VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA DURANTE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OCEANOGRAFÍA
Sen. Dolores Padierna Luna: Gracias licenciado Héctor Orozco Fernández, director general del SAE, gracias por su visita a la Comisión de Oceanografía.
Han transcurrido 7 meses desde que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la empresa Oceanografía para recibir nuevos contratos por múltiples irregularidades en su relación de contratista de Pemex
7 meses que la PGR inició investigación a petición de Banamex y que el gobierno federal determinó la intervención del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes en la compañía naviera con el objetivo de “salvar las fuentes de empleo” y poner a concurso mercantil a la contratista consentida en los últimos sexenios.
Durante este lapso, en lugar de tener avances claros, tenemos retrocesos, en vez de transparencia en el manejo del SAE nos encontramos con una profunda opacidad, con conflicto de intereses y con un juego de encubrimientos que nos obligan a pensar que estamos ante un “fraude consentido”, cuyas ramificaciones son extensas.
De acuerdo a la normatividad, la responsabilidad fiduciaria del SAE debe ser guiada por la transparencia más amplia.
De acuerdo al artículo 31 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes de Servicio Público que ordena procedimientos “económicos, eficaces, imparciales y transparentes” en los bienes que administra; contraviniendo esto, esta comisión del Senado de la República desconoce la información crucial al menos de tres documentos fundamentales: el diagnóstico inicial –que hoy lo conocemos aunque sea verbal y a groso modo-; el inventario de los bienes activos en una entrega-recepción; y la rendición de cuentas. Esta comisión tiene interés legítimo para ello.
El SAE no ha entregado la valoración técnica para decidir el curso que dar a los bienes, activos y a la cartera de Oceanografía para que se pueda entender cabalmente las dimensiones y la naturaleza del fraude cometido en contra de Banamex y, sobretodo, su impacto en Pemex.
Frente a esta opacidad tenemos claros indicios de conflicto de interés y de colusión en el proceso de intervención y de concurso mercantil de la empresa.
Yo quiero hacerle cuatro preguntas argumentadas:
El abogado de Amado Yáñez, accionista principal de Oceanografía, es Sergio Viveros Romero. Al mismo tiempo, Sergio Viveros Romero es abogado del SAE; en otras palaras, es juez y parte en la función de intervención. ¿Cómo explica usted este doble papel del abogado de Amado Yañez, principal responsable del fraude y, ahora, contratado por usted?
Dos, usted designó a Luis Alfonso Maza Urueta como administrador general de Oceanografía con un sueldo de 619 mil pesos mensuales, pero él es es nada más y nada menos que cuñado del ex gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, tío del actual presidente Enrique Peña Nieto. Además, es muy cercano al abogado general de Pemex, Marco Antonio de la Peña Sánchez, con quien trabajó en Banobras, bajo las órdenes de Tomás Ruiz González.
Maza Urueta llevó a la administración de Oceanografía a los mismos interventores que llevaron a la “quiebra falsa” a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a Gustavo Enrique Bazúa y Alfonso Salvador Compeán Gallardo, con sueldos de 230 mil pesos mensuales, superior al fijado al presidente de la República.
¿Cómo explica usted estos salarios en una empresa, en una compañía que tiene pasivos por 17,823 millones de pesos, tres veces más que sus activos de 6,745 millones de pesos? Estos sueldos pagados por una empresa quebrada.
Tres, la PGR solicitó a las autoridades correspondientes la aprobación a concurso mercantil de Oceanografía y nombró para tal efecto al juez Felipe Consuelo, el mismo juez encargado de alargar tramposamente la agonía de Mexicana de Aviación. El juez concursal en este caso de Oceanografía, ha actuado diametralmente opuesto al caso de Mexicana y sus decisiones parecen encamina das a beneficiar al mismo grupo económico en ambos casos, a la familia de Miguel Alemán, beneficiada al quedarse con el mercado que dejó la principal aerolínea del país a través de su empresa Interjet y, ahora, interesado en comprar Oceanografía.
El periódico Reforma el pasado 18 de septiembre publicó en una columna que Miguel Alemán está interesado en adquirir Oceanografía en sociedad con Transportadora Marítima Mexicana.
También, menciona al grupo de Carlos Hank Rohn y a otros inversionistas vinculados todos con el actual grupo de poder, es un simple cambio de manos de panistas a priistas.
El juez Felipe Consuelo Soto, en el caso de Mexicana no le interesó la prioridad de mantener las fuentes de empleo y pagarles a los trabajadores, sí afortunadamente en el caso de Oceanografía, evidentemente, que este juez Consuelo Soto es un juez de consigna, como le ordenan que haga las instrucciones, así las hace.
Y, por ello, en una obvia justificación jurídica, ordenó a la Secretaría de la Función Pública que libere a Oceanografía de las sanciones impuestas por 500 millones de pesos, nada más falta que ordene que le pidan perdón a Amado Yañez.
¿Cómo entender que el mismo juez haya autorizado a Banorte el cobro de 200 millones de pesos a Oceanografía y a recuperar el derecho de cobrar directamente de Pemex facturas a su favor cuando hay más de 149 acreedores esperando sus pagos? O ¿Pemex va a pagar facturas sin que la empresa haya cumplido con lo estipulado en decenas de contratos?, ¿Cómo el juez puede autorizar estas decisiones?
Cuatro, la opacidad y las contradicciones que rodean el caso Oceanografía se extienden hasta el principal banco involucrado en el fraude.
El pasado 10 de septiembre, se venció el plazo para que Banamex Citigroup presentara ante el juez concursal los documentos que acreditan el adeudo del orden de 580 millones de dólares.
Le pregunto: ¿presentó Banamex ante el conciliador designado por el SAE los documentos que acreditan este monto?, ¿a cuánto asciende el monto de todos los demás acreedores y los pagos que Pemex ha realizado a las empresas afectadas, a través de un esquema de fideicomiso, entre las que destacan empresas como Rabobank, CandiesInvestment, Carval y Blue Marine?
El colapso de Oceanografía figura un ejemplo de cómo se utiliza a un contratista de Pemex para seguir afectando a la principal empresa pública del país. El 97 por ciento de los ingresos de Oceanografía provienen de la prestación de servicios a Pemex, servicios que no siempre prestó a Pemex y solo cobró estimaciones y facturas, ¿a cuánto asciende el daño patrimonial ocasionado a Pemex?
El pasado 26 de julio, el nuevo director de Pemex Exploración y Producción, Gustavo Hernández, manifestó que “la intervención que el gobierno hizo a Oceanografía costó una pérdida de 3 por ciento, es decir, 80 mil barriles diarios a las expectativas de extracción para 2014. Emilio Lozoya, director general de Pemex, la semana pasada, declaró ante diputados que no había daño patrimonial a Pemex, a quién de los dos funcionarios le creemos, ¿qué dice usted como principal administrador responsable de Oceanografía frente a estas contradicciones?, y como usted lleva muy bien el listado de los bienes y también los pagos; yo le agradecería muchos sus respuestas
Gracias señor director.
