Intervención en tribuna del senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al pronunciamiento de la Mesa Directiva del Senado sobre la situación en Venezuela.
Luis Sánchez Jiménez (LSJ): Gracias presidente.
Compañeras y compañeros.
La Mesa Directiva dará a conocer un pronunciamiento sobre la situación en Venezuela.
En este sentido hay que hacer muy precisos los términos de este pronunciamiento.
La Mesa Directiva insta –así dice el pronunciamiento- insta respetuosamente al gobierno, a los partidos de oposición y a la sociedad civil a impulsar un diálogo que se traduzca en acciones concretas que aseguren el Estado de Derecho, la estabilidad institucional, el respeto a los derecho humanos y la efectiva separación de poderes en el pueblo de Venezuela.
Como ustedes ven, es un pronunciamiento acorde a la política internacional que ha tenido el gobierno mexicano.
En los últimos días hemos sido testigos de una nueva embestida en contra de Venezuela y de su gobierno democráticamente electo por parte de la Organización de Estados Americanos y los países de derecha de esa región, entre ellos –desafortunadamente- nuestro país, México.
El objetivo de esta estrategia neoliberal es desestabilizar al país con miras a desmantelar completamente el enfoque social que durante años ha imperado en el país, en ese país.
La Organización de Estados Americanos en cuyos documentos se establece lo siguiente: que fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros –como lo estipula el Artículo 1 de la Carta- un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia, remarco, y su independencia.
En la persona del Secretario General de la OEA ha actuado en contra de Venezuela, prueba de ello es que el 24 de marzo pasado, el Secretario General declaró su respaldo a la declaración conjunta de 14 países sobre la situación, que a su parecer, existe en ese país.
Así, ese Secretario General de la OEA a tenido la pretensión de aplicar la Carta Democrática a ese país, de la que vale recordar que se trata de un instrumento que persigue principalmente el fortalecimiento y prevención de la institucionalidad democrática, pudiendo ser activado sólo si se diera una ruptura en el proceso político institucional democrático o de legítimo ejercicio del poder de un gobierno que resultó electo democráticamente y que además es miembro de esa organización.
En ese sentido lo anterior no va acorde con lo que actualmente ocurre en Venezuela, hay un régimen democrático con un Presidente legítimamente electo y una Asamblea Nacional donde predomina la oposición al gobierno nacional.
Ya en el año pasado, en el 2016, Almagro pretendió la aplicación de dicha Carta contra Venezuela y -como entonces- ahora tampoco pudo logarlo, pese a que se encargó de difundir que ya había activado dicha aplicación y el informe que presentara a la sesión del Consejo Permanente de la OEA, el pasado 27 de marzo, puede interpretarse como un acto en contra del Estado mismo.
En esa sesión del Consejo Permanente, la Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, señalo que la actuación del Secretario General de la OEA dañó la imagen internacional de la Patria de Bolívar, afectó sus relaciones con otros países y lo etiquetó como un país problema.
Ahora bien, en los años de Revolución Bolivariana, lejos del decir del señor Almagro sobre supuestas violaciones a los derechos electorales, se ha fortalecido la democracia, ya que desde 1999, se han llevado a cabo 13 consultas comiciales: presidenciales, regionales y municipales; también 6 referendos: consultivos, probatorios y revocatorios, destacándose entre estos, aquel mediante el cual fue aprobada la nueva Constitución de 1999 y la participación ciudadana ha aumentado del 63 por ciento en 1998, hasta el 80.99 en el año 2013, síntoma inequívoco del empoderamiento popular y la descentralización de la toma de decisiones políticas.
Con relación al respeto a la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela informó que asumiría la responsabilidad de las competencias parlamentarias, debido a la situación de desacato judicial que persiste en esa Asamblea Nacional.
Posteriormente, con fecha 1 de abril de 2017, El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel José Moreno, en respuesta al exhorto realizado por el Consejo Nacional de Defensa de la Nación convocado por el presidente Nicolás Maduro revocó las sentencias emitidas regresando las facultades internacionales a la Asamblea Nacional en aras de preservar el orden democrático ese país.
Ante esa situación, México debe revisar su posición ante Venezuela, pues a suscrito la declaración antes referida y atenta contra los principios rectores de la política exterior mexicana, sobre todo los de respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, teniendo en cuenta que dos días antes de la invocada Sesión del Consejo Permanente de la OEA, el Presidente Peña Nieto manifestara al Presidente Nicolás Maduro su disposición de trabajar conjuntamente en áreas de privilegiar el dialogo de dicho organismo.
El Presidente mexicano destacó lo siguiente: que cualquier actuación debe darse sin interferir en los asuntos internos de Venezuela, privilegiando el papel de los Estados miembros conforme a los procedimientos de la organización regional –eso fue lo que dijo el Presidente-.
Así mismo expresó su respaldo al diálogo en curso en Venezuela como mecanismo para dirimir las diferencias políticas en el marco de la normalidad democrática.
Pese a lo anterior, se incumplió en respetar la soberanía de Venezuela y se incurrió en una práctica contraria de los principios de no intervención en los asuntos internos de algún país, Estado, y la libre autodeterminación de los pueblos, al suscribir esa declaración conjunta presentada en Consejo Permanente de la OEA.
Cabe señalar que el pasado 4 de abril se dieron hechos lamentables en Venezuela puesto que durante una marcha del grupo opositor Movimiento Unido Democrático se generaron diversos enfrentamientos entre los opositores al régimen y la policía, lo cual genero varias desenas de heridos y al menos 10 personas detenidas.
Ante este reprobable hecho es necesario que el Senado, además de pronunciarse por respeto a la soberanía de un Estado hermano, eleve su voz para condenar cualquier acto de agresión, sea del tipo que sea, puesto que el respeto a los derechos humanos debe ser la base sobre la cual cualquier país establezca su régimen.
Muchas gracias.
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