- Presentan iniciativas para garantiza autonomía de las fiscalías
Conferencia de prensa de los senadores del Grupo Parlamentario del PRD, encabezados por el coordinador Miguel Barbosa Huerta, para anunciar la presentación de dos iniciativas que buscan garantizar la autonomía de las fiscalías.
Miguel Barbosa Huerta, (MNH):… reporteros, fotógrafos, camarógrafos de los medios de información, por acudir a esta conferencia de prensa.
El día de hoy, el Grupo Parlamentario del PRD presentará en tribuna dos iniciativas que tenemos listadas, anunciadas, inscritas en el orden del día del Senado desde hace 15 días.
Una de reforma constitucional al décimo sexto constitucional transitorio del decreto por cual se publicó la reforma política en donde apareció la figura de la Fiscalía General de la República; y el otro de la Carta Magna en su artículo 102 por lo que respecta al procedimiento de designación del fiscal general de la República.
La otra es una propuesta completa de la Ley General de la Fiscalía General de la República. Y digo que, hago la aclaración, que por cierto fue motivo de algunas declaraciones de que lo hicimos hace 15 días cuando inscribimos este tema en el orden del día del Senado porque el Partido Acción Nacional nos propuso un acuerdo para construir dichas propuestas juntos y para presentarlas como grupos parlamentarios, con el acompañamiento de las direcciones nacionales.
Pero nos estuvieron postergando por dos semanas y tal parece que nos querían, lo que consiguieron es hacer que no presentáramos formalmente las iniciativas hasta que ellos tuvieran preparada la suya o a sabiendas de lo que iba a presentar el Ejecutivo también sobre este tema, fuera el día en que todas las propuestas entraran.
Lo digo porque, la verdad es un asunto que se debe de saber, lo dije yo en varias ocasiones, que estábamos en un proceso de acuerdo, pero que así es cómo se comportaron también para este caso.
Pero dejémoslo como parte del anecdotario de lo que ocurre en los procesos de construcción de propuestas legislativas.
Su servidor, Miguel Barbosa, será el que presente la iniciativa de reforma constitucional, la voy a explicar en este momento, espero que comunicación social del grupo ya la haya difundido; y también el senador Armando Ríos Piter quien presentará la propuesta de Ley General de la Fiscalía General de la República, también hará en este momento una breve semblanza.
Pero, primero elementos. La sociedad ya no admite que la designación de quien sea el Fiscal General de la República, es decir, quien represente al Ministerio Público, a la figura del Ministerio Pública, no sea a cargo de una persona con la absoluta autonomía e independencia del poder público, del poder político, del poder económico, de la clase política, de los sectores económico, y de los importantes sectores privilegiados del país.
Ya no está dispuesta a ver que quien represente a la institución del Ministerio Público dependa de una voluntad política, ésa es la opinión de la sociedad.
El PRD recoge esa opinión de la sociedad, la hace suya y para ello tenemos que modificar el sistema que está establecido en este momento. ¿Cuál es ese sistema?, bueno, el decreto por el cual se modificó la Constitución y donde apareció la figura de la Fiscalía General de la República, donde existe un artículo transitorio, el décimo sexto transitorio, que prevé que una vez que esté en vigor la Ley de la Fiscalía General de la República, y una vez que se haga la declaratoria de autonomía de la Fiscalía, esa declaratoria a cargo del Congreso, automáticamente quien sea procurado o procuradora pasará a ser Fiscal General de la República por un periodo de nueve años.
Nuestra propuesta es de reforma al décimo sexto transitorio, al décimo octavo y al 102 constitucional. ¿Por qué el 102 constitucional? Hoy, el procedimiento para elegir al Fiscal General de la República, cuando estuviere la ley en vigor, no antes, y cuando se hiciere la declaratoria de autonomía, que es cuando esté la ley de la Fiscalía General en vigor, son dos pasos: primero la ley, inmediatamente la declaratoria del Congreso; y en ese momento, quien sea procurador se vuelve Fiscal General, así está hoy.
