterio, y el saneamiento de las finanzas estatales en torno a las nóminas, son la ruta para invertir en infraestructura y proyectar la calidad educativa que buscamos. El futuro de la reforma está en diagnosticar y acordar, con visión de Estado, el tratamiento a estos temas.
Twitter: @RiosPiterJaguar
