Para disminuir el daño ecológico causado por la actividad minera a las reservas naturales y Selva Lacandona de Chipas, el Senador Zoé Robledo solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, implementar medidas para revertir el deterioro ambiental.
Además pidió que ambas dependencias emitan un informe, en un plazo no mayor a 60 días, para hacer una evaluación detallada de los daños ambientales en dicha región.
Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, el legislador por Chiapas sostuvo que las mineras han generado destrucción, contaminación ambiental y pérdida de flora, fauna y minerales en bosques, selvas, agua y ríos.
“Sus afectaciones han llegado a la zona del territorio selvático de Chiapas, incluida la Selva Lacandona, un baluarte de biodiversidad a nivel nacional y continental”, enfatizó el Senador Robledo.
“En Chiapas, seis compañías mineras internacionales operan en distintas etapas del proceso de exploración y explotación. En el estado se han definido siete regiones mineras con 97 concesiones autorizadas entre 2000 y 2009, donde hace pocos años esta industria ha comenzado a desarrollarse en 357 mil 443 hectáreas, muchas de ellas dentro de Áreas Naturales”, explicó.
Detalló que los problemas que genera la minería en la región son: pérdida de servicios ecosistémicos y de factibilidad del desarrollo, fragmentación de bosques, contaminación de aguas y suelos, mayor riesgo por deslaves, división comunitaria y aumento de enfermedades, entre otros.
Por ello, Zoé Robledo urgió a emprender acciones comunes entre instituciones, comunidades indígenas, organizaciones sociales, productores, ejidatarios y empresas para analizar y emplear las mejores técnicas de confinamiento, de tratamiento in situ y ex situ, para los efectos negativos que la minería tiene en el medio ambiente chiapaneco y, en especial, en la Selva Lacandona.
Finalmente, propuso que Semarnat y Profepa también emitan otro informe, en un plazo no mayor a un año, para dar cuenta de las medidas implementadas y los resultados obtenidos para disminuir y reparar dichos daños ambientales.
El punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para su análisis y posterior dictamen.