¿Cómo ocurre, cuál es el procedimiento? Una vez que deba elegirse al Fiscal General, el Senado de la República debe procesar 10 nombres con características, enviárselos al Presidente de la República, y el Presidente de la República regresa una terna para que el Senado la revise, para que el Senado la resuelva y con el voto de dos tercios se vote a favor del que fuera el Fiscal o la Fiscal General de la República. Es el procedimiento de hoy.
Para nosotros, ese procedimiento también ya está rechazado por la sociedad mexicana. Debe de eximirse ya, debe de salir el Ejecutivo del procedimiento de designación del Fiscal General de la República para que sea una auscultación pública profunda, con propuestas hechas por universidades, por centros de estudios, personalidades, académicos, especialistas en esta materia y desde luego con una probada condición de autonomía e independencia.
Y que ese proceso de auscultación lo conduzca el Senado, el Senado emitiría la convocatoria, el Senado aprobaría los procedimientos de participación de la sociedad civil, de la sociedad en su conjunto y de esa forma podríamos contar con un fiscal absolutamente autónomo e independiente.
Entonces nuestra propuesta de reforma constitucional es más profunda que la propuesta que presentó el Ejecutivo que sólo se reduce a establecer que cuando haya esa declaratoria de autonomía, que repito, para haber una declaratoria de autonomía tiene que haber Ley General, en ese momento se abra el proceso de participación en el que pueda estar el actual procurador general de la República.
Es decir, cuál es el procedimiento, el de los diez nombres del Senado enviados al Ejecutivo, el de la terna reenviada por el Ejecutivo al Senado y el procesamiento por dos tercios acá en esta Cámara del Congreso de la Unión.
La nuestra va más allá, va a establecer también el tema relacionado con los fiscales especializados, las fiscalías especializadas para que también puedan ser motivo de un procesamiento igual y el procedimiento elimina totalmente la participación, repito, del Ejecutivo para que sea un proceso de auscultación pública profundo, conducido por el Senado de la República.
Así es que no dejamos de reconocer también la atingencia de la presentación de esta iniciativa por parte del Ejecutivo, nos parece que le faltó profundidad, pero sin duda que es una muestra de algo de sensibilidad del Ejecutivo frente a lo que está reclamando la sociedad.
No queremos un fiscal de cuates, no queremos alguien vinculado a partidos políticos, queremos alguien que su sola designación provoque confianza en su desempeño.
Entonces es por lo que a la reforma constitucional se refiere. El senador Ríos Piter nos dará una presentación breve del contenido de la iniciativa sobre Ley General de la Fiscalía General de la República.
Armando Ríos Piter, (ARP): Sí, muchas gracias. Bueno, en efecto es indispensable tener muy claro que lo que se busca es no tener un fiscal carnal como lo han calificado las redes, no tener un fiscal tapadera.
Y en eso es indispensable el cambio constitucional que se plantea para que no haya, digamos, suspicacia, duda, preocupación de que quede al frente alguien que llegue a cubrirle las espaldas al poder.
Pero lo que nosotros buscamos en la ley reglamentaria es no solamente garantizar que haya una persona, un hombre o una mujer, que tenga capacidades, reconocimiento, autonomía, sino que la institución como tal se fortalezca.
Nosotros lo que estamos planteando en la iniciativa es una visión que quite las inercias que hoy prevalecen en la Procuraduría General de la República y que arranquemos de base cero.
De base cero es fortalecer las capacidades de una institución que hoy tenga la capacidad de ser verdaderamente un órgano independiente, imparcial, eficaz en cuanto a la investigación, en un nuevo proceso penal acusatorio, para el cual la Procuraduría General de la República no tiene capacidades, no tiene instrumentos, no tiene fortalezas, hay que decirlo tal cual.
Y por eso es tan importante escuchar lo que ha venido planteando un importante segmento de la sociedad, la Procuraduría General de la República es vista hoy como un instrumento maleable y controlable desde el poder público y económico.
Tenemos que garantizar que esto deje de ocurrir y por eso es tan importante fortalece las capacidades técnicas, el fortalecimiento de los cuadros, no solamente los recursos técnicos o los recursos materiales, sino de los recursos humanos es fundamental en la visión de la iniciativa que estamos presentando.
