Ante los intentos de despojo que ha sufrido un grupo de posesionarios de tierras en el ejido de Zacatula, mejor conocido como la Isla de la Palma en el estado de Guerrero, por parte de funcionarios del gobierno de Michoacán, el senador Isidro Pedraza Chávez exhortó autoridades de ambas entidades, así como a la Secretaría de Gobernación a atender el tema y dar soluciones a los ejidatarios.
El senador del Grupo Parlamentario del PRD destacó que la ubicación geográfica de este ejido lo hace susceptible a conflictos de propiedad e intentos de expropiación.
“Está muy cercana al puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y esta desgracia de ubicación geográfica ha hecho que los compañeros padezcan de diversas formas diversos actos de intimidación e intentos de despojo”, dijo.
El senador por Hidalgo señaló que en 1982, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se expropió a favor de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras una superficie de alrededor de 440 hectáreas para que fueran aprovechadas por Banobras.
No obstante, el plazo para que esa decisión fuera ejecutada terminó sin que la obra para la que fueron expropiadas se llevara a cabo, por lo que los posesionarios iniciaron un procedimiento en el Tribunal Unitario Agrario del estado de Guerrero para lograr la reversión de las tierras.
Isidro Pedraza mencionó que en este tiempo también funcionarios del gobierno de Michoacán han recibido cheques a nombre de los ejidatarios para dar por pagada la posesión de la tierra y pretender desalojar a los campesinos en posesión.
“Estas gentes que están aquí señaladas fueron gentes del gobierno de Leonel Godoy que haciéndose pasar por ejidatarios cobraron para poder dar este problema como resuelto”, dijo.
Asimismo, Pedraza Chávez señaló que el gobierno de Michoacán ha violado el amparo que tienen los ejidatarios ante el Tribunal Unitario Agrario donde se concede la suspensión definitiva hasta que no se resuelva de fondo el asunto, pues el pasado viernes detuvo a 10 posesionarios que se manifestaban en un plantón.
“Ellos tienen juicio el tribunal Unitario Agrario para la reversión del ejido, hay un amparo donde les conceden la suspensión definitiva hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto, que es la reversión de esta expropiación, no pueden tocar ni hacerles nada, y el gobierno del estado de Michoacán, violando este amparo desalojó y detuvo a 10 compañeros de ahí del plantón del ejido de la Palma”, dijo.
Concluyó que los hechos de corrupción obligan a que sea el gobierno del estado de Guerrero, el gobierno de Michoacán y la Secretaría de Gobernación quienes se sienten a platicar este tema y les den soluciones a los ejidatarios.
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