México ante el Gobierno de Donald Trump


México ante el Gobierno de Donald Trump presentado en la primera mesa de la Décima Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PRD.


 MÉXICO ANTE  EL GOBIERNO DE DONALD TRUMP

 Enero de 2017

 

 

CONTENIDO

  1. DONALD TRUMP Y LA POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA
  2. POSIBLES ESCENARIOS DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS-COMERCIALES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO DURANTE LA PRESIDENCIA DE DONALD TRUMP
  3. MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
  4. LA SEGURIDAD Y EL NUEVO GOBIERNO ESTADUNIDENSE

  

PRESENTACIÓN

La presidencia de Donald Trump se da en el contexto de tres graves crisis en México: económica, política-social y de seguridad. La llegada de un presidente explícitamente anti-mexicano y económicamente proteccionista tendrá importantes repercusiones en estas crisis. La llegada de un gobierno estadounidense abiertamente hostil a los intereses de México podría agravar las crisis actuales. En este contexto, el Senado de la República en conformidad con sus atribuciones para analizar y dar seguimiento a la política exterior del gobierno deberá plantear una ruta para proteger los intereses de México y de la sociedad mexicana. A partir de las crisis descritas se identifican cuatro áreas de interés para el gobierno mexicano: primero, la política exterior, en un sentido amplio, entre México y Estados Unidos; segundo, las relaciones económicas y comerciales entre ambos países; la política migratoria, y finalmente, la política de seguridad. Para estas cuatro áreas, se elaboró un diagnóstico de la situación actual, el pronóstico de cómo la presidencia de Trump podría afectarlas y, finalmente, se delinean algunas posibles acciones para proteger los intereses de México.

 

México enfrenta tres grandes crisis que si bien no son necesariamente producto de este gobierno se han agravado en los últimos meses. La primer crisis es  político-social. Por una parte, hay un problema de representación cristalizado en la falta de credibilidad hacia los tres principales partidos. El sistema de partidos producto de la transición se encuentra agotado. Es probable, si el escenario político mostrado por las encuestas se mantiene, que el próximo o la próxima presidente de México sea electo con menos de 30% de la votación. La inacción del gobierno y de la oposición hacia un gobierno hostil en Washington podría minar aún más su credibilidad. Aunado a lo anterior, es probable que los derechos humanos y el combate a la corrupción durante la administración de Trump pasen a segundo plano. Por esta razón, las Organizaciones No Gubernamentales que dependen de fondos proporcionados por el gobierno estadounidense tendrán mayores dificultades para hacer un contrapeso efectivo en la vida pública mexicana. La crisis de representación va de la mano con una grave crisis social. Los cambios demográficos en México por el crecimiento de las zonas urbanas, la migración interna y externa han cambiado la dinámica local. Los gobiernos municipales han sido incapaces de reestablecer el orden y la seguridad y, como el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, muchos han sido capturados por el crimen organizado. De esta manera, la posibilidad de una deportación masiva se traduciría en un empeoramiento de la crisis y en una presión sin precedentes para los municipios fronterizos.

 

La segunda crisis es económica. Las reformas promovidas por el gobierno no han sido efectivas para promover mayor crecimiento y más importante aún, para disminuir la creciente desigualdad en el país. Aunado a lo anterior, la actual administración ha aumentado significativamente la deuda pública. La renegociación del Tratado de Libre Comercio, el retorno masivo de migrantes y la promoción por parte de la nueva administración de EE.UU de una política para repatriar inversiones significará inestabilidad económica para el país al menos en los próximos dos años. Las acciones promovidas por Trump, incluso antes de tomar posesión, con respecto a la industria automotriz hacen necesario pensar en la diversificación de la inversión extranjera. También, el gobierno debe tener claro cuáles serán sus exigencias mínimas en caso de que el nuevo presidente de EE.UU decida seguir adelante con la renegociación del TLC

 

Por último, la actual administración ha sido incapaz de poner fin a la crisis de seguridad iniciada durante el sexenio anterior. A diez años de la guerra contra el narcotráfico, el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar seguridad en partes extensas del territorio nacional. Paralelamente, a ocho años de la reforma al Poder Judicial, el débil Estado de derecho y el escaso acceso a la justicia se mantienen  como los principales problemas de la nación. Esta área ha sido uno de los temas más importantes de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. La llegada de Trump significará muy probablemente el fin del modelo de cooperación inaugurado durante el sexenio anterior. Es posible que dada la complejidad de las interacciones de ambos gobiernos en este tema no se dé una cesación total de la cooperación, pero se puede esperar que surjan más conflictos entre ambos países. Al ser un tema prioritario para México y EE.UU, esta política es también una de las principales áreas de oportunidad para negociar con el entrante gobierno estadounidense.

 

Para delinear una estrategia con el objetivo responder al reto de la presidencia de Trump es necesario identificar cuáles deben ser las prioridades del gobierno mexicano. Como se mencionó anteriormente, se han esbozado cuatro áreas prioritarias con base en los mayores problemas que enfrenta México en la actualidad. La primera parte trata de la política exterior entre ambos países. En esta primera parte se discute cuáles actores internos en México serán los ganadores y perdedores de la nueva política binacional. En la segunda parte, se discuten las implicaciones económicas y comerciales de la nueva administración estadounidense. El análisis hace especial énfasis en el Tratado de Libre Comercio y su posible renegociación. En tercer lugar, se estudia la política migratoria y los efectos de mayores controles fronterizos y una política más agresiva por parte de EE.UU contra los migrantes documentados. Por último, se analiza la política de seguridad y los efectos que tendrá sobre ella la reducción de cooperación entre ambos gobiernos.


 

 

DONALD TRUMP Y LA POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA

Carlos Bravo Regidor

 

DIAGNÓSTICO

 

  • El gobierno mexicano parece estar operando a partir de un supuesto de normalidad o normalización respecto al presidente electo Donald Trump. En otras palabras, da la impresión de que la administración del presidente Enrique Peña Nieto está asumiendo que, en lo fundamental, el discurso y las propuestas de las que el candidato republicano echo mano durante su campaña no constituyen más que mera retórica electoral destinada a ganar las simpatías y movilizar a su favor el voto de los sectores del electorado que finalmente le dieron el triunfo con 306 de los 538 asientos en el colegio electoral.

 

  • El gobierno mexicano puede estar asumiendo dicho supuesto de normalidad por tres razones (no mutuamente excluyentes):

 

  1. a) Por la experiencia previa. Donald Trump no es el primer aspirante presidencial critico respecto a la inmigración indocumentada o el TLCAN. Otros de ambos partidos también lo han sido de un modo u otro, si bien con distinto tono e intensidad: Hillary Clinton, Joe Biden, Lindsay Graham, Mike Huckabee, Barack Obama, Bernie Sanders, Rick Santorum, Jill Stein, Ben Carson, Ted Cruz, Carly Fiorina, Bobby Jindal o Sarah Palin, por ejemplo. Dado que atacar el proyecto de integración norteamericana que representa el TLCAN se ha convertido en un recurso políticamente muy rentable, al igual que condenar la presencia de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense (alrededor de la mitad de los cuales se estima que pueden ser de origen mexicano), el gobierno mexicano parece calcular que en el fondo Trump no ha representado ninguna novedad digna de consideración sino acaso un poco más de volumen en la “politics as usual” de la campaña presidencial norteamericana.

 

  1. b) Porque el poder modera y aún no hay un cambio de política concreto y tangible. Hasta que Donald Trump no asuma la presidencia, hay incertidumbre respecto a qué tanto traducirá su discurso y sus propuestas en acciones de gobierno. En ese sentido, el gobierno mexicano parece estar contando con que prometer no cuesta casi nada y con que una cosa es hacer campaña y otra ejercer el poder. La indiscutible multitud de dificultades prácticas que implicaría hacer efectiva la retórica electoral de Trump–i.e., en términos de normatividad vigente y litigios en contra; de inercias institucionales y complicaciones burocráticas; de presupuesto disponible y capacidad de gasto; de intereses domésticos afectados y su articulación como polos de oposición y resistencia; etc.– bien podrían terminar reduciendo significativamente su ambición o incluso disuadir al presidente electo. Hasta que no haya un cambio de política seguro, el gobierno mexicano ha decidido confiar en la hipotética moderación de Trump y no “mover ficha” anticipadamente.

 

  1. c) Porque “mejor es no moverle” y de todos modos el gobierno mexicano no puede hacer gran cosa. La capacidad del gobierno mexicano para revertir las medidas que decida emprender la nueva administración de Donald Trump es ciertamente restringida, sobre todo si dichas medidas se deciden y ejecutan unilateralmente. Asimismo, todo anuncio que haga o acción que emprenda el gobierno mexicano es susceptible de generar una reacción adversa adicional por parte del nuevo presidente electo Trump. En ese sentido, el gobierno mexicano puede estar optando por no articular ningún mensaje ni desplegar ninguna estrategia contundentes pues estima que su capacidad de incidencia efectiva es mínima, y prefiere circunscribirse simplemente a hacer “control de daños” antes que arriesgarse a provocar un escalamiento del conflicto.

 

  • Como resultado de dichos cálculos, todo parece apuntar a que el gobierno mexicano ha decidido limitarse a una respuesta minimalista, como la de las 11 medidas que anunció la canciller Claudia Ruíz Massieu orientadas a brindar apoyo consular a los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, y renunciar a la posibilidad de articular una posición pública firme y clara.

 

  • Asimismo, el hecho de que Donald Trump tenga un discurso tan hostil con respecto a México y los mexicanos parece haber complicado la posibilidad de hacer una valoración más desagregada y precisa respecto a quiénes son los ganadores y los perdedores internos, en México, con la victoria de Donald Trump. Porque, aunque haya la impresión de que México pierde como país, lo cierto es que hay sectores para los que el ascenso de Trump a la presidencia estadounidense puede contribuir a crear condiciones propicias para impulsar su agenda, sus ideas o intereses.

 

  • Hay un cierto contraste entre la amenaza que representa Donald Trump, entre la reacción nacionalista que ha tenido lugar en la opinión pública mexicana, y el bajo perfil por el que ha optado no solamente el gobierno de la república sino la clase política en su conjunto. En ese sentido, y en la víspera del proceso electoral de 2018, es inevitable preguntarse qué implica, qué problemas o qué oportunidades representa Donald Trump para la clase política mexicana en el contexto de la próxima sucesión presidencial. La política exterior siempre tiene un fundamento o una base en la política interna. La definición del interés nacional en torno al cual se formula la política exterior es un proceso político inevitablemente sujeto a negociación entre distintos actores, valores e intenciones, inscrito en los conflictos y coyunturas que se configuran en el ámbito doméstico. Por tanto, convendría reparar en qué valores e intenciones se están viendo reflejados en, o incluso están fungiendo como insumo de, la política exterior que el gobierno mexicano ha adoptado frente a Donald Trump y el proceso de sucesión presidencial en Estados Unidos.

 

 

PROBLEMAS

 

  • Los supuestos en los que se ha basado la pasividad del gobierno mexicano resultan muy problemáticos.

 

  1. a) En primer lugar, porque en la experiencia previa nunca antes había triunfado en la elección presidencial un candidato tan abiertamente hostil hacia México y los mexicanos. Otros casos previos (como el de Ross Perot o Pat Buchanan, por ejemplo) ni por asomo llegaron tan lejos como ha llegado Trump. Estamos, pues, en tierra incógnita.

 

  1. b) En segundo lugar, porque Donald Trump ya no es candidato, es presidente electo, y nada en su discurso ni sobre todo en los nombramientos que ya ha anunciado anticipan que vaya a moderarse ya en el gobierno. Durante los periodos de transición como este, el personal es la política. En consecuencia, la ofensiva contra México y los mexicanos (en materia fronteriza, migratoria y comercial) va en serio.

 

  1. c) Y en tercer lugar, porque aunque la capacidad del gobierno mexicano sea limitada, eso no significa que sea nula. Y porque, aunque ciertamente exista el riesgo de que lo que haga sea, en el mejor de los casos intrascendente, o en el peor contraproducente, es de todo punto inaceptable que el gobierno de Enrique Peña Nieto se cruce de brazos ante la magnitud de la amenaza que Trump representa para México y los mexicanos.

 

  • El gobierno mexicano enfrenta una fuerte demanda interna de política exterior. Dicha demanda se refiere a dos puntos. Por un lado, a canalizar y darle voz al agravio que el discurso y las propuestas de Donald Trump representan para México y los mexicanos. Y, por el otro lado, a diseñar e implementar acciones concretas que respondan con eficacia a la amenaza y defiendan los intereses nacionales ante la probable embestida que emprenderá el próximo presidente de Estados Unidos.

 

  • Al mismo tiempo, el gobierno mexicano padece una débil capacidad de respuesta. Dicha debilidad se expresa en dos flancos:

 

  1. a) Por un lado, en el flanco interno, la debilidad se expresa en la imposibilidad de que el presidente Peña Nieto recurra a la estrategia que el politólogo estadounidense John Mueller denominó “rally around the flag” (en español, algo así como “aglutinarse en torno a la bandera”), es decir, a aprovechar una coyuntura internacional para encabezar un esfuerzo creíble y certero de unidad nacional. Los principales obstáculos al respecto son el déficits de liderazgo político que tanto el presidente como los integrantes de su gabinete han demostrado reiteradamente; la acumulación de escándalos durante la presente administración, que han vulnerado la credibilidad del presidente como jefe de Estado; la baja aprobación de la gestión presidencial en la opinión pública (que, según las encuestas más recientes, se encuentra en su punto más bajo históricamente, entre el 20 y 25%); las elecciones del próximo año en el Estado de México (un bastión fundamental del priísmo); y la proximidad del proceso de sucesión presidencial y de renovación de poderes del 2018.

 

  1. b) Por el otro lado, en el flanco externo, la debilidad se expresa en lo inédito del reto que representa el ascenso de Donald Trump, esto es, en la falta de antecedentes que puedan servir como guía para orientar la acción del gobierno mexicano; en la escasez de instrumentos institucionales o políticos propios para desafiar o detener con éxito las medidas que la administración Trump emprenda contra México y los mexicanos, sobre todo si dichas medidas son, como es previsible, unilaterales; en la dependencia que la economía mexicana padece respecto de la estadounidense (y, en una temporalidad más inmediata, en lo sensible que se ha mostrado el tipo de cambio peso dólar a este tema); y en el efecto de shock e incertidumbre que la victoria de Trump ha generado en el mundo, poniendo en entredicho la continuidad de las alianzas y los alineamientos que han dado más o menos estabilidad al sistema internacional.     

