Versión Estenográfica
Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2017
LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA NO DEBE CRIMINALIZAR LOS SISTEMAS NORMATIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Versión estenográfica de la conferencia de prensa ofrecida por la senadora Angélica de la Peña Gómez, Vidulfo Rosales y Rogelio Teliz, en la que abordaron el caso de Arturo Campos Herrera, líder social y defensor de derechos humanos en el estado de Guerrero.
Angélica de la Peña Gómez (ADLPG):
Buenas tardes a todas y a todos.
Estamos presentando un punto de acuerdo en el pleno del Senado de la República que está relacionado con un hecho que nos preocupa muchísimo, que es necesarios que las autoridades atiendan para garantizar plena justicia y cuando digo plena justicia estoy hablando de una justicia imparcial que tome en consideración el contexto y, sobre todo, tome en cuenta los procesos que se han seguido para lograr destacar la verdad de diversos acontecimientos ocurridos en el estado de Guerrero.
Particularmente nos preocupa el caso de Arturo Campos Herrera, que él es un dirigente indígena muy importante, del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, que además pertenece al pueblo indígena Tu’un Savi, uno de los cuatro pueblos originarios de Guerrero.
Es necesario que se tome en cuenta que la misma situación de su carácter de persona indígena y, sobre todo, por la manera en cómo están enfrentando particularmente la organización de los sistema normativos en el estado de Guerrero, a veces las autoridades, particularmente centralizadas del estado, a veces no entienden las diversas formas de organizar de estos pueblos y entran en contradicción, pero lo más grave es que en una correcta interpretación, o a veces alevosa interpretación, criminalizan las acciones de quienes están enfrentando alguna actividad precisamente derivada de los sistemas normativos.
En el caso de Arturo, formó parte de las guardias comunitarias; es importante destacar que para el estado de Guerrero es muy importante la organización que permite reflejar también lo que los pobladores, que las personas que viven en estos pueblos manifiestan incluso precisamente en estas autoridades mayor confianza porque viven ahí, son de ahí, conocen la situación que se está enfrentando.
No es fácil trabajar, no es fácil que las organizaciones de la defensa de los derechos humanos trabajen en esta zona del país; como sabemos ya teníamos el problema de Nestora, que tuvimos también que movilizarnos junto con las organizaciones, siempre apoyando lo que estaban haciendo desde el estado para garantizar que hubiera justicia.
Esto que hoy estamos presentando ante el pleno del Senado es una especia de pendiente justamente de ese proceso en el que se vio involucrada Nestora y otros dirigentes importantes, y no nos explicamos cómo hay en este proceso por parte de las autoridades se sigue culpando de algo que ya se ex culpó porque se aclaró a otros integrantes por los mismos hechos.
De tal manera que hoy me acompañan integrantes de la organización de la montaña, esta organización defensora de los derechos humanos en el estado de Guerrero, Tlachinollan; por supuesto, quiero agradecer a Vidulfo Rosales, que me acompañe; igual a Rogelio T, que son precisamente esta organización que está llevando el caso de Arturo.
Nos preocupa mucho la situación y esperemos que en el Senado de la República y, particularmente, en las comisiones que tenemos que dictaminar este punto de acuerdo, pueda tener una ruta de atención adecuada, correcta, justa, para que se atienda como lo están exigiendo, particularmente, desde Tlachinollan.
Voy a darle la palabra a Vidulfo para que nos pueda mencionar particularmente el proceso en el que se encuentra ahorita Arturo y lo que tenemos que hacer en una síntesis de lo que estamos planteando en el punto.
Por favor, si es tan amable, Vidulfo.
Vidulfo Rosales (VR): Gracias senadora. Gracias a todos los periodistas que nos acompañan en este momento: también agradecer y pedir al Senado su participación y la preocupación por lo que acontece con los pueblos indígenas.
Sabemos hoy en día que en México atravesamos por una variedad de problemas y de preocupaciones que hay, pero los pueblos indígenas no pueden quedar en el olvido.
Y en esa tesitura, los pueblos indígenas atraviesan por una situación difícil de criminalización de sus sistemas normativos; está plenamente reconocido en la Constitución, en los tratados internacionales, incluso en Guerrero hay una ley 701 que faculta particularmente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, una organización de pueblos indígenas que se crea en el año de1994 y que a la luz de esos estándares internacionales sinodales ha venido haciendo justicia y ha venido reduciendo la criminalidad en esa región de la montaña del estado de Guerrero.
