Un lamentable episodio de ruptura entra la empresa MVS Radio y la periodista Carmen Aristegui, referencia informativa para millones de mexicanos a través de ese medio electrónico, ha encendido los focos rojos nacionales e internacionales por los preocupantes signos de regresión autoritaria que representa este capítulo.
La empresa MVS finalmente canceló la vía del diálogo que la propia conductora propuso en su mensaje del 19 de marzo y se volvieron a cerrar las puertas para un espacio muy importante. Los concesionarios argumentan su derecho a la libre empresa, pero ignoraron el respeto a los derechos de las audiencias y a la libertad de expresión.
Este episodio obliga a las siguientes reflexiones:
1.- La salida de Aristegui del aire constituye un agravio muy serio al derecho de las audiencias, en especial, el derecho a la información veraz, crítica, oportuna y plural que la propia empresa MVS dice cumplir a través de su ombudsman.
En este episodio, MVS concentró el conflicto en un asunto de “disposición indebida de recursos, marcas y facultades de la empresa” y de “pérdida de confianza”, pero no mencionó en ningún momento el impacto que sus decisiones tendrán sobre los derechos de sus propias audiencias.
Prácticamente ha ignorado las más de 200 mil firmas de ciudadanos pidiendo la restitución de Aristegui, así como los miles de mensajes en redes sociales que consideran este caso como un preocupante evento de censura.
2.- La reforma constitucional de 2013 en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, así como la ley secundaria aprobada en 2014 incorporó en el artículo 6 los derechos de las audiencias, aunque quedaron incompletas y sin sanciones las violaciones que se cometan por actos de censura, conflictos de interés, o la difusión de publicidad disfrazada de información, entre otros casos.
Este lamentable episodio obliga a legisladores, concesionarios y ciudadanos a proponer una normatividad específica sobre esta materia para evitar una generalizada ola de cierres de espacios informativos incómodos para los concesionarios o para el poder político.
En el seno del Instituto Federal de Telecomunicaciones están pendientes los lineamientos que deberán observar los defensores de las audiencias en los distintos medios concesionados. Es importante que las lecciones del conflicto entre MVS y Aristegui lleven a remontar los signos de retroceso en los medios de comunicación concesionados.
3.-La defensa a la libertad de expresión y al derecho a la información constituyen demandas urgentes nacionales. En la mayoría de las entidades y a nivel federal se observan preocupantes regresiones y actitudes autoritarias desde el poder político para agredir, amenazar a periodistas e informadores.
El caso de la salida de Carmen Aristegui de MVS constituye apenas la punta del iceberg de una serie de retrocesos y restauraciones autoritarias. No podemos descontextualizar el caso de Aristegui y de su equipo de investigación de la difusión de escándalos de conflictos de interés, como el de la “casa blanca”, o de la cobertura amplia y crítica de casos tan delicados como los de Tlatlaya o de Ayotzinapa que incomodaron al gobierno federal.
Desde nuestras distintas trincheras y espacios es importante insistir en demandas como las siguientes:
a) La resolución del conflicto entre MVS y Aristegui en función del respeto a los derechos de las audiencias y de la libertad de expresión, no solamente como si fuera un “conflicto entre privados” como pretende la empresa y el gobierno federal que consideremos.
b) Frenar la escalada de actitudes de intimidación y de presión desde distintos órdenes gubernamentales sobre el ejercicio periodístico, tanto a nivel federal como en la mayoría de las entidades.
c) La reinstalación de los periodistas y de la conductora en un espacio de medios electrónicos. Es necesario que Aristegui retorne a medios masivos. Hemos propuesto que el Canal del Congreso abra su señal y existen otras solicitudes para que Radio Ibero o Radio UNAM le den un espacio a este equipo de periodistas.
d) El conflicto no se limita sólo a las dos partes. Constituye un agravio muy fuerte a la sociedad y a sus derechos y un mensaje muy preocupante en vísperas de las elecciones federales de este 2015. Sin derecho a la información el derecho al voto también es incompleto.
