Conferencia de prensa ofrecida por senadores del Grupo Parlamentario del PRD, encabezado por el Coordinador Miguel Barbosa Huerta y la Vicecoordinadora Dolores Padierna Luna.
Miguel Barbosa Huerta, (MBH): Buenas tardes, agradecemos la respuesta a la convocatoria a el Grupo Parlamentario del PRD fije posición en relación a los temas de la Ley General y la Ley Federal de Transparencia.
Va a fijar una posición el senador Ríos Piter, el senador Encinas que es quien ha estado bajo las negociaciones, el senador Benjamín Robles, Fidel Demédicis, el senador Zoé Robledo.
Yo solamente agradezco su presencia.
Le doy la bienvenida al senador, al senador Ríos Piter, con enorme parecido con el coordinador de los diputados del PAN.
Armando Ríos Piter, (ARP): Sin duda alguna la posición que vamos a poner el día de hoy, es algo en lo que se ha venido insistiendo. Hay un grupo de senadores y de senadoras en el que por parte de nosotros ha estado el senador Alejandro Encinas, ha estado la senadora Laura Rojas, la senadora Arely Gómez, pero es indispensable señalar que hay un intento de regresión muy fuerte en materia de transparencia.
Como ustedes saben, desde que se hizo la reforma constitucional, no solamente fue este grupo de senadores y de senadoras, que representando a los grupos parlamentarios estuvieron avanzando en este tema, sino que se conformó una mesa de trabajo con organizaciones, un amplio tejido de organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver precisamente con el tema de transparencia.
Y fue con ellos, no solamente con quienes se logró hacer el cambio constitucional, sino con quienes se venía construyendo una iniciativa que fue presentada, que fue consensada por parte de este equipo de trabajo y que desafortunadamente ha encontrado en el PRI, en el Partido Verde y obviamente en la Presidencia de la República, pues un planteamiento de alrededor de 80 modificaciones que tienen un claro tinte regresivo respecto a lo que se había venido avanzando.
Un claro tinte regresivo porque van en contra de muchos de los avances que el propio espíritu de la reforma constitucional tenía, y que si no se frenan, pues en realidad, lo que estaría ocurriendo es una enorme limitación a los avances que en materia de transparencia se han tenido.
De tal manera que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática quiere dejar muy en claro, enfáticamente señalado, que por ningún motivo aceptaremos que estos 80 cambios se den.
Obviamente estamos dispuestos a una discusión amplia, una discusión transparente, una discusión que permita identificar cuáles pueden ser los puntos de encuentro, pero es sumamente preocupante esta intención de echar abajo los avances que en materia de transparencia se han tenido, en la constitucional, en la iniciativa que fue presentada, y que con estos 80 cambios irían en contra de estos principios.
Solamente subrayar, antes de que mis compañeros y compañeras tomen la palabra; hay ejemplos muy puntuales que son preocupantes.
Como ustedes saben en los últimos meses, después de los hechos de Ayotzinapa, después de los hechos que tienen que ver con la casa Blanca, los escándalos de corrupción que se están viviendo en el país, los escándalos de impunidad, pues es realmente preocupante que se esté limitando el derecho a la verdad de los ciudadanos y las ciudadanas.
¿A qué nos referimos en este sentido? Estas propuestas regresivas, restringen que se pueda determinar la apertura del órgano garante, en materia de acceso a la información y protección de datos, por violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad, y actos de corrupción, hasta que una autoridad competente lo determine.
Es decir, temas como Ayotzinapa o Tlatlaya, que han sacudido la historia reciente del país, pues quedarían reservados, no podrían transparentarse, como se había lo grado plantear en la iniciativa, como el espíritu constitucional lo tiene, hasta que la autoridad competente lo determinara.
Esto me parece que es sumamente delicado, es indispensable subrayarlo frente a la nación, porque los temas de Tlatlaya, Ayotzinapa, la casa Blanca, temas que tienen que ver con impunidad, derechos humanos, corrupción, están presentes en el sentir de todas y todos los mexicanos.
Aceptar estas posiciones que el PRI y el Verde quieren plantear, es una visión regresiva, pero sobre todo, va en contra del ánimo social que actualmente está instalado en la ciudadanía, en el ánimo de tener más transparencia, y sobre todo que el poder público, rinda cuentas.