Y bueno, fue detenido el primero de diciembre de 2013, nuestro compañero Arturo Campos; fue llevado al penal del Altiplano de manera ilegal, violando todos sus derechos humanos y todas sus garantías constitucionales; posteriormente, producto de un amparo, fue trasladado de nueva cuenta al municipio de Ayutla.
Hoy en día se encuentra ahí, él estaba acusado de cuatro causas penales, delincuencia organizada, robo al ayuntamiento de Ayutla, otros dos secuestros; hoy en día queremos decirles que los juzgados federales han fallado a favor del compañero Arturo Campos, estableciendo que ni delincuencia organizada, ni robo ni secuestro, cometió el compañero Arturo Campos Herrrera porque la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias es un ente reconocido por los tratados internacionales y la Ley 701.
En esa tesitura, no tiene por qué estar siendo sometido a un proceso de esta naturaleza nuestros compañeros de la policía comunitaria. Hoy en día solamente prevalece una causa penal por secuestro que se está llevando en el municipio de Tlapa, y por la cual venimos a poner en conocimiento de este organismo del Senado para que en los próximos días pueda darle seguimiento al punto de acuerdo que presentó la senadora a efecto de que se verifique que no se estén violando los derechos de Arturo Campos Herrera.
Hoy se sigue criminalizando el ejercicio de los pueblos indígenas por sus derechos, por administrar justicia, por administrar seguridad, cuando este Estado mexicano y todas sus instituciones de justicia han fallado en la procuración de justicia.
Hoy en día México atraviesa por un baño de sangre producto de la ineficacia de los poderes establecidos, y particularmente, producto de la ineficacia de los órganos de justicia en este país; hoy ni siquiera Procurador tenemos en México, y no obstante se sigue criminalizando a los pueblos indígenas que sí han sido exitosos en la aplicación de la justicia y que el compañero Arturo ha sido un pilar fundamental en favor de los pueblos indígenas.
No es posible que hoy en día, bajo una figura de secuestro él se encuentre en el penal de Ayutla, cuando ya los órganos federales de justicia han establecido claramente que nuestro compañero por detener a personas que dentro de los pueblos indígenas que están cometiendo delitos, no se le puede acusar de secuestro.
Entonces, bajo esa tesitura, hacemos el llamado al Senado a darle, reiteramos, darle seguimiento al punto de acuerdo que presentó la senadora; y a todos ustedes, que estén pendientes del proceso que próximamente va a tener que resolver el juez y ojalá que los órganos de justicia estén en este país para resolver los problemas que hoy día nosotros tenemos, que no se utilice el sistema de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas. Gracias.
ADLPG: Gracias Vidulfo. Por Favor Rogelio si eres tan amable.
Rogelio Teliz (RT): Buenas tardes, aunado a lo manifestado por el compañero, el próximo primero de diciembre del presente año vamos a cumplir cuatro años, Arturo Campos, de estar privado de su libertad. Exhortamos, pedimos que el punto de acuerdo pueda ser aprobado y en su caso se requiera o exhorte a al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, al juzgado penal de la ciudad de Tlapa, para que a la brevedad posible el expediente pueda darse una sentencia.
El estado actual del expediente está en el cierre, válgase la redundancia, del mismo expediente, solamente esperamos a que el juez puede emitir un acuerdo en el cual se pueda dar por cerrado, y en su caso se pueda emitir la sentencia.
Agradecemos a todos su apoyo y su participación en la difusión de este caso y solicitamos nuevamente se exhorte a las autoridades correspondientes para exigir la libertad de nuestro compañero Campos.
Pregunta Carlos Loredo de la agencia Quadratín: (Inaudible)
VR: Primero, efectivamente nosotros consideramos que el compañero Arturo Campos está ahí por razones políticas. Él es un líder, además de organizar a los pueblos para exigir justicia en el marco de la policía comunitaria, dentro de los sistemas normativos, él ha participado anteriormente en la defensa de los derechos de los pueblos de su región; organizó a los campesinos de El Chaco, que fueron masacrados, hubo una masacre allá, posteriormente organizó a los pueblos indígenas, particularmente a las mujeres que fueron violadas por el Ejército mexicano, me refiero a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, cuyos casos fueron a la Corte.
