Las precarias condiciones laborales de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California, quienes mantienen un paro de labores desde el pasado 17 de marzo, no son un caso único ni reciente en el país, ni mucho menos desconocido, denunció la senadora Angélica de la Peña.
Señaló que desde hace varios años, distintos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales han hecho eco de las denuncias de trabajadores del campo sobre la explotación laboral que padecen en ranchos agrícolas, en donde las jornadas extensas, los pagos miserables, el trabajo infantil, las amenazas, el desdén y el maltrato de los empleadores hacia los trabajadores y sus familias son problemas persistentes y reiterados.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado explicó que la problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados del país: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México, de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, que agrupa a siete organizaciones civiles que trabajan con jornaleros agrícolas y poblaciones indígenas migrantes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existen al menos 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas; 40 por ciento de ellos son indígenas. Junto con sus familias, representan una población total de 9 millones 206 mil 429 personas, es decir, el 9.7 por ciento de la población total de nuestro país.
La senadora del PRD detalló que en su apartado sobre Trabajadores del campo, la Ley Federal del Trabajo, vigente desde diciembre de 2012, contempla obligaciones que tienen los patrones respecto a la población jornalera, como: pago de salarios que no exceda una semana; otorgar habitaciones adecuadas e higiénicas de forma gratuita; mantenimiento del buen estado de las habitaciones; proporcionar agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo.
Asimismo la ley obliga a contar con medicamentos y material de curación en los lugares de trabajo; proporcionar asistencia médica o trasladar a los trabajadores a lugares con servicio médico; fomentar la alfabetización; seguro de vida para los traslados; proporcionar transporte gratuito, cómodo y seguro; brindar servicios de guardería; usar intérpretes cuando los trabajadores no hablen español; llevar un registro de los trabajadores eventuales y estacionales que se contraten cada año; pagar al término de la temporada agrícola las partes proporcionales que correspondan por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación.
De la Peña Gómez señaló que para asegurar que estas condiciones se cumplan, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con el Programa Anual de Inspección (PAI), el cual prioriza los centros de trabajo de alto riesgo o que no tengan antecedentes de inspección, como son los campos y empresas agrícolas.
La legisladora agregó que: “estas inspecciones, son deficientes, puesto que no contemplan las condiciones de las viviendas y la zona de albergues, estancias infantiles, módulos de salud o aulas escolares, además son visitas laxas que no desembocan en procedimientos administrativos inmediatos ni en multas que verdaderamente inhiban la repetición de los actos violatorios de la ley”.
Por lo anterior, la senadora Angélica de la Peña presentó un punto de acuerdo por el que solicita que:
1.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de que dé cumplimiento al Programa Anual de Inspección (PAI), priorizando aquellos centros, empresas y campos agrícolas en los que se hayan presentado quejas o que no tengan antecedentes de inspección.
2.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe detalladamente sobre la situación laboral actual que prevalece en los centros, empresas y campos agrícolas dentro del territorio Nacional.
3.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos coadyuve en las inspecciones que lleve a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se garanticen y protejan los derechos humanos de los jornaleros agrícolas.
La proposición fue turnada a la comisión de Trabajo y Previsión Social.
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