Los compañeros; entiendo que Alejandro va a tomar la palabra.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, muy buenas tardes, pues simplemente para ampliar lo establecido ya de manera muy clara por nuestro compañero Armando Ríos Piter.
Como ustedes saben, el pasado 2 de diciembre del 2014 un grupo de senadoras y senadores de distintos partidos, del PRD, del PRI, del PAN, presentamos una iniciativa que fue resultado de un trabajo de elaboración colectiva y colegiada con distintos especialistas, académicos, investigadores, funcionarios públicos, no solamente del órgano garante nacional, el IFAI; sino de órganos garantes locales, representantes del gobierno que dieron lugar a una iniciativa de Ley General para el Acceso a la Información Pública.
Y esta ley tiene como objetivo fundamental garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a toda información de carácter público que obre en manos de los sujetos obligados.
Y los sujetos obligados, no solamente, de acuerdo con la reforma constitucional somos los tres poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, sino también se amplió a los partidos políticos, a los sindicatos y a toda entidad pública o privada que recibe, administre o sea beneficiara de cualquier tipo de uso de recursos públicos.
La iniciativa se planteo 8 temas nodales.
El primero, reconocer como un derecho humano de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos mexicanos el solicitar, investigar y difundir y recabar información de carácter público.
Al mismo tiempo establece la obligación del Estado para garantizar el acceso efectivo a cualquier persona que requiera la información, y estableció con precisión que sólo podía ser clasificada como información reservada aquellos casos vinculados aquellos temas de seguridad nacional, procesos y procedimientos penales inconclusos y los relativos a datos personales que serán objeto de una ley general distinta.
Dijo muy bien Armando hace un momento, que en esta iniciativa se precisó que las violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción del dominio público no podrían reservarse, ni tener ningún tipo de restricción para su acceso.
Al mismo tiempo que se estableció el principio de máxima publicidad para que la autoridad diera a conocer toda la información. Esto implica la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, una redefinición de las competencias entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, y definió también puntualmente acciones penales sobre los sujetos obligados y nuevos sujetos como partidos políticos tanto nacionales como locales, candidatos independientes y las asociaciones civiles que formen e incluso los fideicomisos de fondos públicos o privados que administren recursos públicos.
Se ha atorado en la discusión, y yo digo que sufrimos el tropezón de la casa, de la casa del club del gol de Malinalco y otras propiedades que pues demuestran la preocupación de la autoridad federal respecto a realmente avanzar en la apertura de la información.
Y quiero destacar que particularmente los problemas se concentran en la idea de ampliar las categorías respecto a la restricción de la información. Ya no solamente serían los temas vinculados respecto a política monetaria, sino también a la situación que pudiera poner en riesgo la economía o las finanzas del país, que son en caso de riesgo a la economía una interpretación tan amplia y basta que evidentemente podría permitirse una amplia discrecionalidad en esa interpretación.
Como también, lo señalaba Ríos Piter, quieren que toda la información vinculada a violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y el caso de corrupción, no sea dada a conocer, sino hasta que la autoridad competente resuelva en la materia.
Voy a poner los dos ejemplos siguiendo el discurso de Armando, la resolución del IFAI, respecto a requerir información a la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya, no procedería como ya lo resolvió el IFAI.
Como también resolvió hace unos días la solicitud de las fotografías que elementos del Ejército Mexicano tomaron de los muchachos de la Normal de Ayotzinapa cuando se encontraron en el hospital de Iguala.
Y esas son resoluciones firmes del IFAI que tienen que atenderse, pero una restricción de esta naturaleza se impediría.
Y al mismo tiempo quieren permitirse ampliar los plazos de reserva de información y hacer prórrogas consecutivas, con lo cual algunos temas prácticamente se mantendrán reservados a lo largo del tiempo.
Y al mismo tiempo se van flexibilizando normar para la autoridad para generar, preservar, publicar la información de todos los actos que ésta genera y al mismo tiempo se pretende con todo ello modificar la naturaleza fundamental del sistema que es antes que nada garantizar el derecho de los ciudadanos a ejercer este derecho humano ya plasmado en el artículo 6° de nuestra Constitución Política.
Zoé Robledo complementa.
