El senador Benjamín Robles Montoya propuso modificar el Artículo 10-B de la Ley de Coordinación Fiscal para dotar de mecanismos jurisdiccionales que permitan garantizar a los municipios su autonomía fiscal.
Al fundamentar la iniciativa, el legislador por Oaxaca señaló que la defensa del municipio debe ser una tarea constante e impostergable; sin embargo, dijo, el municipio en México adolece de una debilidad institucional que se enmarca en un sistema federal con tendencias centralizadoras.
Por ello, resaltó que debe dotarse al municipio de los medios jurisdiccionales que fortalezcan sus facultades y derechos en materia de coordinación fiscal ya que con ella se garantizaría la autonomía la política y la administrativa de este nivel de gobierno.
“La propuestas fundamental de nuestra iniciativa está centrada en la oportunidad Constitucional y en la oportunidad legal de los municipios para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a buscar la regularidad jurídica de la nación y su autonomía fiscal en el marco de la ley de Coordinación Fiscal” explicó.
Benjamín Robles aseguró que actualmente el marco jurídico no permite a los municipios ejercer por sí mismos la soberanía popular y, por lo tanto, están incapacitados para ampliar sus competencias.
Por lo que afirmó que su proyecto pretende ser una herramienta normativa que se sume a los múltiples esfuerzos realizados para fortalecer esta forma de gobierno, y que es, “sin lugar a dudas, el lugar donde se encuentran las personas que carecen de oportunidades para alcanzar el mínimo nivel de vida digna”.
“Nuestra regulación reconoce al municipio como la base de la organización política y administrativa de todas las entidades que conforman la Federación, empero, las limitaciones jurídicas han dejado, reitero, al municipio mexicano en una especie de rezago institucional, lo que ha puesto en tela de juicio su jerarquía natural, política, social y económica frente a otros niveles de gobierno”.
Finalmente, el senador del PRD enfatizó que es estrictamente necesario que la Federación, las entidades federativas y sus municipios tengan perfectamente delimitadas sus competencias, de tal forma que ingresen en la jurisdicción que les corresponda para que cada orden de gobierno se constriña a sus ámbitos de actuación.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y posterior dictamen.