 

  • Atrapado entre una fuerte demanda interna de política exterior y una débil capacidad de respuesta, el gobierno mexicano luce descolocado, desconcertado, paralizado. Las circunstancias exigen, en más de un sentido, un gobierno fuerte, resuelto y con claridad de propósito; pero la realidad demuestra una y otra vez que tenemos exactamente lo contrario: un gobierno sin fuerza, sin visión y sin iniciativa.

 

  • Que Donald Trump sea abiertamente hostil contra México y los mexicanos no significa que no haya sectores que puedan capitalizar a su favor la amenaza que representa Trump y sus implicaciones en términos de política interna. Me ocupo, a grandes rasgos, de dos rubros específicos:

 

  1. a) Derechos humanos. Por mucho tiempo uno de los ejes de la política estadounidense respecto a México ha sido la promoción y defensa de los Derechos Humanos, no sólo en las negociaciones entre ambos gobiernos sino también en los apoyos y recursos que el gobierno de Estados Unidos destina a distintas organizaciones sociales abocadas a dicha causa. El ascenso de Donald Trump bien podría significar un cambio en esa tendencia, pues los derechos humanos no figuraron en su discurso de campaña, en su plan de gobierno, ni hay evidencia alguna de que vayan a ser una prioridad de su próxima administración. En consecuencia, es probable que la importancia que el tema tenía en la relación bilateral disminuya y, más en concreto, que se vean sensiblemente disminuidos los apoyos y recursos que el gobierno estadounidense canalizaba para la promoción y defensa de los derechos humanos en México. Esto pondría en una situación de debilidad y vulnerabilidad a multitud de organizaciones de la sociedad civil, nacionales y transnacionales, dedicadas a labores de investigación, activismo e incidencia. Al mismo tiempo, actores políticos e institucionales vinculados con el status quo y el aparato de seguridad se librarían de la presión de dichas organizaciones y saldrían, por tanto, fortalecidos.

 

  1. b) Corrupción. El combate a la corrupción también ha sido un tema recurrente en la relación bilateral y una agenda a la que Estados Unidos destina apoyos y recursos para impulsar cambios en México. Pero dicho tema no figura, ni por asomo, en las prioridades que ha dado a conocer Donald Trump. Es de esperarse, por tanto, que el combate a la corrupción en México se vea mermado por la pérdida del referente que en la materia eran los Estados Unidos.

 

  • En suma, se estima que el triunfo de Donald Trump puede ser aprovechado por los actores e instituciones renuentes o de plano adversos a las agendas de promoción y protección de los Derechos Humanos y de combate a la corrupción, quienes salen fortalecidos en la medida que dichos temas dejen de figurar en la agenda bilateral, mientras que el contrapeso que representaban las organizaciones de la sociedad civil que recibían apoyos y recursos de Estados Unidos para impulsar dichas agendas se vea debilitado.

 

  • Donald Trump es una oportunidad y un problema para la clase política mexicana en su conjunto. Una oportunidad porque provoca reacciones, agravios y encono muy susceptibles de ser utilizados políticamente, porque genera conflicto en torno al cual pueden articularse posiciones y proyectarse liderazgos. Representa un problema, sin embargo, porque va a ser el próximo presidente del país más poderoso del mundo, vecino geográfico y principal aliado comercial de México, y cualquier acción mediática o concreta en su contra es susceptible de producir un enfrentamiento de alto costo político.

 

  • En la opinión pública, hay evidencia de que Trump se ha constituido en el motivo de una reacción nacionalista de rechazo, ofensa y preocupación. Esa evidencia documenta la oportunidad que su figura representa para la clase política. No obstante, otras encuestas también muestran evidencia (indirecta) de que la opinión pública mexicana es muy adversa al riesgo en materia de política exterior y prefiere que México mantenga un bajo perfil y no se involucre en enfrentamientos internacionales. Incluso comparados con los ciudadanos de otros países latinoamericanos, los mexicanos destacan por su preferencia de que México se ubique al margen y no opine ante situaciones que podrían derivar en conflicto.

 

  • Así, en la opinión pública hay señales encontradas: por un lado, una demanda una respuesta defensiva, fuerte y nacionalista contra la amenaza que representa Donald Trump para México y los mexicanos pero, por el otro lado, una aversión al riesgo y a que México se involucre en un conflicto internacional.

 

  • El gobierno de la república ha optado por responder más conforme a lo segundo que a lo primero, es decir, más en línea con la aversión al conflicto que con la reacción nacionalista. Pero aunque la clase política en su sentido más amplio (partidos de oposición, gobiernos locales, líderes sociales o empresariales, etc.) ha adoptado un discurso público más conforme con la reacción nacionalista, lo cierto es que no ha presionado realmente por una política más ambiciosa de organización, protesta y resistencia para tratar de obligar al gobierno mexicano a modificar su postura. En ese sentido ha optado, según la elocuente expresión mexicana, la clase política en su conjunto ha optado por “quejarse con la boca chica”.

 

  • Es factible que el contexto de la sucesión presidencial de 2018 esté operando en contra de la viabilidad de una oposición más firme y decidida respecto a la modestia de la respuesta del gobierno mexicano ante Trump, pues a sabiendas de la propensión conservadora que buena parte del electorado mexicano ha mostrado en elecciones presidenciales previas, ningún líder ni aspirante quiere ser visto como “buscapleitos” con Estados Unidos –y eso sin mencionar lo contraproducente que dicha oposición podría resultarle, si las urnas lo favorecen, en la relación con Estados Unidos.

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

  • En la opinión pública se ha criticado mucho al gobierno mexicano por suponer que, a la hora de la hora, Trump no va a ser Trump. Es necesario, sin embargo, reconocer que dicha crítica es atinada pero incompleta. Porque todo indica que Trump va a ser en efecto Trump… pero, asimismo, nada indica que Enrique Peña Nieto no vaya a ser Enrique Peña Nieto. Cualquier estrategia o línea de acción debe partir del indispensable reconocimiento de ese hecho político.

 

  • En consecuencia, es preciso reconocer que las dificultades que enfrenta el gobierno mexicano difícilmente se van a resolver a partir de la acción del propio gobierno mexicano. Hace falta, pues, presión externa (de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la oposición política) no sólo para subirle los costos al gobierno de mantener la inercia de su inacción sino, sobre todo, para crear las condiciones de lo que el politólogo Robert Putnam ha denominado un “two-level game”, es decir, un juego a dos niveles.

 

  • El concepto del “juego a dos niveles” se refiere a una estrategia de negociación en las relaciones internacionales, en la que los gobiernos aprovechan instrumentalmente las presiones internacionales para fortalecer su posición en las negociaciones internas o, viceversa, aprovechan instrumentalmente las presiones internas para fortalecer su posición en las negociaciones con el exterior. En este caso concreto, la pertinencia del concepto radica en dos frentes:

 

  1. a) En el frente interno, que la acumulación de exigencias y presión domésticas hacia el gobierno mexicano se conviertan en un límite creíble en su negociación con Trump, es decir, que establezcan un umbral de lo negociable con el exterior a partir de fuerzas domésticas que se le “imponen” al presidente mexicano y le “atan las manos”.

 

  1. b) En el frente exterior, el gobierno mexicano puede buscar aliados potenciales en Estados Unidos (iglesias, universidades, gobernadores, líderes industriales y empresariales, comunidades locales, etc.) cuyos intereses convergen con los de México, de modo que se genere una presión interna hacia el gobierno de Estados Unidos favorable para la agenda mexicana.

 

  • Como parte de ese “juego a dos niveles” sería indispensable crear una narrativa alternativa a la de la “calma” o el exceso de precaución que ha predominado en el ámbito gubernamental mexicano. Dicha narrativa debe no sólo plantear una serie de exigencias mínimas muy concretas al presidente de la República sino, más aún, obligarlo a diversificar el portafolio de públicos a los que se dirige su respuesta, pues hasta ahora el único público objetivo de la narrativa gubernamental ha sido el propio presidente electo Donald Trump y su equipo.

 

  • Dicha diversificación de públicos a los que va dirigida la respuesta gubernamental abriría la posibilidad de que nuevos liderazgos políticos se apropien del tema e impulsen una discusión pública sobre la definición del interés nacional frente a la amenaza que representa Donald Trump, un factor que hasta el momento ha brillado por su ausencia y del que el propio gobierno de la República puede sacar provecho a la hora de negociar su agenda con el gobierno de Trump.

 

  • De igual forma, es indispensable identificar aliados potenciales del otro lado de la frontera cuyos intereses se alinean con los de México (gobernadores y alcaldes, grupos empresariales, asociaciones comunitarias) y coordinar estrategias con ellos, en particular definiendo los principales contrapesos institucionales por los que puede apostarse (cámaras comerciales, tribunales locales, gobiernos urbanos o estatales, burocracias especializadas) para confrontar las políticas del gobierno de Trump. Sobra decir que buena parte del éxito de estos esfuerzos dependerá de la discreción con la que se lleven a cabo. Dichos aliados y contrapesos representarían a su vez un frente interno en Estados Unidos de un “juego a dos niveles” para el gobierno de Trump, generándole presión para suavizar sus posiciones respecto a México y los mexicanos.

 

  • Hay que plantear a su vez una agenda legislativa que fortalezca el marco normativo en materia de Derechos Humanos y combate a la corrupción, y que articule una oposición decidida contra todos los esfuerzos encaminados a institucionalizar situaciones de excepción o impunidad en materia de Derechos Humanos, así como a impedir la consolidación de los avances del Sistema Nacional Anticorrupción y de la autonomía de la nueva fiscalía. Ante el debilitamiento de los contrapesos que encontraban apoyo directo o indirecto en las prioridades de la política exterior de Estados Unidos hacia México, resulta indispensable encontrar fuentes alternativas para su supervivencia.

 

  • Más allá de la coyuntura del 2018, hace falta multiplicar los vínculos con la comunidad internacional y asumir a cabalidad el papel en el que la Presidencia de Trump está poniendo a México. Hay que invertir recursos financieros y humanos para, por ejemplo, crear un frente internacional en contra de que Estados Unidos haga que México, directa o indirectamente, pague por el muro; hay que usar la normatividad interna en Estados Unidos para dar la batalla en contra de las deportaciones masivas; hay que explotar contactos legislativos e invertir en despachos de cabildeo para minimizar la posibilidad de cambios unilaterales al TLCAN. En fin, hay que llevar a cabo acciones concretas y coordinadas.


 

POSIBLES ESCENARIOS DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS-COMERCIALES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO DURANTE LA PRESIDENCIA DE DONALD TREMP

 

Carlos Heredia

  • Trump insulta a los mexicanos y nos dice: ‘los necesitamos, pero no los queremos’. El presidente electo de Estados Unidos anuncia que bajo su mandato él ‘mejorará’ el TLCAN; pondrá sobre la mesa sus planteamientos y de no aceptarlos Canadá y México, Washington podría denunciar el tratado y abandonarlo.

 

  • Por primera vez en décadas, la totalidad de los mexicanos, dentro y fuera de nuestras fronteras, hablan de lo que podría hacer Trump con gran preocupación y vislumbran un futuro ominoso.

 

  • El gabinete de Trump en el ámbito economía / comercio está integrado por: Wilbur Ross, Secretario de Comercio; John Lighthizer, Representante Comercial USTR; Peter Navarro, Consejo de Comercio en la Casa Blanca. Los tres tienen una trayectoria que apunta a la política de ‘America First’, es decir, de dar prioridad a los intereses de Estados Unidos en su relación con el resto del mundo.

 

  • El 11 de enero el presidente EPN indicó que ‘toda la relación bilateral con Estados Unidos está sobre la mesa’.  Buscará negociar temas como comercio, seguridad y migración con el próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y que seguirá promoviendo el libre comercio entre los países de Norteamérica.    

 

  • El 4 de enero Luis Videgaray fue designado nuevo Secretario de Relaciones Exteriores. En los hechos el canciller actuará como una especie de Vicepresidente, coordinando toda la relación bilateral, incluyendo las negociaciones comerciales.   Esto seguramente traerá consigo pugnas entre distintas dependencias.
  • En este texto se proporcionan elementos de comprensión y propuestas para la estrategia mexicana.

 

EL CONTEXTO: El TLCAN en la era de Trump y el diálogo entre los países miembros.

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, los lazos entre nuestros dos países han aumentado sin pausa. Estados Unidos y México sostienen intercambio comercial de $1 millón de dólares por minuto; nuestro vecino país del norte es el destino de 80 por ciento de las exportaciones mexicanas mientras que nuestras exportaciones manufactureras contienen un 40 por ciento de insumos estadounidenses.

 

En Estados Unidos viven 11.6 millones de personas nacidas en México y otros 25 millones con raíces mexicanas.

 

Nuestros dos países sostienen intercambios cotidianos que exceden con mucho a los comerciales.  La red de vínculos atraviesa estados, condados y ciudades, a lo largo y a lo ancho de la geografía estadounidense.  Tiene que ver con los negocios, pero también con la cultura, las bellas artes, el deporte, las iglesias y las religiones, la ciencia, la educación, en fin, todos los ámbitos de la vida en ambos países.

 

Durante su campaña electoral, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, insultó repetidamente a los mexicanos, llamándonos ‘violadores, criminales y narcotraficantes’. 

 

Aun cuando sabe que actividades completas de la economía estadounidense dependen o se apoyan en la mano de obra mexicana -como la agricultura, la construcción, los servicios hoteleros y restauranteros, el trabajo doméstico, el cuidado de las personas de la tercera edad entre muchos otros- nos envió una señal ominosa: ‘los necesitamos, pero no los queremos’.

 

Adicionalmente, Trump llamó al TLCAN ‘quizá el peor acuerdo comercial jamás firmado en lugar alguno’. Los trabajadores de los estados industriales alrededor de los Grandes Lagos: Pennsylvania, Ohio, Michigan y Wisconsin, acabaron por darle el triunfo a quien se hizo eco de sus demandas, entre las cuales se encontraba como prioridad: no a los TLCs, fin a los acuerdos comerciales que sólo benefician a las grandes corporaciones.

 

Ya como presidente electo, Trump ha anunciado que a partir del inicio de su mandato el 20 de enero de 2017, buscará ‘revisar’ y ‘mejorar’ el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  Más que procurar una renegociación, plantea que pondrá sobre la mesa mejoras que beneficien a la economía y a los trabajadores estadounidenses, y que de no aceptar Canadá y México dichas ‘mejoras’, podría sustraer a Estados Unidos del TLCAN.