Zoé Robledo A., (ZRA): Muchas gracias, simplemente para complementar lo dicho por mis compañeros senadores, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas, sobre cuatro temas fundamentales que le preocupan al Grupo Parlamentario del PRD con esta redacción que efectivamente puede terminar en una terrible regresión.
La primera tiene que ver con las recomendaciones e incumplimiento de obligaciones de transparencia. Lo que se está pretendiendo es eliminar la figura de la recomendación, esto está en el artículo 25.
Esa figura es fundamental para el cumplimiento preventivo y es probable que se le quiera dar un carácter no vinculante, pero esa ya es naturaleza hoy de las recomendaciones.
Segundo, sobre el tema de la naturaleza del sistema. Yo creo que no podemos estar de acuerdo con esta interpretación que se está haciendo al artículo 26 respecto al Sistema Nacional de Transparencia. La finalidad de una Ley General es justamente distribuir competencias, y de hecho a sí se hará, si no se hiciera pues no habría orden, porque podremos preguntarnos quién presidiría el sistema o si cómo se distribuirían estas competencias.
Aquí es muy claro, y hay que decirlo, que el artículo 43 en esta nueva redacción, lo que se pretende es eximir de la responsabilidad de establecer comités de transparencia, fíjense, a los siguientes organismos:
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación; el Centro Federal de Protección a las Personas; a la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada; al Estado Mayor Presidencial; al Estado Mayor de la Defensa Nacional; al Estado Mayor de la Armada.
Aquí nosotros no estamos de acuerdo, ni tiene sentido, ni en términos democráticos, ni en términos de criterios de seguridad.
Cuarto, el tema de la prueba del daño. Eliminar la prueba del daño representaría un gran retroceso en materia de acceso a la información, corresponde a la autoridad que pretenda que determinada información sea reservada, demostrar la legitimidad de su pretensión. Que demuestren por qué quieren reservar la información.
El Comité Jurídico Internacional en los principios de derecho de acceso a la información, ya establece que la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe de recaer en el órgano al cual la información le fue solicitada.
Esto se quiere eliminar e ir en sentido contrario de lo que están ocurriendo en el mundo.
No basta con que la autoridad simplemente afirme que existe un riesgo, la autoridad debe proporcionar razones específicas y sustanciales de manera fundada y motivada para restringir el derecho al acceso a la información de las personas.
Por lo que no recomendamos nosotros, ni estamos de acuerdo en admitir esa modificación que fue propuesta por el PRI y por el Partido Verde Ecologista de México.
Y por último el tema de los whistleblowers. En el artículo 214, y se pretende eliminar esta figura probablemente porque no se entiende bien de qué se trata, aquí lo que estamos planteando, y es una exigencia también de la sociedad civil, es de la excepción de la figura anglosajona de whistleblower que son los alertadores, o déjenme decirlo así, son los soplones que normalmente se tratan de empleados gubernamentales que informan sobre casos de abuso, de fraude y de mal gasto.
Esta es una demanda de la sociedad civil, y en efecto no hay un fundamento constitucional, pero suprimirlo en esta ley generará u problema de legitimidad, finalmente con los grupos que durante 200 horas estuvimos trabajando y que una de sus peticiones es incorporar esta nueva figura como un mecanismo, justamente para alertar sobre este tipo de abusos, de fraude o de otras prácticas inadecuadas en el gobierno.
Solo se requerían hacer unos ajustes para hacer esta figura operativa, y pues bueno, son 4 temas adicionales a los ya mencionados en los que el grupo Parlamentario no está de acuerdo con esta nueva redacción.
Dolores Padierna Luna, (DPL): Este es un tema amplísimo, pero rapidísimo les comento que también quieren evitar algo que ya está acordado, que no sean transparentes los fondos y los fideicomisos.
Tengo ahí el estudio, tanto el Banco de México, como en Secretaria de Hacienda y Crédito Público hay una cantidad inmensa de millones de pesos del erario que están dispersos en fondos y fideicomisos y si lo extendemos a los tres Poderes de la Unión podemos juntar muchísimos recursos y fideicomisos, pero lo que aquí importa -y le van a echar reversa-, es porque ahora tenemos un fondo muy importante, el más importante en toda la historia que es el Fondo Mexicano del Petróleo al seno del Banco de México y, por eso, el Banco de México ha opinado que lo que ponga en riesgo la estabilidad económica, financiera, además de la monetaria no se dará a conocer; cuando la transparencia es lo que permite la estabilidad económica y financiera o la falta de transparencia es lo que impide el crecimiento y el desarrollo sano de las finanzas públicas.