Planteamos un servicio profesional de carrera, procesos de evaluación de los servidores públicos, así como la certificación de los mismos, estamos planteando una universidad de la función ministerial como representante social para que pueda ser fortalecido desde sus inicios lo que ya comentaba el coordinador, la visión de las fiscalías especializadas, que hoy pareciera que solamente están de membrete, fortalecerlas en la parte electoral, anticorrupción, violencia contra las mujeres, trata de personas, delitos contra la libertad de expresión.
Y obviamente garantizar un instrumento que hoy no existe en la Procuraduría General de la República, que es la vigilancia y los controles democráticos, garantizar que un instrumento que hoy es visto como plena y ampliamente corrupto, tenga incidencia por parte de la ciudadanía para generar un contrapeso.
De tal manera que lo que queremos es que la nueva Fiscalía empiece de base cero, inclusive hay un artículo 19 transitorio que en la reforma constitucional señala que cuando entre en vigor la Fiscalía General de la República van a utilizarse los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de la República.
Aquí hay que poner, digamos, un gran foco de atención. Si a esto solamente se le ve de manera inercial y no se consideran los planteamientos que estamos metiendo nosotros en nuestra iniciativa, se corre el riesgo de solamente cambiarle de nombre y pasar de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía autónoma.
¿Qué queremos? Una reingeniería, repito, de base cero, de todo lo que es la institución si queremos que verdaderamente se convierta en este nuevo momento en el representante de la sociedad frente a lo más delicado y preocupante que es la persecución del delito y la investigación del mismo.
MBH: Gracias. Si hubiere preguntas, con mucho gusto las atendemos.
Sesión de preguntas y respuesta
Pregunta, (P): (Inaudible).
MBH: Yo creo que fue una salida que le dieron a Raúl Cervantes cuando ponen una previsión para que pueda participar en el proceso, veo que es algo correcto, el trato entre los titulares de las instituciones debe tener también esas características pero yo creo que en este momento ya Cervantes tiene una condición diferente de la que tuvo cuando fue nombrado procurador.
Él sí pensaba en el salto automático a ser Fiscal General de la República, parece que hasta lo comentó en la misma comparecencia. Entonces ya hay una condición diferente, por eso, derivada de una presión social muy importante que se ha ejercido, entonces por eso hablo de sensible, no profunda, porque no solamente así se resuelven estas cosas.
O sea la autonomía de una designación, por ejemplo, vamos de acuerdo al procedimiento si no hacemos reformas al 102, hacer que el Senado ponga 10 nombres, a ver van a ser cuatro propuestos por el PAN, tres por el… cuatro propuestos por el PRI o cinco, con su alianza con el Verde, tres propuestos por el PAN y dos por el PRD, sigue siendo la partidización.
Y después de entre esos diez regresa la terna, el derecho a la terna. ¿Quién viene? Viene a lo mejor dos del PRI y uno del PAN y de ahí hay que elegir. Las ternas se diseñan con preferidos siempre y ustedes saben cómo vienen las ternas para ministros de la Corte y todo lo que es terna, ya viene con una orientación.
Entonces por eso necesitamos erradicar la participación del Ejecutivo en la designación del Fiscal General de la República y para ello necesita ser un proceso de auscultación pública muy profunda que el único que puede conducirlo como órgano del Estado es el Senado de la República.
P: (Inaudible).
MBH: No, fíjate…
P: (Inaudible).
MBH: No, no, yo a Raúl Cervantes le reconocemos capacidades para poder participar, sí, sin duda que sí, pero hay un escenario que creo que solamente en esta propuesta de trato a Raúl Cervantes, el jurista. Entonces, pero es profunda, o sea, yo, si lográramos cambiar el procedimiento, pues ahí también que participe Raúl Cervantes y que se evalúe.
P: (Inaudible).