 

¿Tiene el presidente de Estados Unidos la facultad de actuar así? La respuesta es sí. De acuerdo con la legislación estadounidense, el TLCAN es un acuerdo comercial ejecutivo, no un tratado internacional (porque no fue ratificado por mayoría calificada de 2/3 en el Senado) y por lo tanto el presidente puede retirar a su país del acuerdo, notificando a Ottawa y a la Ciudad de México con 180 días de anticipación. Si EEUU se retira impondría aranceles de 35 por ciento a los productos mexicanos.

 

En este mismo sentido, Trump ha anunciado que en el primer día de su gobierno retirará a EEUU del TPP. También tiene facultades para hacerlo.  El gobierno mexicano considera seguir empujando su ratificación por parte de los otros once países, aunque varios (Australia, Vietnam, Japón, Canadá), han dicho que no tendría sentido sin Estados Unidos.

 

Asimismo, el próximo presidente de Estados Unidos ha anunciado que gravará las remesas que los trabajadores migratorios mexicanos envían a sus familias en sus comunidades de origen en México, y que deportará a entre 2 y 3 millones de trabajadores indocumentados.

 

Por primera vez en décadas, la totalidad de los mexicanos, dentro y fuera de nuestras fronteras, hablan de lo que podría hacer Trump con gran preocupación y vislumbran un futuro ominoso.  Desde los altos funcionarios de gobierno y los presidentes de cámaras empresariales hasta el taxista, el vendedor de periódicos, el bolero, y la mesera coinciden: la llegada de Trump es una mala noticia para México.

 

Me comentar un destacado miembro de la comunidad mexicana en Chicago: ‘por primera vez en mucho tiempo las élites mexicanas sienten la angustia, la ansiedad y la preocupación que nosotros sentimos cada hora de cada día de cada mes y cada año que pasamos en Estados Unidos… para que vean lo que se siente’. 

 

Las declaraciones emitidas por Trump antes de su toma de posesión no son posturas formales de un gobierno.

 

Sin embargo, a mí me queda claro que Trump sí se propone hacer lo que anunció durante su campaña electoral, y que no se va a ‘suavizar’ una vez que rinda protesta como el presidente 45 de los Estados Unidos de América.

 

Diálogo entre los tres países miembros del TLCAN

 

No hay nerviosismo en las oficinas de Justin Trudeau, primer ministro canadiense, ni en la colina del Parlamento. En el fondo, el país de la hoja de arce tiene menos que perder con las eventuales exigencias de Estados Unidos o incluso con su retirada.  Ottawa y Washington ya cuentan con su acuerdo bilateral de libre comercio, que data de 1989.  Si Trump retira a EEUU del TLCAN, los dos países al norte del río Bravo podrían acordar dejar de lado el TLCAN y retomar su pacto bilateral con algunas adecuaciones y actualizaciones. 

 

No es un secreto que entre algunos sectores de origen anglosajón de nuestros dos socios del TLCAN siguió prevaleciendo la idea de que es más fácil ponerse de acuerdo entre dos que entre tres, en tanto los dos socios originales son más afines por compartir el idioma inglés, así como raíces étnicas y culturales. Aun si en la manufactura automotriz y aeronáutica hay cadenas de valor que atraviesan los tres países, para amplios sectores la idea de América del Norte sólo abarca su porción septentrional, sin incluir a México, país tropical donde la gente habla español, es católica y de sangre mestiza.

Mientras tanto, en sectores del entorno presidencial de México le siguen apostando a que el nuevo canciller Luis Videgaray conoce a Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, casado con su hija Ivanka.  Tratan los asuntos de Estado como si fuesen materia de rondas de golf entre los miembros del entorno peñista en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México.

 

‘Una vez que Trump esté informado reflexionará y acabará por aceptar que el TLCAN es demasiado importante como para moverle,’ dicen de una y otra manera sus voceros. ‘No se van a aventar el tiro de tirar por la borda lo que hemos construido en 22 años del TLCAN’, aventuran.

 

No han entendido que estamos ante un sismo político de consecuencias impredecibles.  Aquí no se trata de contar con información, ni de tratar bien a los socios.  Estamos ante intereses fríos y duros.  De nuevo, Trump no va a dejar de ser Trump.

Una colega estadounidense nos dijo a un grupo de mexicanos que fuimos a observar la elección presidencial: ‘Después de tantos años de negociar con Estados Unidos, México parece olvidar que los estadounidenses sólo respetan a sus interlocutores cuando éstos asumen una posición digna y firme, sustentada en una definición de sus propios intereses nacionales…creer que allanarse a las exigencias estadounidenses para congraciarse con ellos es una buena táctica, es no entender nada…si los mexicanos se agachan y se arrodillan creyendo que así los tratarán mejor, los estadounidenses, lejos de respetarlos, los van a arrollar.’

 

Dentro de toda su retórica agresiva, Trump tiene un punto: al menos se pregunta cómo servir los intereses de su país y cómo le ha ido a los trabajadores de la industria estadounidense.  Los funcionarios mexicanos son totalmente omisos al respecto.

Harían bien en plantearse estas preguntas como ejercicio previo a cualquier diálogo sobre el futuro del TLCAN: ¿cómo les ha ido a los trabajadores mexicanos en estos 22 años de TLCAN? ¿cómo han evolucionado sus derechos laborales, su acceso a la justicia laboral, sus salarios tanto en la manufactura como en otros ámbitos?  ¿cómo han evolucionado la base industrial mexicana y el empleo manufacturero en México?  ¿por qué tantos productores manufactureros decidieron dejar de fabricar productos en nuestro país y volverse importadores?

 

México no será más competitivo sobre la base del castigo salarial.  No puede limitarse a esperar qué hacen o dejan de hacer otros países.  Tenemos que apostarle al interés nacional, definido como un mayor bienestar de todos los mexicanos, invirtiendo más y mejor en nuestra gente y en nuestra capacidad productiva e innovación tecnológica, tanto en la esfera del TLCAN como a nivel global.  

 

  1. DIAGNÓSTICO

Considerando el contexto ya enunciado, se identifican 5 áreas conflictivas con base en los planteamientos de Donald Trump durante su campaña electoral y a partir de que se convirtió en presidente electo.

 

1.1  El tipo de cambio peso-dólar: 

A partir de que DT fue electo candidato del Partido Republicano y hasta hoy, el peso se ha depreciado alrededor de 20% frente al dólar. Las medidas anunciadas por Meade (SCHP) y Carstens (Banxico) son insuficientes.  La extrema volatilidad del peso afecta negativamente decisiones de consumo e inversión en México, tanto adentro como afuera de nuestro país.  Por supuesto, no es sólo a causa del efecto Trump, sino del endeudamiento gubernamental y otros factores.

El anuncio de la salida del Gobernador del Banxico, Agustín Carstens, a partir del 1 de julio para convertirse en titular del Banco de Pagos Internacionales (BIS, con sede en Basilea, Suiza), ha metido ruido al mercado cambiario.   

 

Los asuntos cambiarios toman un nuevo cariz a la luz de la encendida disputa que Washington mantiene con Beijing en torno a lo que la parte estadounidense considera una manipulación del tipo de cambio entre el yuan renminbi y el dólar, con el fin de mantenerlo subvaluado para favorecer las exportaciones chinas.  

 

1.2      ¿Qué pasará con el TLCAN? ¿Y con los aranceles a exportaciones mexicanas?

 

Trump ha dicho que va a ‘mejorar ‘el TLCAN siguiendo los intereses estadounidenses, y que de no aceptar Canadá y México los cambios qué él diga, podría retirar a EEUU del tratado. 

 

El gobierno de México no quiere reabrir el TLCAN.  Es el grupo encabezado por Trump quien ha planteado su revisión.

 

No sabemos exactamente cuáles serán las exigencias del Presidente Trump una vez que llegue a la Casa Blanca, y por lo tanto habrá que esperar al 20 de enero y días subsiguientes para conocer sus demandas específicas.

 

De no allanarse Ottawa y la CDMX a las exigencias de Trump, el presidente estadounidense podría sustraer a su país del TLCAN notificando a las partes canadiense y mexicana con 180 días de anticipación. De acuerdo con la legislación estadounidense, el TLCAN es un acuerdo comercial ejecutivo, no un tratado internacional (no fue ratificado por mayoría calificada de 2/3 en el Senado) y por lo tanto el presidente puede unilateralmente tomar la decisión de retirar a su país del pacto comercial. Si EEUU se retira impondría aranceles de 35 por ciento a los productos mexicanos.

 

De abrirse el escenario de renegociación, entonces sí el presidente estadounidense necesitaría autorización del Congreso.   En ese caso, los temas nuevos a incluir serían los ya considerados en el TPP pero no en el TLCAN: comercio electrónico, transparencia y anticorrupción, propiedad intelectual, así como asuntos laborales y ambientales (en el TLCAN ambos forman parte de acuerdos paralelos, pero no del cuerpo del tratado en sí), entre otros.

 

 ¿Estamos ante el fin de la hegemonía estadounidense? ¿Se trata del fin del ciclo de los TLCs tradicionales?

 

A pesar del vertiginoso ascenso de China y de que el siglo XXI ha sido ya nombrado como la centuria asiática, los anuncios de la caída fatal de la superpotencia americana son prematuros.  Estados Unidos sigue siendo claramente el país preminente a nivel mundial. Su capacidad de recuperación tras la severa crisis detonada en 2008, su despliegue de innovación tecnológica, su habilidad para atraer talento de todos los rincones del mundo, su enorme influencia a través del ‘poder suave’ de su cultura popular lo convierten en el referente, en singular, para el resto de los países del mundo. Sus fuerzas armadas no tienen par – aunque China lo supera en número de hombres enlistados, el gasto militar anual de Washington es por lo menos cinco veces superior al de Beijing.  

 

Desde el surgimiento de la República Popular China en 1949, Estados Unidos ha aplicado hacia el régimen comunista distintas políticas de contención, emprendiendo iniciativas con los vecinos del gigante asiático. Washington mantiene alianzas de defensa y seguridad con Japón y Corea del Sur, incluyendo la presencia de tropas estadounidenses en el territorio de estos dos países.  Asimismo, ha ofrecido tecnología nuclear avanzada a la India, que cubre el flanco suroccidental de China.  Ha mantenido a su flota naval en los mares que bañan las costas chinas tanto al este como al sur, escenario de disputas territoriales y limítrofes entre Beijing y varios de sus vecinos.

 

Washington fue el creador del régimen de Bretton Woods, que desde 1944 ha regido a las instituciones financieras internacionales; del Acuerdo General de Tarifas y Aranceles (GATT) y su sucesor a partir de 1995, la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

 

Estados Unidos ha fijado las reglas de las finanzas y el comercio mundial desde entonces.  Mantiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, junto con Rusia, China, el Reino Unido y Francia, sus cinco miembros permanentes.  Este régimen se ha quedado rezagado frente al proceso de globalización.  Los cambios en la distribución del poder mundial no se ven reflejados en sus instituciones, y por lo tanto éstas acusan un severo desgaste. 

 

1.3  El futuro del TPP

 

El presidente Barack Obama lanzó en 2012 su estrategia geopolítica denominada ‘Pivote hacia China’, uno de cuyos componentes ha sido la articulación del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), cuyas partes son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam.  Claramente, China ha sido excluida.

 

El representante comercial del saliente gobierno de Obama, Michael Froman, máximo negociador por Washington en el TPP, sostiene que mantener el liderazgo en materia comercial sigue siendo estratégico para Estados Unidos, porque el poder de las naciones se mide hoy cada vez más por la fortaleza económica que por la militar. 

 

El Tratado fue firmado por los representantes de los gobiernos en Auckland, Nueva Zelandia, el 4 de febrero de 2016, fecha en que se abrió un proceso para poner a consideración de la rama legislativa de cada país su eventual ratificación.

 

Se estableció como condición para su entrada en vigor que al menos seis países que representen 85 por ciento del PIB del bloque lo hayan ratificado, lo que es imposible sin el consentimiento de Estados Unidos, que representa el 65 por ciento.  

 

Durante la campaña electoral estadounidense, tanto Trump como la candidata demócrata Hillary Clinton expresaron su oposición al TPP.  Una vez electo, Trump declaró que en el primer día en la Casa Blanca formularía una ‘nota de intención’ para sustraer a Washington del proceso de ratificación del TPP. 

El gobierno mexicano está considerando seguir empujando su ratificación por parte de los otros once países, aunque varios (Australia, Vietnam, Japón, Canadá) han dicho que no tendría sentido hacerlo sin Estados Unidos.  La palabra precisa que usó Shizo Abe, el primer ministro japonés fue meaningless, lo que quiere decir sin sentido, sin significado. 

 

Vietnam declaró también que no buscará su ratificación.  Canadá y México han virado la mira hacia la defensa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ante la posibilidad de que su revisión por parte del gobierno de Trump se traduzca en medidas unilaterales de Washington que anulen las conquistas del librecambismo.

 

En la geopolítica mundial, los espacios vacíos se llenan rápidamente.  A partir de la reunión de los 21 estados miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) sostenida en Lima, Perú, 19 y 20 de noviembre 2016, se avizoran tres escenarios posibles sobre el comercio en la cuenca del Asia-Pacífico y por lo tanto en torno al futuro del TPP:

 

  1. a) El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es hasta hoy un espacio de intercambio y diálogo, pero no es un tratado de libre comercio y por lo tanto sus acuerdos no son vinculantes. Incluye a los países de la cuenca Asia-Pacífico tanto en el litoral asiático y de Oceanía, como americano.  De hecho, una de las condiciones para ingresar al TPP fue pertenecer al foro APEC.  En su seno se gestó la idea del Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico (FTAAP por sus siglas en inglés), que podría retomarse en la coyuntura actual.

 

  1. b) El Acuerdo Regional de Asociación Económica Integral (RCEP por sus siglas en inglés) que incluye además a los siete países asiáticos del TPP, a la India, a Corea del Sur y a países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ANSEA. Beijing está capitalizando la retirada estadounidense y está preparado a liderar la RCEP;

 

  1. c) Beijing ha tendido puentes también hacia los países de la Alianza del Pacífico latinoamericano, que incluye a Chile, Colombia, México y Perú.