Por otro lado, están los beneficios fiscales: ¿a quién le dan créditos fiscales, a quién le regresan impuestos?, ¿a quién le regalan, le exoneran, lo exentan del pago de impuestos, etcétera?, esa información es y debe de ser transparente y en las reversas que está haciendo el Gobierno Federal es impedir que conozcamos los beneficiarios de créditos fiscales.
Diría, por último una cosa fundamental: el artículo 21 transitorio de la reforma energética constitucional establece máxima transparencia en todo los procedimientos; quieren borrar todo el capítulo de transparencia en materia energética ¿para qué?, dicen ellos que eso ya está considerado en las leyes respectivas, pero en las leyes respectivas y se los podemos demostrar una por una es la autorregulación, es la opacidad, es la mera simulación.
Entonces, sí es muy importante poder aprobar la iniciativa tal y como la teníamos aprobada las comisiones, sin la injerencia del gobierno federal.
Angélica de la Peña Gómez, (APG): Muchas gracias.
Creo que es muy importante abundar en lo que la senadora y los senadores han manifestado, los cambios que a última hora están planteando claramente el Grupo Parlamentarios del PRI no tienen que ver con la negociación global que hemos impulsado.
Lo preocupante es que estos cambios por supuesto que inciden en seguir manteniendo una gran discrecionalidad y afectando los preceptos inscritos en la Constitución.
De manera muy importante me parece que es muy necesario destacar que en estos momentos el seguir preservando esta discrecionalidad en cuanto al conocimiento y violando por supuesto la Constitución, de la excepción que se hace del CISEN, del propio Estado Mayor Presidencial, en este caso, el Estado Mayor del Ejército o instituciones de seguridad pública como el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas o la Dirección de Coordinación e Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad, entre otros, nos parece que tergiversan el precepto de la Constitución.
Por supuesto que en estos momentos en que el país está enfrentando una serie de (inaudible) que tienen que ver con violaciones graves a los derechos humanos, es cuando más estas instituciones que en muchas ocasiones son señaladas precisamente por la violación a los derechos humanos y no se conoce qué es lo que hay detrás de las decisiones y resoluciones que tomar y se sigue preservando la reserva y, por supuesto, la discrecionalidad que impide conocer que haya plena transparencia en cada una de sus acciones.
Nosotros estamos realmente preocupados de que además de que ya estamos entrando a los tiempos violatorios de la vacatio legis que se definió en la propia Constitución, ahora simple y sencillamente haya una tergiversación de los acuerdos que ya habíamos impulsado.
Si a esto se unifica lo que está aconteciendo frente al abortado proceso de elección del Fiscal Anticorrupción, que no entendemos por qué la Junta de Coordinación Política después de una convocatoria pública señala que quienes se inscribieron son idóneos y mandata a las comisiones que procedan con la siguiente etapa de la convocatoria para que vengan a comparecer, simplemente al final de la jornada algo pasa y nos dicen a las comisiones que no es ninguna de estas personalidades la idónea.
Eso nos parece que junto con esta intención de detener la discusión de los corchetes que a última hora ha presentado el PRI, nos parece verdaderamente lamentable el mensaje que le estamos dándole a nuestra nación.
Yo creo que por el contrario, como dicen nuestras compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, lo que tendríamos que estar haciendo es exactamente al revés, es decir, hacerle caso, atender las exigencias que nos hace la sociedad para que haya transparencia en este país, para que haya rendición de cuentas y para que haya una verdadera fiscalización que no simule que va a revisar lo que hace su jefe sino que tenga como lo dice la Constitución, plena autonomía en el ejercicio de sus funciones.
Y por supuesto, la ley secundaria es fundamental para que este tipo de requerimientos urgentes puedan tener lugar en el marco jurídico de nuestro país.
Sesión de preguntas y respuestas.
Pregunta, (P): Buenas tardes, justamente respecto a estos puntos que ustedes describen, tanto el PRI da su propia versión.
