El despido arbitrario de Carmen Aristegui, del noticiario más escuchado en la radio nacional, no puede verse de manera aislada. Menos cuando el Estado mexicano enfrenta una crisis sin precedente.
Se trata no sólo de la pérdida de credibilidad en el conjunto de las instituciones públicas y de los órganos de representación, sino de la degradación ética de la vida pública, en la que predomina la corrupción, la impunidad y el abuso de una autoridad que ha puesto el gobierno al servicio de los negocios, favoreciendo a empresas —como Higa y OHL— a cambio de prebendas materializadas en las fastuosas residencias en las Lomas de Chapultepec, Malinalco e Ixtapan de la Sal.
Son innumerables los hechos que dan cuenta de ello: la violación recurrente a los derechos humanos y su cruda expresión en la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, las fosas de San Fernando y Cadereyta, los feminicidios y agravios a los migrantes centroamericanos. La criminalización de la protesta social y la persecución a la tribu yaqui, a los jornaleros agrícolas en San Quintín o a los pueblos originarios en la Sierra Norte de Puebla.
A ello se suma el vacío de autoridad y el empoderamiento de la delincuencia organizada en vastas regiones del país, así como un escenario económico adverso que, tras la caída de los precios del petróleo, ha colocado al país al borde de la recesión, lo que profundizará la pobreza y la desigualdad, mientras la Auditoría Superior de la Federación ha puesto en evidencia la corrupción en la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Asociación de Bancos de México festina que las instituciones privatizadas se encuentran en uno de sus mejores momentos.
El despido de Carmen Aristegui se suma a esta lista de agravios y es muestra de la arrogancia gubernamental a la que poco importa el costo que deba asumir. El golpe a la periodista viola principios constitucionales fundamentales: la libertad de expresión y manifestación de las ideas; el derecho a la información; el derecho de réplica y, destacadamente, el derecho de la audiencia.
El espectro radioeléctrico es un bien de la nación. Se trata de un bien y un servicio de interés público, que se concesiona a particulares para cumplir con dichos objetivos. Los concesionarios son propietarios sólo de los equipos con los que operan y obtienen enormes ganancias, pero deben apegarse a las normas constitucionales y a los términos a partir de los cuales el Estado les otorga una concesión.
Por ello, el conflicto entre MVS y Aristegui no es un litigio entre particulares. El Estado está obligado a garantizar los principios constitucionales que he señalado, en especial, el derecho de las audiencias que exigen la permanencia de un noticiario que alcanza el 50 por ciento de los radioescuchas.
Estamos ante el peor escenario que el país haya enfrentado en décadas. Un Estado en crisis, entregado a los intereses de los consorcios trasnacionales y subordinado a los poderes fácticos que imponen su agenda, cuya debilidad y ambición por mantenerse en el poder lo inducen hacia una salida autoritaria a la crisis que enfrenta.
El Ejecutivo federal ha asumido como una afrenta política y personal la denuncia sobre la casa blanca y los beneficios obtenidos por un puñado de empresas desde la gestión del actual Presidente como gobernador del Estado de México, y ha decidido dar un escarmiento. Permitirlo representaría además de una grave regresión democrática, volver a un pasado donde una autoridad sin escrúpulos se impone a la sociedad a través de los medios al alcance del Estado. Es nuestra responsabilidad impedirlo.
Senador de la República