 

1.4      Inversión y establecimiento de compañías estadounidenses en México 

Trump está presionando por el regreso de compañías estadounidenses establecidas en México, y también para que aquellas que tengan planes de mudarse hacia el sur los abandonen.  Cuenta con mecanismos fiscales e incluso de seguridad nacional para hacerlo; falta saber cómo responden las grandes corporaciones que ahorran mucho dinero invirtiendo en México. Desde los primeros días de su campaña, una de las promesas emblemáticas de Donald Trump fue mantener los trabajos manufactureros en Estados Unidos. 

El 1 de diciembre la empresa de aire acondicionado Carrier, propiedad del consorcio United Technologies  (UT, el sexto mayor proveedor de suministros a las fuerzas armadas de EEUU) anunció que suspendía el traslado de 800 empleos de Indiana a México. A cambio, el gobierno de Trump relajará regulaciones, rebajará impuestos y sin que se haya hecho explícito, dará continuidad a los contratos de suministros militares del consorcio UT. 

 

El señor Gregory Hayes    -presidente de United Technologies-  declaró a la cadena CNBC que los empleados de su compañía en México ‘tienen un gran talento…los empleados mexicanos son más dedicados, eficientes y 80 por ciento más baratos que los estadounidenses…una combinación perfecta: mano de obra barata, dedicación, y un ausentismo laboral de sólo 1 por ciento.’  Esta declaración resulta humillante para los trabajadores mexicanos, pero pone el dedo en la llaga sobre el hecho de que las élites económicas y políticas mexicanas cifran la competitividad de la industria mexicana en los bajos salarios pagados a los trabajadores.

Las presiones de Trump contra compañías con planes de nuevas inversiones en México han continuado, extendiéndose a Ford y a General Motors, e inclusive a compañías automotrices que no son de matriz estadounidense, como la japonesa Toyota y la alemana BMW.

 

1.5  Movilidad laboral y acuerdo de trabajadores temporales México-EEUU          

El expresidente Ernesto Zedillo y el exsecretario de Comercio de George W. Bush, Carlos Gutiérrez, publicaron el 13 septiembre 2016 ‘Una frontera común, un futuro común- Una propuesta para la movilidad laboral entre EEU y Mexico’ http://www.cgdev.org/sites/default/files/CGD-shared-border-shared-future-report-es.pdf, que comparado con las políticas de Trump aparece como una narrativa mucho más favorable y coloca a la movilidad laboral en un marco económico, sustrayéndola del marco migratorio hoy más que nunca etiquetado como un asunto que únicamente se aborda desde el marco de seguridad fronteriza y seguridad nacional estadounidense.

 

  1. RESPUESTAS
  2. a) Definición del interés nacional:

 

El Gobierno de México debe convocar a los poderes de la Unión y al conjunto de la sociedad mexicana para determinar los intereses nacionales.  Estos no pueden ni deben formularse sólo con referencia a las élites económicas y políticas, sino al conjunto de la nación mexicana.  Esta definición no puede darse por sentada, ni tomarse como un supuesto. Tiene que ser una declaración explícita, conocida y asumida por todos los mexicanos.

  1. b) Declaración de actos hostiles:

 

El Gobierno de México debe hacer saber al gobierno estadounidense que la construcción del muro fronterizo y la deportación sumarísima de ciudadanos mexicanos son actos hostiles a la nación mexicana.

  1. c) ¿Qué defendemos? ¿La continuidad del status quo?

 

El objetivo estratégico de México no puede ser simplemente limitarse a defender la continuidad del TLCAN.  Tiene que orientarse hacia la reconstrucción de la industria mexicana y el fortalecimiento del mercado interno para generar crecimiento, empleo y bienestar. 

El 9 de enero, el rector del ITAM, Arturo Fernández, declaró que para México es preferible que se defina la salida de EEUU del TLCAN a enfrentar una prolongada incertidumbre.  Los exnegociadores del TLCAN en 1992-1993, Jaime Serra, Jaime Zabludovsky y Luis de la Calle han empezado a sugerir un acercamiento con productores canadienses de granos y de otros productos para sustituir importaciones procedentes de Estados Unidos.  El estado de ánimo de ‘preservar el TLCAN o el Apocalipsis’ ha dado paso paulatinamente a ‘defender el libre comercio con o sin Estados Unidos’.  

 

  1. d) ¿Qué proponemos?

 

Este objetivo no se traduce en una postura proteccionista, ni en cerrarnos a los flujos comerciales globales, sino en que México asuma la conducción de su proceso de desarrollo económico.  Ello pasa por crear un círculo virtuoso de innovación y el fortalecimiento de la capacidad productiva mexicana, así como por una inserción inteligente en las cadenas de valor globales. 

 

  1. e) ¿Una respuesta de Estado?

 

El presidente del Senado, Pablo Escudero, y la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu, anunciaron al inicio de diciembre 2016 que el día 20 de ese mes se integraría un Grupo de Alto Nivel con representantes del propio Senado, la Cámara de Diputados, el Consejo Coordinador Empresarial, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía y el CIDE asumiendo la Secretaría Técnica. No sabemos aún si el Secretario Videgaray, cabeza visible para las próximas negociaciones bilaterales, impulsará este acuerdo de su antecesora, pero de no hacerlo el nuevo canciller, el Senado debe tomar la iniciativa.

 

  1. f) Inventario de capacidad de incidencia:

 

65.5 millones de electores estadounidenses sufragaron por Hillary Clinton, 2.7 millones más que los 62.8 millones por Donald Trump.  La política de alianzas de México no debe conceder que todos los estadounidenses son hostiles a nuestro país.  Por el contrario, ahora más que nunca debemos identificar aliados, amigos, interlocutores para multiplicar vínculos con nuestros homólogos y contrapartes estadounidenses en todos los ámbitos de la vida pública: política, negocios, academia, iglesias, sociedad civil, arte, cultura, deporte, entre otros muchos. 

 

  1. g) Mapeo tridimensional: electoral, comercial-inversión, y alianzas:

 

Dada la campaña de odio e insultos de Trump contra México, las elecciones estadounidenses se convirtieron en los hechos en un asunto mexicano.  Decir que no debemos intervenir en asuntos políticos estadounidenses es desconocer que el gobierno de Estados Unidos interviene en México todo el tiempo de múltiples maneras.  Tenemos que subirle el costo a los legisladores estadounidenses que promueven actos hostiles contra México y retirar inversiones mexicanas en su distrito, o presionar a empresas estadounidenses originarias de tal o cual estado para que cabildeen en favor de sus inversiones en México como generadoras de empleo en ambos lados de la frontera. 

 

  1. h) Hay que hacer política transnacional:

 

Con funcionarios, legisladores, profesores, académicos, estudiantes, artistas, deportistas, tanto mexicanos como estadounidenses, tanto en México como en Estados Unidos, de manera inteligente y concertada con nuestros aliados.    En primer lugar, tejiendo y ampliando las relaciones con nuestros connacionales residentes en los Estados Unidos, para fortalecer su identidad, su integración como comunidad, sus tradiciones y sus valores, estimulando la manifestaciones culturales y los intercambios a ambos lados de la frontera. En segundo lugar, multiplicando los vínculos con los sectores progresistas de la sociedad estadounidense: académicos, intelectuales, artistas, gobiernos locales, parlamentarios.

  1. i) El caso de la frontera Estados Unidos-México

 

Esta sección se alimenta del pensamiento y la formulación de políticas públicas planteadas por Víctor Quintana, Secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado de Chihuahua: ‘pareciera que vamos a contracorriente de la lógica global: mientras todos expulsan, nuestra frontera recibe, acoge. Sin recursos suficientes, como podemos,  pero recibimos.’

Si en algún lugar de la geografía mexicana se reflejará la creciente complejidad de la relación bilateral entre México-Estados Unidos, es en nuestro lado de la franja fronteriza.  Con el gobierno de Trump todo se hace aún más difícil.  México debe estar preparado incluso para un escenario improbable de cierre de la frontera. Quizá este escabroso escenario no se materializará, pero enfrentaremos una situación de incertidumbre y de puntos de vista encontrados incluso dentro de cada uno de los gobiernos.

 

La elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y su asunción al poder este 20 de enero nos cambian drásticamente las coordenadas políticas, económicas, sociales y hasta culturales en que nos movemos, especialmente en la frontera.

 

Dentro de México, la operación de las mineras, la penetración del crimen organizado, la desvalorización de los productos de la agricultura campesina en el contexto de los tratados de libre comercio,  el cambio climático, la creciente escasez de agua, expulsan cientos de miles de personas de las zonas rurales de México –tres millones desde que se inició el TLCAN en 1994- y la mayoría de esos expulsados llegan a la franja que va de Tijuana a Matamoros.

 

¿Cómo hacer frente al endurecimiento del control fronterizo tanto en términos del tránsito de mercancías como del flujo de personas?  Para atender unos y otras es imperativo adoptar un plan que incluya al menos los siguientes puntos:

 

?         Alianza de gobiernos fronterizos, tanto estatales como municipales, de ambos lados de la frontera;

?         Fondo de fronteridad, que ayude a los estados fronterizos mexicanos solventar los costos que implica ser punto de destino de miles de expulsados del interior de nuestro país y de los repatriados forzadamente, proveer servicios de educación, salud, cultura y recreación, muy por encima de las demandas del crecimiento normal de nuestras ciudades. 

 

?         Fondo para la inclusión productiva: en tanto no haya un redireccionamiento del modelo de desarrollo, es necesario que los gobiernos de la Frontera Norte demandemos los recursos necesarios para promover la inclusión productiva de muchos de los migrantes repatriados que no desearán volverse a sus lugares de origen en el interior del país, porque precisamente los dejaron por la falta de oportunidades económicas. Si no atendemos a la urgencia de brindar estas oportunidades de inclusión productiva, la desesperación hará que muchos de nuestros repatriados caigan en las redes criminales;

 

?         Atención especial a los jóvenes para su inserción educativa o laboral: Debemos construir con el gobierno federal opciones de integración productiva para las y los jóvenes deportados que hablan perfectamente el inglés y tienen experiencia laboral en los Estados Unidos. Se estima que hay casi un medio millón de ellos. Aunque el gobierno de Trump los desprecie, ellos constituyen una voluminosa fuerza de trabajo capacitada, bilingüe, formada. La experiencia de los miles de ellos que se han integrado ya a los diferentes “call centers” que se han instalado en este país nos marca el rumbo de lo mucho que se puede hacer al ofrecer opciones educativas y  productivas a la medida de estos jóvenes desaprovechados por la ceguera discriminatoria.

 

  1. CONCLUSIONES

Desde la designación de Trump como candidato republicano el 19 de julio de 2016,    el gobierno mexicano declaró reiteradamente que su más alta prioridad era la defensa y preservación del TLCAN. 

 

Sin embargo, a partir del 11 de enero de 2017 se produjo un viraje en la estrategia mexicana frente a Trump.  No sólo por el hecho de que por primera vez todos los temas están sobre la mesa y se aborda su interrelación, sino porque los asesores del gobierno de EPN en materia comercial

 

El presidente Trump toma posesión el 20 de enero, pero aun cuando los titulares de su gabinete han sido designados, no se completarán los nombramientos y confirmaciones de los subsecretarios y otros altos funcionarios al menos durante un par de meses.  Las negociaciones entre México y Estados Unidos no podrán comenzar tan pronto tome posesión Donald Trump; sólo podrán dar inicio cuando muy temprano hacia el final de la primavera 2017. 

 

La aprobación al presidente EPN ha caído a un nuevo mínimo histórico: 86 por ciento de los mexicanos desaprueba la forma en que está haciendo su trabajo.  Su impopularidad y el elevado rechazo popular a la designación de Luis Videgaray como canciller reducen dramáticamente el margen de maniobra del gobierno dentro y fuera de México.   Al mismo tiempo, Donald Trump en el momento de su inauguración es el presidente menos popular de las últimas décadas.  Un final de sexenio turbulento en México y un inicio de cuatrienio caótico en Estados Unidos no representan buenos augurios, sino que apuntan a la dificultad de que ambos gobiernos tengan la voluntad y la dificultad de encontrar un terreno común para forjar acuerdos.

 

Enfrentamos una situación de gran incertidumbre, que no se disipará pronto.  Los mexicanos no queremos un gobierno que se incline al entreguismo frente a Washington, pero tampoco a una confrontación que sólo sirva de pantalla o de coartada para enfocar nuestra atención hacia ‘el enemigo externo’ dejando de lado el hecho de que nuestros problemas internos no son creados por el señor Trump.

 

El gobierno de México no puede afirmar de antemano que no confrontará al gobierno de Trump.  Ello dependerá de una clara definición del interés nacional mexicano y del talante del diálogo y la negociación bilateral.  Un auténtico acuerdo binacional en cualquier tema implica que haya compromisos de las dos partes y asignación de recursos por ambos para un propósito común.

 

En este contexto, no creo que el camino de respuesta a Trump sea un nacionalismo ramplón que rechaza todo lo estadounidense y a todos los estadounidenses, sino una estrategia inteligente que identifique a nuestros posibles aliados en Estados Unidos y le apueste a propuestas de beneficio común. 

 

Se hace tarde para que el Estado mexicano, a convocatoria del gobierno, articule su respuesta junto con la del sector empresarial, la academia, la intelectualidad y el conjunto de la sociedad mexicana.  En ésta, el Senado debe jugar un papel proactivo y propositivo, a la altura de los extraordinarios desafíos que enfrentamos.

 


 

MÉXICO FRENTE AL ESCENARIO INMEDIATO DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP

 

Jorge Durán

 

Diagnóstico

 

El tema migratorio es un asunto de capital importancia para la relación bilateral entre México y Estados, debido a la presencia de 11 millones de mexicanos (nacidos en México) que viven y trabajan en el vecino país, de los cuales 5.5 millones están en situación irregular.

Si bien la presencia de trabajadores mexicanos en situación irregular en Estados Unidos y los procesos de deportación recurrentes,  se podrían considerar como una situación “normal” de las últimas décadas y una manera ya establecido de gestionar con tolerancia y de acuerdo a sus intereses, el fenómeno migratorio, en fechas recientes la disputa electoral ha puesto el tema migratorio en el centro del debate y se han radicalizado las posturas con respecto a qué hacer con los 11 millones de migrantes irregulares, que actualmente radican en Estados Unidos.

 

Se identifican 5 áreas conflictivas en el campo migratorio, debido a los planteamientos y propuestas señalados por Donald Trump durante su campaña,  durante las primeras semanas como presidente electo de Estados Unidos y después de que se hayan definido y expresado los miembros de su gabinete: deportaciones, construcción del muro, migración en tránsito, justicia y asuntos legales y ciudades y universidades santuario.

