En medio de una crisis social y económica
El inicio de 2015 está marcado por la continuidad de la crisis en materia económica y social, y por la pérdida de credibilidad de las instituciones del Estado mexicano. Existe una economía frágil que enfrenta una drástica caída en los precios del petróleo, una devaluación del peso frente al dólar, estancamiento económico y un malestar social derivado de la incapacidad de las autoridades ante la impunidad para impartir justicia.
En este momento, el escepticismo y la indignación social son grandes, particularmente entre los jóvenes. Vivimos en un país en donde uno de los sectores sociales más importantes no cree en las autoridades y siente temor de los policías y los militares.
Los anuncios del gobierno de inicio de año para enfrentar esta crisis fueron insuficientes, ajenos a la verdad en lo concerniente a energéticos e insuficientes en los demás temas, porque si bien podrían beneficiar a un sector específico, no reactivan la economía general, ni contribuyen a resolver la crisis social en el corto o en el mediano plazo.
No hubo un anuncio importante del gobierno y, por tanto, la sociedad permanece en la incertidumbre. En la población queda la duda de si el gobierno quiere salvar al Estado, si es capaz de reconocer qué instituciones y personas tienen responsabilidades en los hechos de Iguala-Cocula. Sería lamentable que la estrategia del gobierno ante el expediente Ayotzinapa fuera apostarle al desgaste o al olvido.
Para que las instituciones puedan recuperar credibilidad, resulta necesario formular y responder cuestionamientos como: ¿Qué no ha hecho el Poder Ejecutivo? ¿Qué no ha hecho el Poder Judicial? ¿Qué no hemos hecho en el Congreso? Desde el Legislativo debe reconocerse que no hemos sido capaces de construir un ejercicio parlamentario autónomo e independiente capaz de dar resultados; en momentos importantes de esta Legislatura han pesado más los intereses de grupo o de partido.
Consideramos que debe existir un ejercicio parlamentario ajeno al protagonismo. Debemos legislar de manera responsable y construir un Legislativo que realmente actúe como un poder autónomo del Estado y como un eficaz control y contrapeso al Ejecutivo.
El Poder Judicial es un poder que parece intocable. Este poder debe ser capaz de ejercer la autocrítica para que pueda contribuir de manera efectiva a construir un país de leyes y derechos. En este poder también se han expresado divisiones, y en temas específicos se han hecho presentes intereses que han incidido en sus decisiones. México espera que las causas de justicia sean también las causas del Poder Judicial. No habrá reforma del Estado si no se hace una profunda transformación a este Poder.
En el Poder Ejecutivo, además de revelarse como malos gobernantes, se vislumbran rasgos preocupantes de autoritarismo y de un sistemático rechazo a cualquier control democrático. El Estado en su conjunto ha fallado y la superación de la crisis depende del trabajo conjunto de los poderes que lo integran.
Ante la situación del país, deben desplegarse acciones en tres ejes: economía familiar; seguridad, justicia, derechos humanos, combate a la impunidad y a la corrupción; y normalidad democrática.
La izquierda sostiene que es necesario aplicar otro proyecto económico que atienda el mercado interno y aplique una mejor política industrial. La situación económica y las perspectivas negativas para este año hacen necesarias medidas emergentes, entre las que se encuentran: aumento de los salarios; ampliar el sistema de becas y los apoyos a mujeres jefas de familia; incrementar los apoyos a los adultos mayores; eliminar trámites excesivos para emprender negocios y disminuir costos; apoyo al campo; establecer una política real para la erradicación de la pobreza alimentaria; y establecer un efectivo plan de austeridad gubernamental.
Las indagatorias sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, a más de tres meses de los hechos, deben estar concluidas, por lo que no existe justificación para no dar a conocer sus resultados. Lamentablemente, tal parece que el gobierno ha decidido no revelar la totalidad de los vínculos del crimen organizado con las instituciones presentes en la región de Iguala y Cocula. Parece que erróneamente se apuesta al desgaste de la protesta social y a la corta memoria. En el caso de Tlatlaya, el gobierno se ha negado a reconocer las responsabilidades de las autoridades involucradas en estos hechos. La única posibilidad de recuperar la credibilidad del Estado es sancionar a todos los responsables, sin importar niveles e instituciones a las que pertenezcan, sin ningún resquicio para la impunidad.
En un sistema democrático, ante las fallas en el ejercicio del servicio público, existen responsabilidades políticas. El gobierno federal debe hacer cambios en su gabinete en las áreas que sean necesarias para mandar mensajes claros a la sociedad de que existe la voluntad de hacer las cosas de manera diferente. Mantener la actual integración del gabinete abona a la percepción de impunidad que la sociedad tiene sobre el gobierno.
@MBarbosaMX
Presidente de la mesa directiva del
Senado de la República
