Boletín de Prensa
Ciudad de México, a 4 de enero de 2018
Comparecencia de Osorio Chong para que informe blindaje de procesos políticos ante el crimen organizado, propone Angélica de la Peña
La senadora Angélica de la Peña Gómez propuso a la Comisión Permanente citar a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación, con el fin de que exponga las medidas que se tomarán para fortalecer la prevención de la violencia y el delito, así como los mecanismos para evitar que las acciones del crimen organizado impacten en la adecuada marcha de los procesos políticos locales.
En su punto de acuerdo, la legisladora del PRD también solicitó la comparecencia del titular de la Procuraduría General de la República, con el fin de que informe sobre las investigaciones abiertas por la probable intervención del crimen organizado en asesinatos contra servidores y ex servidores públicos municipales y estatales, representantes populares en las entidades, líderes partidistas y de organizaciones sociales.
Resaltó que 2017 ha sido el más violento del gobierno de Peña Nieto, con 9 mil 829 ejecuciones, 59 por ciento más que en 2016 (que contabilizó 6 mil 120) y prácticamente el doble que las de 2015 (que contabilizó 4 mil 789).
De la Peña Gómez apuntó que resulta muy delicado que la respuesta institucional consiste en escalar y reproducir las acciones que nos han llevado a esta grave crisis, tal como se demuestra con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, sin aceptar un verdadero debate para atacar a fondo las causas estructurales de la violencia criminal.
“Es un hecho que este 2017 la violencia se ha disparado, y amenaza con afectar directamente los procesos políticos locales, a menos que tomemos medidas efectivas para evitarlo”, agregó.
En el recuento de las ejecuciones están ocho presidentes municipales en funciones: de Tepexco y Huitzilán, Puebla; Ixhuatlán de Madero, Veracruz; Ixtlahuacán, Colima; Paracho, Michoacán; San Pedro Pochutla, Oaxaca; Bochil, Chiapas, y apenas el jueves 29 de diciembre, de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero. Agrega que también fue asesinado el alcalde electo de Hidalgotitlán, Veracruz.
Además, se contabilizan 34 políticos locales asesinados en 2017, distribuidos en 8 entidades, entre los que destacan: Jalisco, donde el diputado local Saúl Galindo (PRD) fue ultimado; Guerrero, donde el edil de Petatlaìn, Arturo Gómez Pérez (PRD) fue ejecutado y el excandidato a alcalde en Tenochtitlaìn, Veracruz, Marco Antonio Muñoz (PRI), fue también asesinado a manos de un grupo armado.
A ese reporte hay que agregar los casos del regidor perredista de Jalapa, Tabasco, Gabriel Hernández Arias, del abogado Juan José Castro Crespo, en Mexicali, aspirante a diputado local, asesinados el 30 de diciembre, y el de Adolfo Serna Nogueda, aspirante del PRI a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, Guerrero, al que mataron el 31 de diciembre.
Para abrir 2018, la noche del 2 de enero en Nayarit, Sabino Mejia Rodríguez, director de Protección Civil, en Santiago Ixcuintla, fue asesinado por un grupo de hombres armados que lo sacaron de su domicilio y lo acribillaron frente a su familia.
La senadora del PRD comentó que el ambiente político se encuentra enrarecido por el ascenso de la violencia criminal que ahora apunta contra servidores de gobiernos estatales y municipales, sin distinción de su filiación partidista, representantes populares, dirigentes, activistas sociales y aspirantes a contender por cargos de elección. Ninguna organización social ni ningún partido político están a salvo de esta amenaza, por lo que todos tenemos la responsabilidad de evitar que sea esa violencia criminal la que establezca la pauta de las contiendas políticas.
Más que privilegiar un marco jurídico ambiguo y poco transparente para legitimar la intervención de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad interior, es indispensable recuperar las acciones de prevención del delito y la violencia.
“En este sentido, también resulta imperativo blindar a los partidos y dar toda la transparencia necesaria a nuestros procesos de selección de candidatos y de financiamiento de las actividades proselitistas, para no quedar a expensas de los grupos criminales que pretenden afianzar sus cotos de poder. No podemos permitir que haya más sangre en nuestros procesos políticos, pues ello sólo minará la confianza de la ciudadanía, y así, pondrá en riesgo a toda nuestra institucionalidad democrática”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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