 

Se prevén dos posibles escenarios:

 

  • – Una acentuación de la política migratoria vigente, durante el gobierno de Obama, con énfasis marcado en la deportación de los llamados “criminales” radicados al interior de Estados Unidos (procesados, pandilleros y personas que cometieron delitos o faltas menores);  mayores penas a los migrantes irregulares reincidentes capturados en la frontera o al interior; redadas en mercados de trabajo donde hay excedentes de mano de obra (trabajadores, jornaleros,  “esquineros” o “day laboreres” que no tienen trabajo fijo) y retorno forzado de familiares cuando se detiene o deporta al jefe o jefa de familia.

 

  • Durante el gobierno de Obama se deportaron a 2,8 millones de migrantes, un promedio de 350,000 por año. Más que el número, lo que importa señalar es el cambio entre los migrantes deportados en la frontera (catch and realease) y los deportados desde el interior con una estancia larga (removals). Además, en este periodo ingresaron a México medio millón de niños mexico-americanos, acompañando a sus padres deportados, que se deben añadir a la corriente que viene de retorno.
  • Se estima que pueda aumentar la cifra de deportados a unos 400 o 500 mil por año, todo depende de que se le otorgue mayor presupuesto al sistema de justicia, que se otorguen más permisos para los centros de detención privados, que se refuerce el número a los funcionarios del ICE que trabajan al interior de Estados Unidos y se restablezca la disposición 287G, de “comunidades seguras” que establece un convenio de colaboración e información entre las policías locales y los oficiales encargados de la deportación (ICE).

 

  • En este escenario se prevé la derogación de los programas de acción diferida DACA y DAPA, lo que ya está decidido pero no ejecutado, pero, al parecer, no se pretende convertir a los DREAMers en un objetivo prioritario según declaraciones de John Kelly (DHS).

 

 

  • – Un segundo escenario catastrófico de deportación masiva supondría elevar la cifra anual de deportados al doble entre 700 mil y 900 mil anuales. Incluso en este escenario no se podría acabar con el total de migrantes irregulares durante el primer periodo de la administración Trump.

 

  • Para este escenario sólo se requiere reactivar leyes y propuestas de ley que ya han sido propuestas en distintos momentos, pero que no fueron llevadas a la práctica por no ser aprobadas o por no ser totalmente implementadas. Estas son las Proposición 187 de California en 1994, la ley IIRAIRA DE 1996, (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act) y la propuesta de ley HR 4437 (The Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act of 2005), finalmente habría que añadir las 10 propuestas de Donald Trump señaladas en su discurso en Fenix el 31 de agosto de 2016.

 

  • El punto más controvertido de la Proposición 187 fue la disposición que obligaba a los funcionarios del sistema educativo y de salud de denunciar a los migrantes irregulares que requirieran de esos servicios. Con lo cual se cierra el acceso a la educación y la salud de todos los migrantes.

 

  • En cuanto a la IIRAIRA es una ley que ya está implementada y que ha afectado seriamente a la comunidad migrante, pero no todas las disposiciones se ha puesto en práctica. La disposición más controvertida es la 287G de comunidades seguras, que vincula a las policías locales con el ICE. Esta disposición ha sido derogada, pero puede actualizarse e incluso convertirse en obligatoria.

 

En cuanto a la HR 4437 que es la ley más punitiva y represiva que se haya propuesto y que fue aprobada sólo en la Casa de representantes, se pretende cortar con todos los apoyos que cuentan los migrantes para sobrevivir de tal modo que les sea imposible quedarse a vivir o trabajar en Estados Unidos de manera irregular.  Esta son las disposiciones, que muchas de ellas coinciden con la propuestas de Donald Trump:

 

  • Requiere de hasta 1,100 km (700 millas) de muro a lo largo de la frontera EU-Mexico en los puntos con el mayor número de pasos de ilegales, muerte de inmigrantes y tráfico de drogas ilegales (House Amendment 648, authored by Duncan Hunter).
  • Requiere que el gobierno federal tome custodia legal de los extranjeros ilegales detenidos por autoridades locales. Esto terminaría la práctica de “arrestar y liberar”, en la cual en ocasiones oficiales federales indican a la ley local que liberen a extranjeros ilegales detenidos porque los recursos para investigarlos no están disponibles. También reembolsa los gastos generados por detener extranjeros ilegales a las agencias locales en los 29 condados a lo largo de la frontera. (Section 607)
  • Exige a los empleadores que verifiquen el estatus legal a través de medios electrónicos, que se irán implementando en varios años. También requiere que se envíen informes al Congreso por uno y dos años después de la implementación para asegurar que se está utilizando. (Título VII).
  • Elimina el programa Diversity Immigrant Visa (también conocida como Green Card Lottery) (House Amendment 650, authored by Bob Goodlatte).
  • Prohíbe fondos para agencias federales, estatales o locales que mantengan una política de refugio (House Amendment 659, authored by Thomas Tancredo).
  • Incorpora comunicaciones vía satélite entre los oficiales de inmigración (House Amendment 638, authored by John Carter).
  • Requiere que todos los uniformes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos sean fabricados en los E.U. para evitar copias falsas (House Amendment 641, authored by Rick Benzi).
  • Instituye una planificación para el desarrollo de US-VISIT para todos los puntos de revisión en tierra (House Amendment 642, authored by Michael Castle).
  • Requiere que el Departamento de Securidad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) informe del número de OTMs (No Mexicanos) detenidos y deportados y el número de ellos que son de estados que apoyan el terrorismo. (Sección 401)
  • Formaliza la condena del Congreso por violación cometida por los contrabandistas de personas (“coyotes”) a lo largo de la frontera y pide a México que tome acción inmediata para prevenirlas (House Amendment 647, authored by Ginny Brown-Waite).
  • Todos los ilegales deportados deberán pagar una multa por $3,000 si están de acuerdo de irse voluntariamente pero no se adhieren a los términos de su acuerdo. El tiempo establecido para partir voluntariamente es recortado a 60 días.
  • Todos los niños nacidos de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos serán custodia del estado.
  • Requiere al DHS que realice un estudio acerca del potencial para colocar un muro en la Frontera EU-Canada .
  • Por falsificación de documentos establece la sentencia mínima a 10 años, multa o ambas, con sentencias mayores en casos de apoyo al tráfico de drogas y terrorismo.
  • Establece un Centro de Documentos Fraudulentos dentro del DHS.
  • Incrementa las penalizaciones para crímenes graves y varios fraudes, incluyendo el fraude matrimonial y fraude de documentos.
  • Establece una fecha límite de 18-meses para que el DHS controle la frontera, con un informe progresivo para ser entregado un año después de aplicar la legislación.
  • Requiere estar limpio en las revisiones del archivo criminal, lista de terroristas y documentos fraudulentos para cualquier extranjero antes de aprobarse un estatus legal de inmigración.
  • Reembolsa a los estados que ayuden a aplicar las leyes de inmigración.
  • Proveer casa a ilegales será considerado un crimen mayor y serán sujetos a no menos de 3 años en prisión.
  • Permite la deportación de cualquier extranjero ilegal culpable de manejar bajo la influencia de alcohol (DUI por sus siglas en inglés).
  • Agrega tráfico de seres humanos y contrabando de seres humanos al estatuto de lavado-de-dinero.
  • Incrementa las penalizaciones por emplear extranjeros ilegales a $7,500 para ofensores de primera vez, $15,000 para ofensores de segunda ocasión, y $40,000 para todas las ofensas subsecuentes.
  • Niega aceptar inmigrantes de países que pospongan o se nieguen a aceptar a los ciudadanos del país extranjero que han sido deportados de los Estados Unidos (Sección 404).JOEL

 

Finalmente la ley Arizona  SB1070 de 2010, o ley Apoye nuestras fuerzas de orden público y los vecindarios seguros (Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act, y sus réplicas en otros estados, añaden un elemento más a las anteriores que es pertinente remarcar, ya que se planteo directamente en la ley un proceso de discriminación por perfil racial, que fue impugnado y moderado posteriormente por una demanda judicial, pero que sienta un precedente de los que se conoce en inglés racial profiling, para determinar por medio de una sospecha de tipo racista la solicitud de documentos a cualquier persona.

 

En el contexto actual y en el peor de los escenarios es muy posible que este tipo de legislaciones puedan ser planteadas e implementadas. Hay un trasfondo racial indudable en la forma en que D. Trump y su equipo visualizan la problemática de la migración irregular.

 

Análisis temático

 

1.- Deportaciones:

 

Se prevé un incremento significativo de deportaciones de migrantes en general, muy especialmente de los calificados como “criminales”. No obstante la problemática y el tratamiento debe ser distinto de acuerdo a diferentes escenarios posibles.

 

Distinguimos cuatro contextos o escenarios diferentes de acuerdo a: 1.-  lugar de destino de los migrantes en Estados Unidos, 2.-  lugar de origen en México (estado y región migratoria), 3.- tipo de migrante que puede ser deportado de acuerdo a la duración de la estancia en Estados Unidos y su grado de integración a la comunidad de destino o a la comunidad de origen y, 4.-  el tipo de deportado.

 

En cada escenario consideramos las condiciones y particularidades de cada uno, el grado de vulnerabilidad al que están expuestos, los posibles apoyos o protección con la que pudieran contar y las facilidades o dificultades que pudieran encontrar en caso de retornar. 

 

 

A:- Lugar de destino

 

Se estima que hay tres  grupos medianamente protegidos

 

– Los trabajadores agrícolas, ya dijo el mismo DT que eran necesarios. Se supone que los llamados Ag Jobs corren por un carril distinto, aunque también hay centros de deportación en plenos valles agrícolas de California.

 

La Agricultural Job Opportunity Benefits and Security Act (AgJOBS) bloqueada en 2010 por los republicanos de la casa de representantes, proponía facilitar la legalización de trabajadores agrícolas.

 

– Los que viven en ciudades santuarios, ya se pronunciaron varios de los alcaldes y jefes de policía que no van a cambiar sus políticas.

 

– Y los DREAMErs o DACAS que están estudiando en la universidad. Hay un pronunciamiento con un apoyo generalizado a los estudiantes universitarios indocumentados,  desde un  College de Pomona a Harvard y Princeton.

 

– Son más vulnerables en los estados con leyes antiinmigrantes tipo Arizona y en los estados donde ganó Trump y gobiernan los republicanos.

 

 

B.- Lugar de origen

 

Las condiciones a las que se enfrentan los migrantes irregulares en Estados Unidos varían significativamente si consideramos y analizamos la problemática de acuerdo a las cuatro regiones migratorias: Centro, Fronteriza, Histórica y Sureste (Ver Durand y Massey, Clandestinos, 2004).

 

Las condiciones de los migrantes de los estados fronterizos son diferentes a los de la región histórica del Occidente de México que tienen más de un siglo de tradición, a las del centro que se incorporan en los años ochenta y a la región emergente del sur este que se incorpora a fines del siglo XX.

 

En el caso de la región histórica la madurez de sus redes de relaciones sociales y su alto grado de legalización y naturalización la hace menos vulnerable y con mayores recursos para defenderse legalmente que los que vienen de la región sureste, por ejemplo Veracruz o Chiapas, con muy alto grado de migración irregular, redes sociales débiles y pocos recursos, lo que los hace más vulnerables. No obstante el volumen total de migrantes de la región histórica constituye cerca del 50%  del total de la migración mexicana, de ahí que los números de retornados sean muy significativos

 

Cuadro 1. Regiones migratorias, población total y numero de retornados, 1990, 2000, 2010, 2005 *

  Región Población total Total retornados
1990 Región centro 32,713,774 14,090
Región fronteriza 15,768,809 27,080
Región histórica 19,435,181 46,520
Región sureste 13,331,881 1,670
2000 Región centro 39,454,864 63,365
Región fronteriza 19,603,561 64,647
Región histórica 22,479,429 120,404
Región sureste 15,945,558 7,346
2010 Región centro 44,437,619 255,655
Región fronteriza 23,299,205 184,321
Región histórica 25,817,741 317,164
Región sureste 18,781,973 75,650
2015 Región centro 46,849,673 139,970
Región fronteriza 24,917,137 108,112
Región histórica 27,539,590 159,369
Región sureste 20,224,353 40,999

 

 

* (Se excluyeron a los mexico-americanos que retornaron con sus padres que propiamente no son migrantes, ni retornados).

Fuente: INEGI, Censos de población y vivienda 1990, 2000 y 2010 y conteo de 2005

 

 

En la región histórica del Occidente de México se registraron 46,520 retornados en el censo de 1990, se triplica la cifra en el 2000 y alcanza a los 120,404 retornados y nuevamente se duplica el volumen en 2010 a 317,164, finalmente en el último lustro (2015) se reporta a un numero similar para el quinquenio de 159,369 retornados. Los números son significativos, dada la larguísima tradición migratoria, pero no las tasas de crecimiento que se manifiestan en otras regiones.

 

En el caso de la región sureste, que ha sido la última en incorporarse al proceso migratorio se registraron apenas 1,676 retornados en 1990, luego en el 2000 el censo reporta a 7,346 retornados  lo que denota un cambio importante, crece cuatro veces, esta tendencia se incrementa en 2010 con 75,650  retornados (10.2 veces) y sigue la misma dinámica en los 5 años siguientes con 40,999  registrados en el conteo de 2015.

 

No se cuentan con cifras de “deportados” por lugar de nacimiento, por lo que utilizamos la fuente de retornados que ofrece el censo mexicano y que no sólo incluye a los deportados, sino también a los que retornan voluntariamente.

 

 

C.- Tipos de migrantes que pueden ser deportados de acuerdo al tiempo de estancia.

 

Hace 30 años, en 1986, se dio la última gran regularización de la migración irregular en Estados Unidos (IRCA) que legalizó 3.2 millones de migrantes de los cuales 2.3 millones eran mexicanos. En aquella época se podría decir que sólo habían unos 500,000 mexicanos que seguían en situación irregular. Tres décadas después esta cifra se multiplica por diez, y se estima la población mexicana irregular en 5.5 millones.

 

Los que llegaron después de 1987, en su gran mayoría no han podido regularizar su situación y la mayoría se han quedado en Estados Unidos. Con la militarización de la frontera en 1993 y la construcción del muro se rompe la tradicional circularidad de la migración mexicana y los migrantes optan por quedarse en Estados Unidos dado los altos costos y riesgos que supone pasar la frontera de manera subrepticia. A esto hay que añadirle el incremento en las penas carcelarias en caso de ser reincidentes o haber tenido problemas con la justicia.

