La senadora Angélica de la Peña solicitó ante la Comisión Permanente que la programación del Canal del Congreso sea traducida a la lengua de señas mexicana, con el propósito de coadyuvar a que la accesibilidad a la comunicación sea realidad en los hechos y no sólo en la legislación y así lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos.
En el punto de acuerdo propuesto, la senadora del PRD expuso que los tres principales problemas que deben enfrentar las personas con discapacidad en nuestro país son el desempleo, la discriminación y la no autosuficiencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2011 (ENADIS.
Indicó que en México existen alrededor de 400 mil personas con discapacidad auditiva según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, quienes enfrentan una enorme cantidad de restricciones que les impiden contar con mecanismos de interacción y relación con la sociedad, aún y cuando desde 2003 la Lengua de Señas Mexicana es reconocida legalmente como lengua nacional.
En este contexto, la también presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente enfatizó que el Congreso de la Unión está obligado a promover todas aquellas medidas y prácticas que permitan facilitar el aprendizaje y la utilización de la Lengua de Señas Mexicana para personas sordas y para personas oyentes, a fin de facilitar la interacción, el diálogo y la información en el campo de lo social y de lo privado; además de posibilitar el acceso a la educación y al empleo, entre muchos otros espacios y aspectos de la vida.
«Mantener la transmisión de la programación del Canal del Congreso en los términos actuales, constituye una limitación de los derechos al acceso a la información y a la igualdad de las personas con discapacidad auditiva, por lo que resulta indispensable promover otras modalidades de comunicación y garantizar el derecho al acceso a la información de este importante sector de la sociedad.»
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado recalcó que se deben tomar en cuenta las necesidades particulares de la comunidad con discapacidad auditiva en nuestro país, ya que se dota de mayor protección y certeza jurídica a la sociedad en su conjunto y consolida nuestro sistema nacional de protección de los derechos humanos.
«Lo anterior no puede pasar desapercibido en el marco de la discusión actual en materia de telecomunicaciones, en el cual hemos logrado incorporar capítulos especialmente dedicados a los derechos de los usuarios y de las audiencias con discapacidad, a efecto de garantizar el derecho a la accesibilidad, de conformidad con los más altos estándares internacionales en la materia», concluyó la senadora Angélica de la Peña.