Él fue una de las principales personas que defendió a estas mujeres, que les llevó a abrir las puertas de la justicia, en fin, una infinidad de asuntos organizativos a favor de los pueblos. Él ha participado y creemos que es una voz incómoda para el poder público en el estado de Guerrero, que hoy en día pretende silenciarse.
Por eso para nosotros es un preso político, se tergiversó el derecho penal, se está utilizando de manera indebida el derecho penal, para judicializar al compañero.
Y por otro lado, de manera concreta, ¿qué es lo que ha permitido la dilación? En primer lugar porque son cuatro procesos; segundo, porque son 43 las personas supuestamente agraviadas en este último acto de secuestro lo que ha hecho que se prolongue el proceso, las diligencias, careos, y el propio juzgado ha mostrado interés para poder agilizar, se ha entrampado en actos procesales, que nos ha llevado a una dilación excesiva de ya cuatro años de proceso.
ADLPG: Lo que platea el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es muy claro, lo acaba de decir ahorita Vidulfo. En ese hecho que se le está imputando al compañero Arturo había un determinado número de personas, unas 43. La autoridad ha querido encontrar a esas 43, lo que pasa es que prácticamente todas ellas ya no están ni siquiera viviendo en la entidad.
Hay, si me permiten decirlo de manera puntual, una forma de actuar que la autoridad sigue caracterizándose cuando se trata de enfrentar los sistemas normativos, y particularmente los prejuicios que existen contra las policías comunitarias.
Me parece que el fondo del problema tiene mucho que ver con la criminalización que hay por parte de las autoridades que no tienen absolutamente ninguna sensibilidad, ni les interesa darle el contenido que debe tener este tipo de trabajos comunitarios para quienes realizan quienes están asumiendo estas responsabilidades.
Me parece que este caso de Arturo es un caso clarísimo e una criminalización por el origen étnico y sobre todo porque se quiere lastimar a las comunidades que siguen estando aplicando estos sistemas normativos que le caracterizan desde que están organizados.
Claro que detrás de esta situación está una intención y lo tengo que decir, no tiene que ver directo con el caso de Arturo, pero también la intención de querer derogar de la Constitución las policías comunitarias, es decir, me parece que mientras en el Senado de la República discutimos la coordinación que tiene que ver, sobre todo, para fortalecer las policías en el ámbito municipal, y que analizamos que las policías municipales tienen un gran iniciativa de participación, que no es lo mismo que acontece en el municipio de Guadalajara, o en cualquier otra capital, sino que por ejemplo, en el caso de Guerrero y otros estados, la forma comunitaria en que se organizan las policías hoy pueden ser afectadas.
Y este tipo de eventos como el que está sufriendo hoy Arturo, reflejan un menosprecio por parte de la autoridad, al no entender que las formas que tienen, a partir de estos sistemas normativos, que están además en la Constitución del estado, están regidos por una ley específica, tienen que respetarse de manera plena y no pueden ser vistos de ninguna forma como lo vemos en una organicidad, quizá como lo pudiera tener, en el mismo Guerrero, Chilpancingo, por ejemplo.
De tal manera que sí creemos que hay, con todos los antecedentes del caso, otras personas que estaban en la misma situación, como Arturo, ya están libres. ¿Por qué a este líder comunitario, que es reconocido en su pueblo, hoy tiene en el proceso, exactamente lo mismo que pasó con las otras personas?
De tal manera que nos parece que hay una criminalización por su origen étnico, por su compromiso, y se está menospreciando, por lo tanto a una persona que debería ser atendida desde una perspectiva distinta, sobre todo a partir de su origen, y por supuesto entendiendo la propia normatividad que caracteriza a esta población, a estos pueblos de donde él es originario, donde siempre ha vivido, donde tiene su prestigio, él vive ahí desde siempre y forma parte de su humanidad, es respetado por su comunidad y entonces, parece que estamos ante un situación injusta.
Les vamos a dar, además del boletín, el punto de acuerdo para que ustedes encuentres ahí los elementos particulares del caso.
Les agradezco muchísimo el que nos hallan acompañado, gracias Vidulfo.
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