Dice que son ustedes los que están entendiendo de manera distinta las propuestas que ellos están haciendo. Tienen punto por punto respuesta a cada uno de ellos.
Lo que quiero saber es si desde su valoración, ustedes tienen una posición, ellos tienen otra, parece irreconciliable. ¿Esto significa que el proceso para la construcción de la Ley General de Transparencia está empantanado?
Dos, por un lado las organizaciones sociales están haciendo activismo para tratar de romper lo que ellos llaman esta idea de retroceso. Ustedes hacen esta declaraciones, pero más allá de esto, senadores, ¿tienen planteado pedir una audiencia con el pre4sidente de la República de manera directa con el Secretario de Gobernación, con Videgaray?, no sé con alguien que pueda darles a ustedes soluciones de destrabar estos puntos.
Tres, si ante este escenario en el que ustedes nos plantean una realidad en la mesa de negociación y el PRI nos plantea otra realidad en la mesa de negociación cuando es la misma, ¿sería ahí necesario que el Senado abriera al escrutinio público la transmisión en vivo de estas negociaciones que hacen en privado, para la construcción de dictámenes? Porque las comisiones cuando se abren es nada más para aprobar ya los dictámenes, pero los dictámenes los construyen en reuniones privadas.
¿Sería necesario que en este tema particular y ante la polarización, que se pudiera abrir para que todos los interesados valoráramos cuales son las posiciones de cada uno de ellos?
Muchas gracias.
AGP: El problema es que los corchetes tiene un origen, ¿con quién vamos a discutir los corchetes del proceso? con quien presentó las diferencias. Lo que nosotros estamos planteando al Grupo Parlamentario del PRI es que no tiene ninguna razón estar discutiendo con quienes no están tomando decisiones, es decir, con quienes no presentaron los corchetes.
El problema que tenemos es si hay corchetes que se están presentado de última hora, necesitamos discutir con quien presentó esos corchetes, si no no hay manera de que tengamos posibilidad de negociar absolutamente nada.
En cuanto a lo que planteas respecto de que las discusiones tienen que ser abiertas y públicas, estamos totalmente de acuerdo y nosotros no tenemos ningún problema de que sea así.
ARP: Solamente para ahondar, a reserva que Alejandro Encinas comente, dado que él ha venido llevando la interacción con los otros compañeros.
El proceso legislativo es en el Poder Legislativo; nosotros no tenemos por qué ir a pedirle, iba a decirlo de otra forma, no tenemos por qué ir a tener un diálogo con otros actores.
Aquí, estas 80 modificaciones están planteadas por dos grupos parlamentarios, por el PRI y por el Verde, y creo que salta a la vista que ellos cambiaron el formato que se venía trabajando.
Tan es así que las organizaciones de la ciudadanía que venían participando están manifestando públicamente su rechazo a los planteamientos. Y creo que es importante poner el contexto político en el que estamos: a la exigencia de mayor apertura, a la exigencia o a la ausencia de credibilidad por hechos tan terribles como los de Ayotzinapa, Tlatlaya, los escándalos de corrupción que tienen que ver con las casas y la relación con HIGA, el tema del tren urbano de Querétaro.
Toda esa situación que es octubre – noviembre – diciembre, la respuesta que tiene el gobierno Federal es, en lugar de acercarse a la ciudadanía, a su demanda de mayor transparencia, es un rechazo a lo que ya se había venido avanzando.
Me parece que es importante subrayarlo, porque entonces siguiendo lo que dice la Senadora Angélica, tendríamos que tener de parte del PRI y del Partido Verde, contrapropuestas toda vez que esto está totalmente rechazado por parte de la sociedad civil, y por parte de nosotros como grupo Parlamentario.
Alejandro Encinas.
AER: Muy breve porque creo que la senadora de la Peña y el senador Ríos Piter ya lo han señalado.
Primero, nosotros no somos obstáculo para ningún acuerdo.
El acuerdo que alcanzamos está plasmado en la iniciativa. Regresemos al texto de la iniciativa y sobre eso, con esa base se realice el dictamen.
Segundo, si ya se agotó esta discusión en el comité redactor, convóquese a las comisiones unidas, que el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, que encabeza las comisiones dictaminadoras formule a un proyecto de dictamen, un aten proyecto de dictamen.