 

Esta situación, paradójicamente, incrementa el volumen total de migrantes ya que prácticamente no hay retorno voluntario. De ahí que podamos distinguir a los migrantes de larga duración, entre 15 y 30 años, que ya hicieron su vida en Estados Unidos, de los que llevan una temporada menor, entre 5 y 15 años, pero que les tocó el recrudecimiento de las leyes antiinmigrantes después de Sep 11 de 2001 y los que apenas tienen entre 1 y 4 años de antigüedad que les toca la crisis de 2008 y un alto grado de desempleo.

 

En un grupo aparte hay que considerar el caso especial de los DREAMers escolarizados y socializados en Estados Unidos y con un estatus especial temporal (DACA), pero que ya ven su situación de “alivio” amenazada por la política migratoria que pretende llevar a cabo el presidente electo DT.

 

También hay que considerar a un grupo menor, pero de alto impacto, que son los migrantes en situación precaria y de pobreza extrema, los accidentados, enfermos crónicos, adictos, madres solteras o abandonadas y personas en situación vulnerable en términos generales. En caso de ser deportados estos migrantes requieren de un apoyo especial en cuanto a atención, servicios de salud y apoyos en general.

 

Finalmente hay que considerar a los niños mexico-americanos que viven en familias con un estatus legal mixto y que han sido o pueden retornar con sus padres sin ser propiamente deportados.  Se estima que han llegado unos 500,000 niños nacidos en Estados Unidos y que enfrentan serios problemas de adaptación a la sociedad y al sistema educativo, además de problemas de regularización de estudios y documentación.

 

De acuerdo con datos del Pew Hispanic tres cuartas partes de los migrantes en 2014 tenían 10 o más años en Estados Unidos, 15% entre 5 y 10 años y sólo 7% menos de 5 años de estancia

 

Cuadro 2. Migración irregular mexicana en Estados Unidos de acuerdo a la duración de su estancia.

 

Duración de la estancia Cantidad Porcentaje
+ de 10 años 4.290,000 78
: 5 y 10 años    825,000 15
– de 5 años    385,000 7
Total 5,500,000 100 %

 

Fuente: elaboración propia con base en Passel y D’Vera Cohn, 2016

 

 

Migrantes irregulares de larga estancia: entre 10 y 30 años que llegaron después de 1987 y se supone que cuentan :

 

  • Con activos en Estados Unidos: propiedades, hipotecas a medio pagar, negocio, vehículo
  • Con activos en México: inversiones, negocios o ahorros en México: casa, coche, terreno, ganado, negocio.
  • Con activos en los dos países: propiedades, hipotecas, terrenos, negocios, vehículos
  • Con familia en Estados Unidos y procesos de reunificación familiar
  • Con habilidades adquiridas, idioma, oficio, carrera, experiencia laboral

–     No tienen acceso a la seguridad social y jubilación por haber trabajado con SSN   falsos

 

  • Según el Mexican Migration Project (MMP) una cuarta parte de lo migrantes que hicieron su primer viaje después de 1987 y que no alcanzaron a legalizar su situación invirtió parte de sus remesas en vivienda.

 

 

Cuadro 3.

  Migrantes Porcentaje
No enviaron remesa

Construcción o reparación de casa y/o compra de casa ó lote

Otros usos

441

550

 

1305

19.21

23.95

 

56.84

 

Fuente, Mexican Migration Project, 154.

 

 

 

Migrantes con estancia media en estados Unidos entre 5 a 10 años de estancia. 15%

 

  • Con activos en México. Casa o terreno, vehículo
  • Con activos en Estados Unidos. Hipoteca
  • Con familia en México
  • Con importante participación en el envío de remesas
  • Con habilidades aprendidas: oficio, idioma, experiencia
  • A Algunos le tocó la crisis y el problema de las hipotecas
  • Algunos tuvieron problemas con la justicia, felonías.
  • Sin acceso a la seguridad social y jubilación por haber trabajado con SSN falsos

 

 Migrantes recientes de corta estancia: de 1 a 4 años , 7%

– Con trabajos precarios

-Pocos ahorros o activos. Posiblemente con deudas

– Poca experiencia laboral y poco desarrollo de habilidades.

 

 Menores y Dreamers entre 5 y 30 años

 

  • Con escolarización y socialización en Estados Unidos
  • Bilingües funcionales
  • Son la generación 1.5 y se estima que son alrededor de 1 millón, fruto del proceso de reunificación familiar que se dio principalmente en la década de 1990

 

 Migrantes precarios y vulnerables, independientemente de la duración de la estancia

 

Sobre esta población, que puede ser considerada como “carga pública”  Trump ha prometido mano dura: “Nuestras prioridades para la aplicación de la ley incluirán delincuentes, pandilleros, amenazas a la seguridad, personas con visas vencidas, y aquellas personas que son una carga pública – es decir, aquellas que dependen del bienestar público o que representan una carga para la red de seguridad” (Discurso del 31 de Agosto de 2016)

 

  • Trabajadores precarios: jornaleros o esquineros (day laborers)
  • Problemas con la justicia serios (felonías), traficantes de personas, polleros
  • Problemas personales: alcoholismo, drogadicción,
  • Enfermos, mutilados, accidentados

 

 Niños americanos hijos de mexicanos 500.000. (no cuentan, pero cuestan)

 

  • No fueron deportados, pero regresaron con sus padres
  • Asuntos de escolaridad y documentación

 

 

D.- Tipología de migrantes deportados:

 

Se distinguen ocho tipos de migrantes deportados y a cada uno corresponde una problemática e impacto diferentes.

 

En el caso de los criminales convictos  y pandilleros habrá problemas de seguridad, recurrencia del delito y cooptación por parte del crimen organizado. Para las familias, Dreamers y retornados fronterizos se prevén problemas de integración a las comunidades de origen o ciudades de destino final, tanto en el medio escolar como en el laboral.

 

Criminales: La posición de Donald Trump al respecto es: “Número tres: Tolerancia cero para extranjeros criminales. Según datos federales, hay actualmente al menos 2 millones de extranjeros criminales en el país. Vamos a empezar a deportarlos desde el primer día, en operaciones conjuntas con los gobiernos locales, estatales y las fuerzas federales del orden.

(Discurso del 31 de Agosto de 2016)

 

Distinguir a los convictos por delitos mayores (asesinato, asalto, violación, tráfico) de los que fueron detenidos por faltas menores (tránsito, riña, alcohol).

 

  • Según el ICE en 2015 de los 235,413 deportados sólo 59 % eran considerados como “criminales” y los demás eran deportados por violación a las leyes migratorias NYT 2016/11/15

 

  • Mexicanos encarcelados 27,000 según SEGOB

 

  • Detenidos por asuntos migratorios…?

 

  • La administración Obama estimó en 1.9 millones el número de migrantes que había cometido delitos y que podían ser removidos, cifra cuestionada por varias ONGs, NYT 2016/11/15

 

 

Pandilleros: comprobar que sean nacidos en México y no mexico-americanos, que no sean centroamericanos, se requerirá de información sobre pandillas a las que pertenecen, maras o clicas.

 

Se estima en 1.4 millones los miembros de pandillas a nivel nacional. Aproximadamente un 50% podría ser de origen mexicano, no es posible estimar cuántos sería mexicanos de nacimiento y por tanto deportables. Pero es posible que quieran deportar a mexicoamericanos.

 

  • Número estimado de pandilleros en todo Estados Unidos 1.4 millones en 2011 (UCB)

 

  • La Mara Salvatrucha tiene entre 30 y 50 mil miembros a nivel internacional (UCB)

 

  • Los Latin King de Chicago tienen entre 30 y 50 mil miembros (UCB)

 

  • Uno de cada cuatro latinos tiene ingresos inferiores al nivel de pobreza federal (UCB).

 

  • Sólo 51% de los latinos termina la secundaria en comparación con 86% de los blancos y 77% de los afroamericanos (UCB)

 

  • Los miembros de las pandillas suelen tener entre 15 y 25 años, muy posiblemente sean en su mayoría mexico-americanos y no mexicanos dada la menor proporción de jóvenes y niños mexicanos que ha viajado sin documentos en la última década.

 

 

Removals: “migrantes residentes indocumentados” en Estados Unidos integrados al mercado de trabajo y su comunidad en Estados Unidos, con pocos o nulos nexos con sus comunidades de origen y el mercado de trabajo mexicano.

 

Familias: deportación de jefe o jefa de familia que implica el retorno de toda la familia o que quedan divididos en los dos países. En este caso muchos regresan con sus hijos que son norteamericanos y tienen que regularizar su situación, en cuanto a nacionalidad y escolaridad.

 

– Se estima que para 2016 han regresado unos 500,000 niños mexico-americanos

 

Dreamers: jóvenes que migraron con sus padres y se acogieron a los programas de DACA  y que podrían acogerse a DAPA. Escenario pendiente de que se integre un miembro de la Corte suprema para definir el desempate.

 

En su discurso sobre migración Trump alude directamente al tema y dice textualmente: “Número cinco: Cancelar órdenes ejecutivas inconstitucionales y hacer cumplir todas las leyes de inmigración. Les pondremos fin inmediatamente a las dos amnistías ejecutivos ilegales del presidente Obama, en las que desafió la ley federal y la Constitución para darles amnistía a aproximadamente 5 millones de inmigrantes ilegales” (Discurso del 31 de Agosto de 2016)

 

  • Los DREAMERS registrados son cerca de 700,000. Todos entregaron documentación y se tienen sus registros completos. Algunos temen que estos registros puedan ser utilizados para ubicarlos y deportarlos, otros opinan que esta información debe estar protegida legalmente y el ICE no podrá tener acceso fácil.

 

 

Retornos voluntarios o fronterizos  (Catch and realese) que no han sido fichados ni encarcelados. Suelen ser aquellos que intenta pasar por primera vez y no han sido fichados.

 

Al respecto Trump el punto número dos de su discurso dice: “Fin de la política de captura y liberación. Bajo mi administración, cualquiera que cruce ilegalmente la frontera será detenido hasta que sea deportado de nuestro país” (Discurso del 31 de Agosto de 2016)

 

        – Por lo general son deportados en la línea fronteriza y se requiere de apoyo para        acogerlos, hospedarlos y transportarlos

 

  • Existen una serie de acuerdos fronterizos sobre horarios y modalidades de deportación para que se de un proceso ordenado.

 

  • Cuando se deportan a menores de edad, debe notificarse al cónsul y ponerse de acuerdo con el DIF

 

 

Extranjeros mimetizados: centro o sudamericanos que puedan ser deportados como mexicanos y que deberían ser devueltos a Estados Unidos para que se proceda a deportarlos a su país de origen.

 

Existen mecanismo ya establecidos de detección pero ante el incremento de deportaciones se puede complicar el mecanismo de

 

 

2.- Muro.

 

El tema del muro fue el número uno en el discurso de Trump: “Construiremos un muro en la frontera sur. El primer día, comenzaremos a construir un muro físico impenetrable en la frontera sur. Utilizaremos la mejor tecnología, incluyendo sensores de superficie y subterráneos, torres de vigilancia aérea, y personal para reforzar el muro, encontrar y destruir túneles y mantener alejados a los carteles criminales, y México pagará ese muro”. (Discurso del 31 de Agosto de 2016)

 

Hace más de veinte años que se construye el muro fronterizo. México no ha podido hacer nada al respeto, salvo indignarse y rasgarse las vestiduras. Estados Unidos tiene derecho a construirlo y esa propuesta ha sido el caballito de batalla de los republicanos para justificarse ante sus electores de que velan por su seguridad.

 

El muro no sólo es un asunto de migración, tiene que ver con la política antiterrorista y el trafico de drogas. En ese contexto el tema migratorio es un asunto menor, salvo que se vincule a las rutas migrantes con la posibilidad de acceso a terroristas y el tráfico de drogas. De hecho ya está ligado y no se puede disociar el asunto migratorio de los otros dos problemas.

 

El nuevo director del DHS John Kelly ya lo expresó con claridad y señaló que es “extremadamente seria” la amenaza de células terroristas infiltrándose a través de la frontera con México: “Si un terrorista o cualquier persona quiere entrar en nuestro país, sólo pagan la tarifa (que les piden los coyotes o miembros del crimen organizado para cruzarlos). Nadie revisa sus pasaportes. Nadie. No pasan por detectores de metales. A nadie le importa por qué están viniendo. Simplemente viajan en esta red (que se dedica a traficar inmigrantes)” Ver: J. Jaime Hernández y David Brooks, “Los generales de Donald Trump” en La Jornada 11 de diciembre de 2016.

 

Pero Trump ha ido mucho más allá, no sólo quiere construir “un lindo muro”, quiere que México lo pague. El problema no es la construcción, México no puede hacer nada al respecto salvo quejarse y plantear soluciones alternativas. De hecho el primer punto de su programa trata sobre el muro y dice textualmente

 

No obstante hay que considerar la realidad material del muro y la realidad simbólica que tiene para México y para Estados Unidos. Para México se considera una ofensa, para Estados Unidos es la defensa de sus derechos, sus propiedades, sus intereses.

 

El asunto problemático radica en la amenaza de que México va a pagar el muro. La respuesta ya está dicha, México no lo va a pagar, no tanto por el costo sino por lo que simboliza, entonces hay prever posibles escenarios y respuestas adecuadas.

 

 La propuesta de gravar las remesas es descabellada. Las remesas mexicanas son solo una parte pequeña del multimillonario negocio de las transferencias en Estados Unidos. Es prácticamente imposible que el gobierno se inmiscuya en este tipo de negocios, donde el dinero es propiedad inalienable del que lo posee. Más aún cuando se tratan de salarios de los cuales ya se devengaron impuestos. La libre circulación del dinero es un principio fundamental del sistema y ahí está Western Union y todos los bancos para defender sus intereses.

 

El futuro vicepresidente Mike Pence ya se pronunció al respecto y dejó caer una posible vía para la extorsión. Según esto el TLC tiene un cláusula de seguridad fronteriza a la que México se ha comprometido y esa sería la carta de negociación para justificar su salida del acuerdo o forzar la renegociación.

 

  • Las opciones de cobro directo para el pago del muro por parte de la administración Trump y tener preparadas las respuestas legales
  • Es muy remota la posibilidad de afectar las remesas, pero habría que establecer alianzas con empresas remeseras y bancos
  • Se podrían incrementar de manera unilateral el costo de servicios, visa, ingreso fronterizo, trámites, etc. como forma de pago indirecto. México podría dar una posible respuesta recíproca y cobrar al turismo una cuota.

