Fue presentado en el Senado de la República el libro “Atlas de la seguridad y la defensa de México 2016”, que no podría ser más acertado en momentos donde se debate si es necesario contar con una Ley de Seguridad Interior que regule la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública y en el combate en contra de la delincuencia organizada.
Como nos podemos percatar, actualmente prevalece un discurso y una estrategia encaminada a legitimar la militarización de la seguridad pública, luego de aquel discurso del secretario de la Defensa en el que señaló el desgaste del Ejército en las calles y pidió un marco legal (que hoy no existe) que regule la participación del Ejército y Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Ello generó la reacción de que el Congreso de la Unión retomara la discusión de la Ley de Seguridad Interior. Por eso la presentación de este Atlas constituye un elemento fundamental y un elemento a considerar en este debate.
El tamaño del reto que tenemos que enfrentar es estremecedor, no solo en materia de seguridad pública, que dicho sea de paso debe seguir siendo de carácter civil tal y como lo establece la Constitución.
Debemos reconocer la transformación de los grupos criminales en nuestro país, que pasaron de organizaciones dedicadas casi exclusivamente a los negocios del narcotráfico a organizaciones predatorias y territoriales, que fracturan las estructuras sociales e institucionales en sus zonas de influencia.
El Atlas de Seguridad arroja un dato revelador sobre el fracaso de la estrategia gubernamental: México invirtió entre el año 2008 y el 2015 un billón 820 mil 346 millones de pesos en seguridad y defensa. De esa cantidad, 609 mil 773 millones han sido presupuestados por las entidades federativas para operar sus instituciones de seguridad y los aparatos de procuración de justicia.
Por otra parte, 205 mil 509 millones suplementarios se entregaron a estados y municipios, a través de los principales fondos y subsidios federales, que lejos de resolver el problema de seguridad Pública se han convertido en un incentivo perverso que ha generado que muchas autoridades locales durante muchos años hayan abandonado la función de seguridad pública.
La fallida estrategia federal volvió a ser evidente este fin de semana en Reynosa, Tamaulipas, donde una ola de violencia con 32 bloqueos viales fue la respuesta al abatimiento de dos importantes líderes criminales, ello a plena luz del día y a pesar de que la entidad tiene un elevado número de efectivos militares y de la Policía Federal.
Un análisis responsable y datos duros deben preceder a cualquier propuesta o reforma en el que vaya de por medio la seguridad, la integridad, el patrimonio y los derechos humanos de los habitantes de nuestro país.
Ojalá que la Cámara de Diputados se apreste a dictaminar las reformas que hemos enviado desde el Senado de la República y pronto tengamos condiciones de estar trabajando en la Ley General de Seguridad Pública y en la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.
El país nos exige paz, seguridad y tranquilidad, nos las merecemos las y los mexicanos. En el Congreso tenemos la obligación de reconstruir el tejido social y, sobre todo, de garantizar la justicia, garantizar la verdad, la posibilidad de que toda la gente tenga acceso a ellas y ya no este sentimiento de impotencia frente las autoridades que día a día, por desgracia, se quedan pequeñas ante la magnitud del problema.
@angelicadelap
*Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