MBH: No, ninguno. Le dieron un trato decoroso cuando ponen en una iniciativa la posibilidad de que participe. Lo hemos hecho en varios casos de que les permitimos, hemos permitido que quien desempeña la función cuando hay una reforma a la ley y se modifica el órgano, el órgano del cual forman parte, pero cambará de naturaleza, de nombre, de que quienes integran ese órgano puedan participar en la designación del nuevo órgano.
ARP: Yo creo que el Presidente –y hay que subrayarlo cuando se deben reconocer cosas- fue sensible a planteamientos que inclusive escuchamos aquí recientemente en el Senado.
Importantes grupos de organizaciones de la sociedad civil, plantearon que no fuera inercial el nombramiento, y tampoco descalificaron que Raúl Cervantes pudiera participar; lo que sí dijeron es que lo hiciera en igualdad de circunstancias.
Eso no quita que las críticas o señalamientos a Raúl Cervantes, por ser primo del Coordinador Jurídico, no se mantengan. Pero creo que hay sensibilidad en escuchar; en escuchar a la sociedad.
Me parece que la iniciativa se queda corta en lo que ha dicho el coordinador, y ahora no solamente será ver quién queda al frente, o el formato para que alguien quede al frente –sea hombre o mujer- sino la reingeniería que se tiene que hacer de una institución.
Angélica de la Peña Gómez, (APG): Sí, bueno, es muy importante escuchar las observaciones y críticas que se han hecho al proceso legislativo de cómo queda este transitorio.
Es importante que se revisen las distintas iniciativas, yo creo que la presenta el grupo es muy importante y la diferencia es que insiste en responder a las críticas que ha hecho la sociedad respecto de la que propone el Presidente Peña Nieto.
Es muy importante resolver esto en la Constitución, esto quiere decir que ojalá que la iniciativa del Presidente motive a la voluntad política, sobre todo del PRI y del Verde, para que se concrete ya la reforma constitucional, para que haya posibilidades de entrar a la segunda etapa, que ésa es más compleja.
La discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República tiene que llevarse un proceso largo de consultas temáticas, por materias, esto de que lo que está en la PGR se traslada automáticamente a la Fiscalía es un error y llevará al fracaso de la Fiscalía, porque es exactamente lo que se está criticando.
Revisar todo, fiscalías especializadas, cómo están funcionando las procuradurías, cómo está funcionado SEIDO, sirven o no sirven para la nueva etapa.
Un organismo autónomo como el que ahora se pretende, se debe configurar nos debe de llevar todo el tiempo necesario, como nos llevó la discusión por ejemplo del Código Nacional de Procedimientos Penales, con especialistas, con expertos.
El Senado tiene que consultar a quienes saben, a quienes han trabajado desde la academia, pero también desde la propia práctica señalando qué es lo que tenemos que hacer.
Y sobre todo, evitar cometer errores como el que aconteció por ejemplo en Guatemala o en otros países, y aprender, por el contrario, de las buenas experiencias.
En ese sentido, es muy importante destacar que la iniciativa del Grupo Parlamentario va incidiendo a eso, a que se discuta de manera experta, abierta, pública, transparente, sin prisas, de lo que tenemos que configurar como la Fiscalía General de la República.
Y ojalá que esto trascienda por cierto, no lo decimos, no es nuestra injerencia, también a cómo están resolviendo en las entidades federativas los congresos locales, el trasladar las procuradurías Generales de Justicia de cada entidad a las fiscalías donde son un verdadero desastre, no hay absolutamente un estado que sea ejemplar en ese procedimiento.
MBH: Otras preguntas, si hubiere.
P: Sí, entonces si estoy entendiendo bien, ¿ustedes estarían por desechar la iniciativa que envió ayer el Presidente?, ¿se puede conciliar esa iniciativa con lo que ustedes presentan en un dictamen evidentemente nuevo?
Y hablaba la senadora Angélica de la Peña de que va a ser un proceso largo, ¿entonces estaríamos hablando de que esta Ley de la Fiscalía General de la República se pudiera construir hasta finales del año que viene o más o menos en qué plazo?