Hagamos la discusión pública, invitemos a quien se tenga que invitar para que no haya un cabildeo extraparlamentario, sino que se realice aquí la discusión pública en el Congreso.
Y sería muy bueno que esto se organizara en las próximas horas o en los próximos días.
P: ¿No está empantanada la discusión?
AER: Si ya esto se agotó y tenemos muy claro en qué estamos de acuerdo y en qué no, pues vamos a las condiciones unidas.
Y también quiero señalar, el Partido Acción Nacional comparte estas posiciones y no coincide con las regresiones que se quieren plantear. No es un asunto solamente entre el PRI y el PRD, sino es un diferendo pues con los que fuimos los promoventes de la iniciativa y la integración del grupo redactor.
P: Senadores, comentaba la senadora Padierna que el tema de los fideicomisos, es viejo el tema, muy viejo, y el Banco de México ha venido en reiteradas ocasiones pública y en comisiones, en privado, a tratar de reiterar que abrir el secreto bancario de los fideicomisos, de los fondos, es precisamente generar bases para una crisis como la ocurrida en años pasados y que esto pone en riesgo la economía, no nada más la política monetaria, sino la economía y las finanzas, no nada más las públicas, incluso la credibilidad de las instituciones financieras.
Esto me parecía que ya era un tema rebasado, que ya no había ningún problema sobre el particular y que incluso pues se estaban atendiendo o se estaba matizando sujeto obligado Banco de México hasta dónde y por dónde, o sea, nunca fue atendible ya a la mera hora el predictamen, porque así lo entiendo, el predictamen o la propuesta de dictamen correspondiente, senadora.
¿Cómo quedaría pues el caso concreto de los sujetos obligados por el lado del Banco de México y si se transparentaría o no este tipo de circunstancias? Porque en algún sentido sí se generarían problemas con el manejo del sistema financiero en nuestro país, por lo menos es el argumento central, todo el tiempo para Agustín Carstens.
Por otro lado, en el día después, un poco lo que decía el senador Encinas, (inaudible) que ya se iba a dictaminar o que ya estaba a punto de, ¿qué pasó y qué va a pasar en el día después, ya cómo van a cerrar este asunto?
¿Nos vamos en efecto, acaba de decir el senador Encinas, ya a las discusiones en comisiones o ya con todos los corchetes nos vamos al pleno? ¿Qué va a pasar en el día después por favor?
DPL: Hay que decir que los recursos millonarios que hay en los fondos y fideicomisos son recursos públicos y que, por lo tanto, deben de tener máxima transparencia, más aún si se trata del Fondo Monetario del Petróleo se trata de ingresos petroleros que deben de estar a la vista al día, diario se saca petróleo, diario hay ingresos petroleros, diario tenemos que revisar cómo se va conformando este Fondo Mexicano del Petróleo.
Lo que dice el PRI es que no acepta la transparencia en fideicomisos y fondos públicos y que son inversiones ya hechas; solo quisiera recordar que ellos pusieron como ejemplo el fondo noruego de las pensiones que es completamente transparente y ahora que ya tenemos el Fondo Mexicano del Petróleo no quieren dar la transparencia.
Yo coincido con su comentario, no agrego más que decir que todo el estudio de fondos y fideicomisos algunos aparecen en los anexos que nos entregan en los informes trimestrales la Secretaria de Hacienda, no así el Banco de México y nos interesa sobre manera que sean todos y también los de Poder Judicial y Poder Legislativo y los órganos autónomos.
P: Es sólo unas presiones. ¿Qué tan regresivo es que hayan eliminado de la iniciativa esta posibilidad de que se conocieran los nombres de los grandes empresarios beneficiados con excepciones fiscales?
Y por otro lado también, ¿cómo implica en la transparencia que en lugar de reducir incremente el número de años en que alguna información tiene que estar reservada?
APG: Andrea, es muy grave porque además contraviene la Constitución, hay que decirlo de manera puntual, la Constitución es muy clara en su artículo sexto, «todas aquellas instituciones, públicas y también privadas, que tengan algún recurso público están obligadas a transparentar el manejo de esos recursos».
El que hayan planteado de última hora estos corchetes a la iniciativa que ya veníamos trabajando y que todos los grupos estábamos de acuerdo, significan ni más ni menos que un retroceso en el cumplimiento de la Constitución, una violación flagrante a la Constitución, ni más ni menos, porque ya estamos frente a un precepto constitucional que se tiene que cumplir.
