VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA PARA PRESENTAR PUNTO DE ACUERDO SOBRE CASO TLATLAYA
Sen. Dolores Padierna Luna: Venimos a presentar un tema muy doloroso, muy horroroso que estamos padeciendo entorno a la violencia que no cesa
Ese mundo feliz que trata de vender el gobierno en materia de seguridad solo existe en los discursos y la propaganda.
Desde hace meses, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende convencer a la ciudadanía de que hay una disminución sensible en los asesinatos y otros delitos de alto impacto, pese a que numerosos reportes independientes e incluso las cifras oficiales contradicen este discurso.
De la guerra sucia del narco de Felipe Calderón hemos pasado a una guerra de propaganda. El gobierno quiere ganar la batalla de la seguridad en las pantallas y en los spots, mientras muchas zonas del país continúan viviendo bajo el terror.
El combate al crimen organizado y a la delincuencia común ha estado marcado por graves violaciones a los derechos humanos que involucran no solamente a los cárteles sino para desgracia de nuestro país, los avances logrados en las leyes han sido letra muerta, también a los órganos del Estado que deberían justamente salvaguardar las garantías individuales también son letra muerta.
Entre 2003 y 2013, los casos de tortura y malos tratos por parte de los agentes de seguridad de México han aumentado 600 por ciento, de acuerdo a cifras que da Amnistía Internacional, el 4 de septiembre de este año.
La actualidad de estas cifras destaca un hecho: el preocupante aumento de la tortura ocurre ya bajo un gobierno que prometió enderezar la estrategia, dejar atrás la guerra de Calderón y privilegiar las labores de inteligencia y de prevención.
Nada ha ocurrido en esa dirección y, por el contrario, tenemos que alzar la voz frente a hechos que nos recuerdan la época de la guerra sucia, frente a gravísimas violaciones a los derechos humanos que creíamos desterradas.
Me refiero, claro, al caso del municipio de Tlatlaya, estado de México, donde el 30 de junio pasado se reportó oficialmente un enfrentamiento entre elementos del Ejército y miembros de la delincuencia organizada, con un saldo de 22 civiles muertos, entre ellos una menor de edad.
Sólo tras la publicación de reportes periodísticos que echaron por tierra la visión oficial fue este gobierno el que admitió que lo ocurrido en Tlatlaya no se correspondía con sus propios dichos en su versión inicial.
Los hechos de Tlatlaya vuelven a poner en la mesa la pertinencia de que nuestras Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública que corresponden a corporaciones civiles y dejan también a un lado la promesa del gobierno federal de que paulatinamente iría regresando el Ejército a sus cuarteles.
Esclarecer plenamente estos hechos es vital para la salud democrática de un país que no puede admitir la repetición de actos como los que ocurrieron el 30 de junio.
Tlatlaya es un recordatorio urgente de que es preciso un cambio radical en la estrategia de combate a la delincuencia.
Mientras este caso sigue sin resolverse, debemos lamentar lo ocurrido también el pasado día 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde en varios hechos violentos presuntamente relacionados, fueron asesinadas seis personas, entre ellas los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Según organismos de derechos humanos, 20 personas más resultaron heridas y 57 están desaparecidas.
Según el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, “las ejecuciones extrajudiciales evidencian de parte de la policía municipal un uso excesivo de la fuerza, una intención deliberada de ejecutar ilegal y arbitrariamente a los estudiantes; y de las autoridades estatales y federales, una omisión para implementar medidas que evitaran una segunda agresión”.
Es este caso, conveniente recordar que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez ha sido señalado directamente, a manos de un testigo, de haber asesinado a nuestro dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, quien fue “levantado”, con otras seis personas y luego fueron brutalmente asesinados.
Según publicaciones de prensa, el alcalde es investigado por el gobierno federal, debido a que tiene nexos con el grupo delictivo denominado Guerreros Unidos.
Las ejecuciones en Iguala se suman a un clima de violencia persistente en el estado de Guerrero. Sigue sin esclarecerse, por ejemplo, el asesinato de Javier Evaristo Bautista, ocurrido el pasado 17 de septiembre en Ometepec, Guerrero.
Evaristo era el mejor aspirante posicionado para ocupar la alcaldía de Azoyú, o para ser el candidato a la alcaldía de Azoyú y en este caso como muchos otros, sigue la lacerante impunidad.
Quisiéramos y todavía recordamos aquellos jóvenes muertos el 12 de diciembre de 2012 a manos de elementos de la policía estatal y federal en la autopista de Guerrero; nos gustaría que esos jóvenes siguieran luchando la defensa de la normal rural y por los derechos de la juventud a estudiar.
Quisiéramos también que Rocío Mencino siguiera viva defendiendo con interés los derechos humanos de indígenas y campesinos en la sierra sur de Guerrero, extrañamos Arturo Hernández Cardona nuestro entrañable compañero de una trayectoria intachable y limpia en favor de los pobres y las mejores causas del pueblo guerrerense.
Nos indigna que pistoleros hayan asesinado a estudiantes y a futbolistas y nos llena de coraje que nuestro compañero Evaristo Bautista haya sido vilmente asesinado; no aceptamos esta impunidad que tolera este tipo de agresiones, urgimos a que la represión, los asesinatos, las matanzas, las desapariciones forzadas, las persecuciones, las ejecuciones extrajudiciales contra luchadores sociales, contra defensores de derechos humanos, contra periodistas, contra estudiantes, contra futbolistas, contra dirigentes de izquierda deben movernos a todas y a todos a exigir un cese inmediato a esta violencia y a cambiar la estrategia de seguridad pública y al combate al crimen organizado que todos estamos padeciendo; es una política criminal contra movimientos sociales, es un nuevo tipo de guerra sucia para callar voces de protesta y todo movimiento opositor, todo tipo de disidencia y debemos exigir un ya basta a esto que se puede titular como una violencia de Estado.
La PGR debe atraer a los casos de Guerrero, ya lo hemos pedido insistentemente al Procurador General de la República en otras ocasiones cuando mataron a nuestro dirigente Arturo Hernández Cardona y no han atraído estos casos; a todas luces las fuerzas policiales y judiciales locales están rebasadas y en las municipales en varios casos están infiltradas por el crimen organizado.
Se requiere una sola estrategia en todos los niveles gubernamentales y sobre todo atacar entre todos la pobreza y la marginación que es el caldo de cultivo de la descomposición del tejido social.
Es cuanto, muchas gracias.