MBH: No, a ver, primero, un proceso legislativo no se limita en su parte final, cuando se resuelve el dictamen, a la propuesta, a los elementos de la iniciativa, se puede enriquecer, ésa es la virtud del proceso legislativo, lo ámbitos no son los alcances de las iniciativas.
Hoy habrá tres iniciativas, la del Ejecutivo, la del PRD y la del PAN; habrá tres con alcances distintos. A lo mejor la del Ejecutivo y la del PAN son la misma, pero el PRD tiene una iniciativa que va más, por eso tiene, va más allá, tiene más profundidad.
Ahora, los tiempos, ya me lo preguntaron por la mañana y yo dije “a ver, no son tiempos breves”, primero tendrá que haber una reforma constitucional, y una reforma constitucional implica la aprobación por las dos cámaras y el trasiego que hace a los congresos locales, primero.
Una vez que haya reforma constitucional, tendrá que haber Ley General, Ley de la Fiscalía General de la República; y cuando haya ley ya, tendrá que haber la declaratoria de autonomía, que está prevista en el 102 constitucional y se inicie en ese momento el proceso de designación del nuevo Fiscal General de la República.
Tiempos, van el periodo siguiente, todo el periodo siguiente. Sí, adelante.
P: (Inaudible) preguntarle nada más si no están recibiendo presiones el grupo, ya sea del Gobierno o de la bancada priista para que tengan que cambiar un Fiscal Anticorrupción por un Fiscal General de la República en ese sentido.
Y si no las están recibiendo, ¿tampoco estarían dispuestos a un tipo de chantaje o presión de esta naturaleza, senador?
MBH: No, de ninguna forma. Nunca hemos recibido presiones ni hemos sido objeto de chantajes, lo digo con absoluta lealtad. En el Senado los grupos parlamentarios y los senadores y senadoras nos respetamos, somos toda la dignidad y la hombría o la caballerosidad, del lado de las señoras, cómo sería, la dignidad, para poder hacer nuestro trabajo sin presiones y sin chantajes.
Pero, a ver, quiero hablar un poco del tema del Fiscal Anticorrupción. En esa disputa de los tres boletines de prensa del PRI, el domingo, que antes del 15 de diciembre hubiera ya Fiscal Anticorrupción y en esa posición que tuve yo, que tuvo coincidente con el Partido Acción Nacional, en el sentido de que no era posible, y no es posible.
Les voy a decir por qué, porque el 9 de diciembre es la fecha límite que la Comisión de Justicia y de Anticorrupción debe de presentar su dictamen de idoneidad. ¿Cuándo se alcanza ese dictamen de idoneidad? Cuando terminan las comparecencias.
Y entre el 9 y el 15 de diciembre hay seis días naturales y hay dos sesiones, es materialmente imposible, pero sobre todo por una cosa, porque lo que estamos planteando y va a ser motivo de una reunión extraordinaria de la JUCOPO con la Mesa Directiva del Senado y las mesas directivas de las Comisiones de Justicia y Anticorrupción, lo que estamos planeando es que se abra de manera muy amplia el periodo de recepción de los aspirantes para que haya participación de la sociedad civil, para que se encuentre que efectivamente tienen los méritos y las capacidades todos los que están inscritos y no se reduzca a una votación de dos tercios, que siempre es una negociación parlamentaria.
Necesitamos abrirla, no nos podemos equivocar. Un Fiscal Anticorrupción que no tenga las características de respeto, de autonomía, de independencia, simplemente va a matar a la institución, a la figura y al sistema que estamos, que se construyó en el 2013.
Por eso queremos que sea, no para que se postergue, por favor. Miren, en Estados Unidos, muchos, yo no soy de los apologistas de la cultura del malinchismo, pero en Estados Unidos la construcción de los fiscales es larguísima, porque se hace una auscultación profunda.
Entonces es lo que tenemos que esperar y por eso vamos a reunirnos más tarde durante la mañana para poder ver cómo resolvemos el tema del procedimiento del Fiscal Anticorrupción.
Pero yo vuelvo a reiterar, me parece imposible e inadecuado que sea al 15 de diciembre.