El problema es más complejo, el problema es que este país está vuelto loco, quien conduce las riendas de este país no encuentra la punta de la madeja para entender que todo lo que estamos discutiendo en materia de transparencia, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, desde esta Legislatura forma parte de un mismo tema; entonces, darle la vuelta a todo el proceso constitucional de revisión y diseño de las leyes secundarias en la materia o en la creación del nuevo sistema o la definición de nuevos nombramientos, por supuesto, finalmente desde el Ejecutivo terminó en un pichicato nombramiento de una Secretaría que prácticamente había desaparecido que el propio Ejecutivo mandó al Senado de la República como Cámara de origen que reformaba la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me refiero a la Secretaría de la Función Pública.
De tal forma que sí hay un retroceso, hay una actitud alevosa de evitar que se conozcan a tiempo esta rendición de cuentas, y efectivamente es preocupante que estos corchetes tiendan efectivamente como tú lo señalas en vez de plantear, como habíamos conciliado, de cinco años a siete años la reserva, me parece que es muy grave.
ARP: Hay un tema que me parece que está en el día de hoy y el día de ayer debatiéndose, no solamente aquí sino en el mundo entero. Es el escándalo de HSBC, y tiene que ver con tu pregunta, porque lo que se asume es que entre el 2006 y el 2007, hubo gente de este país, se habla de alrededor de 2 mil mexicanos, que trasladaron cuentas a Suiza y que posiblemente lo hicieron para evitar el pago de impuestos, para evadir el fisco.
De tal manera que en un contexto como el que estamos hablando, donde hay un escándalo de esa magnitud, que implica gente de muchos países, donde México apenas es el treintavo lugar de esa lista. Hay gente de muchos países, pues obviamente el pretender que no se identifique el pago de impuestos por parte de grandes actores en este país, pues es a todas luces atentatorio contra la visión universal que se tiene que tener del pago de impuestos, y de saber quién está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales.
DPL: El SAT ha publicado las listas negras donde aparece una lista de nombres de personas que debiendo de pagar impuestos no los pagan; está bien, por qué no da a conocer los nombres de los que no solamente no pagan, sino que reciben impuestos o bien que les dan crédito fiscal y los van alargando en cada año fiscal, hoy no te pago, te pago el año que entra y es una cantidad inmensa. Tan solo de créditos fiscales llegamos a 600 mil millones de pesos y así si le sumamos cada rubro son miles de millones de pesos ocultos, opacos que requerimos que se hagan transparentes.
P: Senador Encinas, uno de los cuestionamientos de la sociedad civil y organismos ha sido por qué no se ha hecho pública toda esta discusión que ustedes han tenido en comisiones o en el grupo redactor, una ley de transparencia se construye sin transparencia. ¿Quién decidió que no se transmitieran estas discusiones que están teniendo ustedes?
Otro tema, me parece que se está introduciendo algo de observadores permanentes con voz, que si bien va a ser voz, atenta contra la autonomía del IFAI también.
AER: Bueno, en primer lugar la respuesta es muy sencilla, estamos haciendo el trabajo que nos toca como legisladores; estamos en un grupo redactor donde pretendemos que el dictamen pudiera elaborarse y eso le compete en caso concreto a los integrantes de los grupos parlamentarios que forman parte de estas comisiones unidas.
Ya que esté el proyecto o el anteproyecto elaborado, pues se hará toda la discusión y el debate público.
Y en segundo lugar, efectivamente dentro de las acciones que hemos cuestionado es que se quiere incorporar como invitados permanentes con derecho a voz a formar parte del Sistema Nacional de Transparencia a los propios sujetos obligados, al Ejecutivo federal y a los legisladores, al (inaudible) jurídico, es rompe con la autonomía que debe tener, no solamente los órganos garantes, el IFAI y lo que son los órganos garantes locales, sino el conjunto del sistema.
Yo creo que debe estar perfectamente limitado el ámbito de intervención de cada uno porque en este caso los sujetos obligados no pueden ser parte, aunque sea sólo con voz y como invitados, del sistema que los va a fiscalizar en el cumplimiento de sus obligaciones.