 

El tema del muro, debe ser tratado muy específicamente a nivel de Relaciones Exteriores y fijar una postura política muy clara al respecto. Algo que no ha sucedido.

 

Gran parte de la frontera, tiene el límite natural del Rio Bravo, desde El Paso hasta Brownsville, y de El Paso a San Luis Río Colorado es desierto. Ambas son barreras naturales y prácticamente todas las zonas urbanas colindantes ya están selladas con muros.

 

Se prevé que podrá utilizarse una ley del tiempo de Bush de 2006 para construir el muro, pero se requiere de dinero que debe ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos.  Luego, se supone que México tendrá que pagarlo de algún modo. Por lo pronto ya México pagó 1,600 millones de dólares por la negativa de la empresa Ford a cumplir su compromiso de inversión en San Luis Potosí.

 

Según declaraciones de John Kelly “ninguna estructura física logrará por si sola su misión”,  se requiere también trabajar y apoyar a los países de origen, en especial los centroamericanos. Este matiz sin duda es relevante y deja una rendija abierta a otra manera de enfocar la problemática (El País, 11 de enero de 2017).

 

3.- Tránsito

 

México siempre ha sido un país de tránsito y diversas nacionalidades y flujos han utilizado a México como puerta de entrada a Estados Unidos. En la actualidad destacan los casos de migrantes en tránsito de cubanos, haitianos, africanos y centroamericanos.

 

La posición de John Kelly nuevo director del DHS afirma al referirse a la crisis de niños migrantes centroamericanos que la  “frontera entre México y Guatemala representaba una “amenaza existencial” para EU.

 

  • Problemática fronteriza, se quedan atascados en la frontera norte
  • Habrá que analizar la política de salvoconductos para libre tránsito a nacionales de ciertos países, en vista de las políticas migratorias de DT
  • Con el fin de la política norteamericana de “pies secos pies mojados” para los cubanos, se vuelve a plantear la pertinencia de emitir salvoconductos, ya que pueden quedar varados en la frontera.
  • Replantear los acuerdos bilaterales y la política de ACNUR sobre refugiados de ciertas nacionalidades que quieran ir a Estados Unidos y que se queden varados en México.

 

Los estados del sur, especialmente Chiapas, Veracruz y Tabasco son donde se manifiesta mayor actividad de migración en tránsito de acuerdo a los datos de captura y deportación del INAMI.

 

Si bien se trata de una frontera vertical, más que horizontal, el programa Frontera Sur ha incrementado su actividad en esa zona.

 

Más de cuatro quintas partes de la migración en tránsito proviene del llamado Triángulo Norte de Centroamérica y es allí donde se debe trabajar de manera conjunta con los vecinos centroamericanos. (Ver gráfica 1).

 

Gráfica 1

Eventos de extranjeros presentados antes la autoridad migratoria, según principales países de nacionalidad, enero-octubre 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4

 Eventos de extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana, según país de nacionalidad, enero-octubre 2015-2016

 

    Enero-Octubre  
País de nacionalidad 2015 2016 Var. %
Total

Guatemala

Honduras

El Salvador

Estados Unidos

Nicaragua

Cuba

Ecuador

Colombia

Nepal

Pakistán

Otro país

155 200

 69 050

 50 931

 30 167

  1 899

  1 295

   399

   661

   246

    13

     1

  538

123 670

  49 490

 43 557

 25 927

  1 909

  1 046

     538

    334

    327

     61

     52

    429

-20.3

-28.3

-14.5

-14.1

    0.5

 -19.2

  34.8

 -49.5

  32.9

    n.a

    n.a

 -20.3

 

 

n.a No aplica

Fuente: Unidad de Política Migratoria UPM, Secretaría de Gobernación 2016

 

4.- Justicia y marco legal

 

La primera propuesta concreta de Donald Trump a nivel legal fue: “En mi primer día en el cargo, voy a pedirle al Congreso que apruebe la “Ley de Kate” – llamada así por Kate Steinle – para garantizar que los extranjeros criminales condenados por reingreso ilegal reciban fuertes sentencias mínimas obligatorias”. (Discurso del 31 de Agosto de 2016).

 

Se incrementarán las leyes antiinmigrantes a nivel federal o estatal. El asesor de Trump en materia migratoria, Kris Kobach, fue uno de los que redactó la llamada Ley Arizona SB1070. Al respecto dice:  “los empleos se van a acabar, los beneficios se van a acabar, y muchas personas que no sean criminales extranjeros ilegales pueden decidir, se está haciendo difícil desobedecer la ley federal, y pueden salir por su cuenta”.( http://www.telemundo.com/noticias/2016/11/15/gobierno-construiria-el-muro-de-inmediato-asesor-de-trump).

 

Las acciones ejecutivas de Obama DACA y DAPA, serán suprimidas por D. Trump al asumir el poder. Algo que ya confirmó el Fiscal General Jeff Sessions en su conparescencia en el congreso (El País, 10 de enero de 2017).

 

 

Numeralia sobre el sistema judicial

 

  • Retraso en el sistema judicial, backlog 550,000 casos NYT  2016 12 01
  • Numero de jueces en asuntos migratorios 300 en 56 cortes (ib)
  • Para superar el bacjlog se requieren de 520 jueces (ib)
  • Un juez puede atender unos 750 casos al año. (ib)
  • Número de jueces que se necesitaría para superar en un año el “Backlog” 520 (ib)

 

  • En junio de 2016 estaban registrados 183,000 migrantes convictos con orden pendiente de deportación. NYT 2016/11/15

 

  • – El Congreso de California planea leyes que apoyen y provean la defensa legal de los migrantes en proceso de deportación Sería muy difícil hacerlo rápido sin violar el debido proceso. Esa es el arma y la táctica que hay que usar.

 

  • Los convicto deben pasar después por las cortes de migración que están saturadas, una orden de deportación puede tomar meses.

 

 

 

5.- Ciudades, estados y universidades Santuario

 

             En su plan de trabajo DT dice textualmente “Número cuatro: Bloquear el financiamiento de las Ciudades Santuario. Vamos a ponerles fin a las Ciudades Santuarios que han provocado tantas muertes innecesarias. Las ciudades que se nieguen a cooperar con las autoridades federales no recibirán dinero de los contribuyentes, y vamos a trabajar con el Congreso para aprobar una legislación que proteja las jurisdicciones que sí ayuden a las autoridades federales”. (Discurso del 31 de Agosto de 2016)

 

Las ciudades, estados o universidades santuario a aquellos que han manifestado e implementado medidas de protección para la población migrante que reside en esas localidades o estudia en esas universidades. En estos casos las policías tienen indicaciones precisas de no discriminar ni solicitar documentos a las personas que son interrogadas o tienen algún tipo de contacto. Por otra parte las policías no colaboran directamente con ICE ni pasan información, a no ser que tenga una orden directa del juez. En estos casos se niegan a participar en el programa llamado Comunidades Seguras, derivado de la ley migratoria de 1996 (287g) y que consiste en un acuerdo de colaboración entre las policías locales y el ICE que se encarga de la deportación.

En el discurso de DT  sobre migración realizado en Fénix, Arizona, el entonces candidato dijo expresamente que:

 

“Mi plan también incluye una estrecha cooperación con las jurisdicciones locales para deportar a los delincuentes extranjeros. Restableceremos el exitoso programa de Comunidades Seguras. Ampliaremos y revitalizaremos las populares asociaciones en el marco del acuerdo 287(g), lo cual nos ayudará a identificar cientos de miles de extranjeros deportables en cárceles locales. Ambos programas han sido irresponsablemente destruidos por esta administración. Ésta es otra área más en la que nos dirigimos en una dirección totalmente opuesta”.

 

Las ciudades santuario se están asesorando legalmente para impedir medidas coercitivas y represivas por parte de la administración Trump, al parecer no se pueden cortar fondos federales de manera fácil y arbitraria.

 

 

Ciudades, estados y universidades consideradas Santuario (Innmigration Unites states . org)

 

  • Los Ángeles
  • San Francisco
  • San Diego
  • Chicago
  • Seatle
  • New York
  • Dallas
  • Houston
  • Austin
  • Washington DC
  • Detroit
  • Salt Lake City
  • Minneapolis,
  • Baltimore,
  • Portland
  • Denver
  • New Jersey, todo el estado

 

Apoyo de universidades a los DREAMers

 

Statement in Support of the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) Program and our Undocumented Immigrant Students

 

The core mission of higher education is the advancement of knowledge, people, and society. As educational leaders, we are committed to upholding free inquiry and education in our colleges and universities, and to providing the opportunity for all our students to pursue their learning and life goals.

Since the advent of the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program in 2012, we have seen the critical benefits of this program for our students, and the highly positive impacts on our institutions and communities. DACA beneficiaries on our campuses have been exemplary student scholars and student leaders, working across campus and in the community. With DACA, our students and alumni have been able to pursue opportunities in business, education, high tech, and the non-profit sector; they have gone to medical school, law school, and graduate schools in numerous disciplines. They are actively contributing to their local communities and economies.

To our country’s leaders we say that DACA should be upheld, continued, and expanded. We are prepared to meet with you to present our case. This is both a moral imperative and a national necessity. America needs talent – and these students, who have been raised and educated in the United States, are already part of our national community. They represent what is best about America, and as scholars and leaders they are essential to the future.

We call on our colleagues and other leaders across the business, civic, religious, and non-profit sectors to join with us in this urgent matter.

 

 

547 universidades firmantes desde Pomona College hasta UCLA, Harvard y Princeton

 

 

Recomendaciones

 

1.- Deportaciones: en periodos anteriores se avanzó en acuerdos bilaterales para realizar los actos de deportación de manera ordenada, segura  y coordinada. Se definieron lugares y horarios específicos para proceder a la deportación y recepción de nacionales, de tal nodo que se pueda registrar el ingreso y organizar el proceso de reintegración a sus lugares de origen en caso de que los migrantes requieran de ese apoyo. En el caso de los menores hay protocolos ya establecidos que se deben respetar.

 

  • Es indispensable restablecer contactos con las nueva administración para proceder a una deportación coordinada, segura y ordenada.
  • Es pertinente que los funcionarios fronterizos se aseguren de la nacionalidad de los deportados y requieran documentación o información que lo confirme.
  • Es indispensable apoyar financieramente a las entidades fronterizas que van a recibir deportados para que se organice la acogida y el traslado de los migrantes a sus lugares de origen o destino.
  • Se debe facilitar el proceso de documentación de los migrantes deportados ante autoridades del INE o la SRE
  • En cuanto a los menores mexico-americanos se debe facilitar su ingreso y facilitar su documentación como nacionales.
  • Se debe proceder a implementar programas de apoyo y reintegración de los migrantes a sus comunidades de origen y al mercado de trabajo
  • Se deben establecer mecanismos seguros y confiables para la repatriación de ahorros y capitales de los migrantes. Y apoyar a los migrantes para la venta de sus activos o recuperación de la parcialidad que les corresponda de sus hipotecas.
  • Se debe proceder a facilitar la inscripción de los migrantes retornados y sus familias al seguro popular.
  • Cuando se trate de migrantes con antecedentes penales se debe exigir a la autoridad estadounidense la información sobre los antecedentes penales de la persona.
  • En caso de no tener antecedentes penales se debe facilitar la carta de no antecedentes para poder integrarse en el mercado laboral.

 

 

2.- Muro. La posición de México debe ser clara y explícita en contra de la construcción del muro o su prolongación así como no se aceptara ningún chantaje en cuanto al pago del mismo.

 

  • En cuanto a la amenaza de que México va a pagar el muro de manera compensatoria con impuestos u otras medidas, se debe proceder a aplicar de manera reciproca medidas equivalentes. De tal modo que quede perfectamente claro y transparente que no se aceptará ese tipo de chantaje.
  • Hay que estudiar medidas legales que permitan dilatar o complicar la construcción del muro en determinadas partes de la frontera donde no hay claridad o existe conflicto en cuanto a los límites fronterizos.
  • Existen numerosos grupos, organizaciones y particulares que se oponen a la construcción del muro con los cuales hay que establecer contactos y alianzas.
  • Hay que hacer explícitos acuerdos o convenios sobre protección de fauna silvestre que puede ser afectada por la construcción del muro. Numerosos grupos ecologistas se oponen en este sentido a la construcción del muro.
  • Establecer alianzas con estados vecinos, que consideran inoperante el muro cuando ya existen límites naturales, como el Río Bravo que es una frontera natural de más de 1,000 kilómetros de longitud.
  • Establecer alianzas y convenios con las reservaciones indias que tienen territorios en la frontera y que se oponen a la construcción del muro.

 

 

3.- Migración en tránsito. Por parte de Estados Unidos hay un marcado interés en “externalizar” la frontera del Río Bravo al Río Suchiate, que México sirva de barrera a la migración en tránsito que viene de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y otros continentes

 

  • En ese sentido la actuación de México como barrera a la migración en tránsito debe ser una carta de negociación.
  • Dentro del marco legal y del estricto respeto a los derechos humanos, el gobierno debe establecer negociaciones con los países vecinos para solucionar una problemática común que compete a Estados Unidos, como país de destino y otros países de la región como emisores de migrantes.
  • Es en el marco regional y multilateral donde se deben tratar el tema de la defensa de los derechos humanos de los migrantes en tránsito.

 

4.- Justicia. En el campo legal hay un espacio abierto para actuar, que no ha sido bien aprovechado por el gobierno mexicano. El lenguaje jurídico es el lenguaje que se entiende, se respeta y se acata en Estados Unidos.

 

  • Existen numerosas organizaciones de abogados que apoyan la causa de los migrantes con las cuales hay que establecer contacto por medio de los consulados y organizaciones de la sociedad civil.
  • En muchos casos de los que existe jurisprudencia, las legislaciones locales antiinmigrantes pueden ser revocadas, limitadas o consideradas como anticonstitucionales. Y se debe actuar de manera decidida al respecto.
  • Además de los numerosos bufetes de abogados ligados a organizaciones sociales, el gobierno debe contratar abogados y bufetes de muy alto prestigio para promover causas generales, conocidas como “class action” en defensa de los intereses de los migrantes. Las demandas de este tipo contra las compañías remeseras, por ejemplo, tuvieron un efecto inmediato en la reducción del costo de las transferencias de remesas, o el caso AVENA sobre pena de muerte.
  • Debido al atraso en los juicios de migración, es posible retrasar los procesos de deportación con apoyo legal, en especial de familias de migrantes con hijos norteamericanos o algunos miembros con documentación en regla.
  • Pueden existir casos especiales que por razones humanitarias, enfermedades u otro tipo de problemas, que pueden tratarse judicialmente y que se permita la estancia de migrantes irregulares como media de excepción.

 

 

5.- Ciudades y universidades santuario

 

Numerosos alcaldes y jefes de policía de las llamadas ciudades santuario o con otros nombres  y de universidades que apoyan a la población migrante han manifestado que no van a variar sus políticas a pesar de las presiones de la administración Trump

 

  • Es urgente que los cónsules de dichas ciudades entre en contacto con las autoridades y establezcan relaciones más cercanas, para la defensa y apoyo de los migrantes.
  • Igualmente se deben establecer contactos con los presidentes de las universidades que apoyan a los estudiantes que están en situación irregular.
  • En ese sentido el apoyo de la comunidad mexicana e hispana en general es indispensable para poder preservar y defender este tipo de criterios.
  • Las labores de los clubes de migrantes y federaciones que cuentan con muchos migrantes legales integrados plenamente a la comunidad son una base de apoyo que debe sostener las políticas locales de las ciudades santuario.
  • Hay que establecer relaciones directas de los cónsules con los legisladores estatales hispanos y con autoridades en las ciudades para apoyar la causa de los migrantes y frenar los procesos de deportación en la medida de lo posible.
  • Es indispensable que los cónsules establezcan una relación cercana con los jefes de policía locales de las ciudades santuario para que se respeten los principios establecidos.

 

 

Bibliografía

 

Passel, Jeffrey and D’Vera Cohn. 2016. Overall Number of U.S. Unauthorized Immigrants Holds Steady Since 2009. Pew Hispanic.

 

Mexican Migration Project. http://mmp.opr.princeton.edu

 

Unida de Política Migratoria: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica


 

LA SEGURIDAD EN EL ERA TRUMP

Alejandro Hope

Introducción

 

Sucedió lo impensable. Como resultado de las idiosincrasias del sistema político estadounidense, Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos. Eso significa para México tener que vivir por los próximos cuatro u ocho años con un gobierno abiertamente hostil en Washington.

Ese hecho tiene implicaciones de primer orden para la seguridad nacional de México. La frontera puede endurecerse, dificultando el flujo de personas y mercancías, incluyendo las ilícitas. Las comunidades fronterizas podrían sufrir bajo un influjo masivo de migrantes deportados. La cooperación de seguridad con Estados Unidos podría regresar a la era de la desconfianza permanente y las recriminaciones mutuas.

 

Ante ese escenario, ¿qué puede hacer México? ¿Con qué instrumentos cuenta el país para hacer frente a una ofensiva sostenida proveniente de Estados Unidos?

 

Este documento explora algunas posibles respuestas, tanto para mitigar el impacto que una administración Trump pudiera imponerle al país en materia de seguridad como para imponer costos políticos al gobierno estadounidenses. 

 

  1. Las implicaciones de la administración Trump para la seguridad nacional de México

Aún persiste incertidumbre sobre las políticas concretas de la administración Trump, pero algunas líneas generales ya son visibles. Con ello se pueden empezar algunas consecuencias para el país:

  1. Seguridad fronteriza. Donald Trump ha reiterado recientemente su voluntad de construir un muro a todo lo largo de la frontera. Sin embargo, es altamente improbable que cumpla plenamente ese objetivo. Por una parte, existe una multiplicidad de dificultades legales, ambientales y administrativas para una obra de ese calibre. Por ejemplo, la mayor parte de los terrenos donde se construiría un muro fronterizo se encuentra en propiedad privada. Se requeriría por tanto un proceso expropiatorio que podría resistencia en los tribunales. En segundo término, parte del equipo de seguridad de Trump no parece apoyar abiertamente la idea del muro. En particular, John Kelly, el candidato propuesto por Trump para ocupar la Secretaría de Seguridad Interior (DHS) señaló en una audiencia celebrada en el Senado que “la seguridad de la frontera empieza 1500 millas al sur del Río Bravo”. Por último, hay muchas otras maneras de endurecer la frontera que no requieren la construcción de barreras físicas. Van algunas posibilidades:
  2. Incrementar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza: el tamaño de esa corporación se ha triplicado desde 2000, alcanzado un total de 21,000. Es previsible que esa trayectoria de crecimiento se mantenga bajo una administración Trump.
  3. Desplegar más equipo y tecnología (drones, sensores, etc.) entre los puertos de entrada: hace una década, bajo la administración Bush se intentó construir una llamada “barda virtual”. El ejercicio fracasó por limitaciones técnicas, pero el avance tecnológico de los diez últimos años (en particular, en materia de aeronaves no tripuladas) hace más viable un proyecto de esa naturaleza.

iii.       Endurecer controles migratorios y aduaneros en puertos de entrada. Es necesario destacar que CBP (Customs and Border Protection) cuenta a la fecha con 23,000 elementos. Reforzar los controles en los puertos de entrada no requeriría más que una reasignación de una fracción menor del personal de CBP. No requeriría tampoco un esfuerzo mayúsculo de equipamiento.

Con alta probabilidad, esas medidas y otras similares formarán parte de la estrategia fronteriza de Trump. El resultado será una reducción de la permeabilidad de la frontera. Con ello, se incrementará el valor de los cruces ilegales remanentes, tal como sucedió tras el endurecimiento fronterizo que siguió a los atentados fronterizos del 11 de septiembre de 2001. La consecuencia posible sería un incremento de disputas violentas entre grupos criminales mexicanos por el control de esos métodos y rutas de tráfico ilícito.

  1. Deportaciones. En declaraciones posteriores a su victoria electoral, Donald Trump aseguró que se deportaría entre dos y tres millones de migrantes ilegales con supuestos antecedentes penales que radican en Estados Unidos. Ese número debe ser considerado como un piso y no un techo del número de migrantes deportados. Por una parte, no hay dos a tres millones de migrantes ilegales con antecedentes penales radicando en el país vecino. Ello sugiere que las deportaciones van a alcanzar por igual a población con y sin antecedentes penales. Por otra parte, la administración Obama expulsó a 2.8 millones de inmigrantes (mexicanos en su mayoría) entre 2009 y 2016. No es descabellado suponer que ese número crecería en una administración Trump. Sin un esfuerzo presupuestal adicional, el aparato migratorio estadounidense puede deportar a aproximadamente 400 mil personas al año. Es necesario añadir a esos totales algún número (difícil de estimar) de mexicanos que regresarían “voluntariamente” a a México como consecuencia de políticas de acoso. Como factor agravante, habría que considerar la posibilidad de una suspensión o limitación de los programas de repatriación ordenada. Eso significa que la mayoría d los inmigrantes deportados simplemente serían arrojados en la frontera, dificultando su reintegración a sus comunidades de origen. Ese hecho crearía una posible bonanza de reclutamiento para los grupos criminales que operan en ciudades fronterizas.
  2. Cooperación México-Estados Unidos. Con seguridad la Iniciativa Mérida llegaría a su fin bajo la administración de Trump. Suspender la asistencia económica a México podría ser presentado como una forma de “cobrarle” a nuestro país por la construcción del muro (o por el endurecimiento de la frontera). Eso en sí mismo no sería una pérdida mayor: el apoyo estadounidense no pasa del 2% del presupuesto mexicano de seguridad y defensa. Sin embargo, significaría un regreso a la época de la desconfianza y recriminaciones mutuas. Por ejemplo, lo construido en la última década en materia de intercambio de inteligencia se vería seriamente dañado. Seguiría existiendo la cooperación entre agencias específicas, pero sería mucho menos institucional y dependería más de las relaciones personales y los arreglos ad hoc.

En resumen, bajo una administración Trump, el reloj de la relación de seguridad entre Estados Unidos y México se atrasaría veinte años. La desconfianza y la tensión se convertirían de nuevo en la característica dominante en las relaciones entre la Ciudad de México y Washington. Las autoridades mexicanas se enfrentarían a restricciones políticas internas significativas para cooperar con sus contrapartes estadounidenses. La frontera (en ambos lados) se convertiría en una región mucho más inestable. Muchas comunidades de México podrían verse obligadas a hacer frente a una gran afluencia de deportados y algunas pudieran ver un aumento de conflictos por rutas de tráfico ilícito. No es un escenario alentador, por decirlo suavemente.

  1. Medidas de mitigación

¿Qué se podría hacer en México para contener el daño? Va una lista parcial de medidas de mitigación que podrían adoptarse:

  1. Reforzamiento de medidas de seguridad en comunidades fronterizas: como se comentó en el inciso previo, una frontera menos permeable podría potencialmente conducir a más conflictos por el control de las rutas remanentes de tráfico. Las autoridades mexicanas podrían actuar preventivamente mediante:
  2. Mayor despliegue de fuerzas federales en comunidades fronterizas seleccionadas (Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo, etc.).
  3. Incremento de subsidios y aportaciones federales (FASP y FORTASEG) para instituciones de seguridad y justicia en los estados y municipios fronterizos

iii.       Una estrategia de disuasión focalizada dirigida a grupos criminales que hagan uso intensivo de la violencia.

 

  1. Fortalecimiento de programas de repatriación ordenada: el peor escenario posible para México sería tener una gran población de migrantes deportados, varados en comunidades fronterizas. Para evitarlo, será necesario aumentar los recursos financieros y humanos de los programas existentes de repatriación ordenada. Esto asume, sin embargo, que esos programas no son suspendidos por la contraparte estadounidense.

 

  1. Subsidios focalizados a municipios seleccionados: algunas localidades, ya sea a lo largo de la frontera o en el interior, podrían verse abrumadas por una gran afluencia de migrantes deportados. Se podrían diseñar programas asistencia financiera temporal y específica para esas comunidades, incluyendo el despliegue amplio de programas sociales (empleo temporal, microcréditos, etc.).

 

  1. Fortalecimiento de vínculos interinstitucionales: como se describió en el inciso previo, la cooperación entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y México no se detendrá bajo la presidencia de Trump. Pero podría llegar a ser mucho más dependiente de relaciones personales entre funcionarios y arreglos ad hoc entre agencias. Esos lazos deben ser fomentados de antemano, aunque eso signifique deshacerse de la llamada política de “ventanilla única” (es decir, la práctica por la cual todas las transacciones relacionadas con la seguridad entre agencias de Estados Unidos y México tienen que pasar por la Secretaría de Gobernación).

 

Si bien algunas de esas medidas podrían ser útiles, es indispensable ser realista. En un escenario de deportaciones masivas, guerra comercial y endurecimiento de la frontera, los recursos del gobierno mexicano probablemente se verían rebasados en un plazo relativamente corto. Por ello, resulta indispensable pensar en acciones más proactivas.

 

  1. Medidas ofensivas

Dadas las limitaciones institucionales y presupuestales del gobierno mexicano, una postura estrictamente defensiva pecaría de insuficiente. Sería indispensable hacerle pagar a Trump un costo por el acoso al país.

¿Cómo se podría lograr eso? Van algunas ideas:

  1. Reducir la cooperación en materia migratoria. El gobierno de México ha desempeñado un papel crucial para contener la migración de centroamericanos a Estados Unidos. Esa política podría modificarse. Los controles establecidos en la frontera sur para frenar el flujo de nacionales de terceros países podrían relajarse (eliminando retenes fijos, limitando controles carreteros o reasignando personal). Eso tendría dos efectos potenciales:
  2. Presionar los controles fronterizos estadounidenses
  3. Visibilizar para el público estadounidense la crisis humanitaria producida por el endurecimiento fronterizo

 

  1. Reducir la cooperación en materia de combate al narcotráfico. Se podría limitar el acceso de personal estadounidense a operaciones antinarcóticos en México. Igualmente, sería posible establecer restricciones para que personal de la DEA y otras agencias accedan a individuos detenidos por fuerzas de seguridad mexicanas. Asimismo, algunas extradiciones podrían retrasarse deliberadamente y los mecanismos de asistencia jurídica mutua podrían volverse más tortuosos. Se podría de mismo modo obligar a la DEA y otras agencias a reducir el número de elementos desplegados en territorio mexicano. Por último, se podrían reducir los esfuerzos en materia de erradicación e interdicción, particularmente en lo referente a la heroína. Medidas de ese género tendrían el efecto de dificultar la operación de la DEA y otras agencias involucradas en la materia en territorio y poner más presión sobre los controles fronterizos. Habría que considerar, sin embargo, que esa estrategia también limitaría la capacidad de operación de las fuerzas de seguridad mexicanas, particularmente en materia de inteligencia.

 

  1. Reducir la cooperación en materia fronteriza. México ha firmado un número importante de instrumentos diplomáticos con Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza. Existe, asimismo, una multiplicidad de arreglos informales entre autoridades locales. Algunos de esos acuerdos podrían suspenderse o abrogarse o su instrumentación podría volverse más tortuosa y condicional. Entre estos, destacan los Mecanismos de Enlace Fronterizo y los Protocolos de Prevención de la Violencia Fronteriza.

 

  1. Reducir la cooperación en otros temas (terrorismo, contrainteligencia). Actualmente, las agencias de inteligencia estadounidenses tienen acceso amplio a personas provenientes del Medio Oriente detenidas por autoridades migratorias mexicanas. Ese acceso podría limitarse. Igualmente, el aparato de inteligencia mexicano comparte con sus pares estadounidenses información sobre movimientos de agencias de inteligencia de terceros países en México (Rusia, China, Cuba, Irán, etc.). Ese intercambio de información podría volverse menos fluido. Incluso, se podrían poner límites explícitos a la operación de agencias de inteligencia estadounidenses en México (limitando las acreditaciones diplomáticas, por ejemplo).

 

  1. Buscar un acercamiento en materia de seguridad con potencias extrarregionales. Sería posible, por ejemplo, iniciar un diálogo (altamente público) en materia de seguridad y defensa con China. Asimismo, se podrían orientar compras en el sector seguridad y defensa hacia proveedores europeos o asiáticos.

 

 

Conclusión

Estas ideas pueden resultar desatinadas, contraproducentes o francamente inviables. Sin lugar a dudas, generarían costos no triviales para el país. Pero hay un hecho incontrovertible: México no se puede permitir ser la piñata de Donald Trump durante cuatro u ocho años, ni permanecer cruzado de brazos si millones de compatriotas al norte del río Bravo son objeto de acoso sostenido. El país enfrenta una amenaza severa a su seguridad nacional y tiene que actuar en consecuencia.

 


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