ARP: Solamente una consideración, porque precisamente en esas coyunturas es donde aparecen los discursos que señalan que la sociedad reclama rapidez, que reclama dinamismo; no hay que caer en esos discursos que son engañosos.
Lo que la gente reclama es un buen fiscal anticorrupción, o una buena mujer a cargo de la fiscalía anticorrupción.
Entonces, no hay que caer en dudas, porque vamos a empezar a escuchar, tratando de generar presión mediática, que urge el fiscal anticorrupción. Sin duda alguna urge que tengamos ya un fiscal para que el Sistema Nacional empiece a operar de una manera completa.
Pero lo que no podemos permitir, es que por prisa, quede alguien a modo. Quede alguien a modo, porque entonces eso sí, termina matando el Sistema Nacional Anticorrupción.
P: Buenos días, senador, preguntarle dos cosas, una, ¿para usted y para la bancada del PRD, Raúl Cervantes está o debe de estar vetado del procedimiento para ser Fiscal General de la nación?
¿Cuál es su opinión concretamente con que él pueda convertirse a través del nuevo procedimiento que plantea el Presidente o que plantean ustedes en nuevo Fiscal?
Me gustaría saber las razones en caso de que esté vetado.
Y segundo tema, ¿qué opinión le merece este contrato de compraventa que ya mañana firman el Senado para adquirir el Teatro de la República?
Gracias.
MBH: Bueno, Raúl Cervantes es un jurista respetado en el mundo del Derecho, es un político respetable, así lo consideramos nosotros, es un compañero senador con licencia apreciable, así lo estimamos nosotros. Está vinculado a un partido político, sí. Lo votamos como Procurador General de la República, sí, porque lo estimamos que puede desempeñar una función correcta.
Pero la figura de la Fiscalía es distinta a la de la Procuraduría, siempre ha sido autonomía, siempre el requerimiento ha sido la autonomía. Yo creo que el Gobierno cuando presenta esta iniciativa, repito es sensible a la opinión de la sociedad, no profunda, pero le cambia todo el piso a Raúl Cervantes.
Raúl Cervantes sí quería ser Fiscal en automático, lo dijo en su comparecencia ante la Comisión de Justicia, lo dijo, y de manera natural lo dijo con sus propias palabras, que estaba preparado para eso.
Hoy cambia el escenario, yo no sé qué esté pensando Raúl Cervantes en este momento. Así es que nosotros no vetaríamos a nadie, menos a Raúl Cervantes para que sea evaluado bajo reglas que garanticen la autonomía e independencia de quien sea el titular de la Fiscalía General de la República.
Así es que participe Raúl Cervantes, sí, claro que sí, tiene toda la dignidad y tiene toda la capacidad para hacerlo; pero que sea evaluado en términos de la realidad jurídica, política y social, que es el perfil finalmente quien cubre todas esas capacidades tiene el perfil para hacerlo.
Y el otro, respecto del contrato de compraventa. Bueno, miren, qué bueno que se rescate ese lugar tan significativo. Lo que voy a decir no les va a gustar a muchos, porque ya me lo dijeron, yo lo expropiaría.
Ese tipo de lugares se expropian. El Teatro de la República, esos se expropian. Pero en fin, estamos a favor de que se adquiera esa inmueble, de que se pague el precio, fue parte del cálculo, el presupuesto que la Federación le entregó al Senado de la República, adelante.
Solamente que en la lógica, en la visión que pudiéramos tener algunos pues son los casos concretos en que son de utilidad pública, pero en fin, ésa es opinión mía, ¿de acuerdo?, no la quiero controvertir con opiniones, porque yo también respeto la propiedad privada, respeto mucho la fortaleza de un sistema de vida, una propiedad privada pero también social.
P: ¿Le parece justo el precio?
MBH: No conozco de eso.
P: Han dicho que 300 millones…
MBH: No, 100 millones…
Sí conozco el lugar, es hermoso, la historia que carga el lugar. Cuando estuve ahí, di un discurso, me sentí muy alagado de haber sido ahí el lugar donde se discutió y se aprobó la Constitución de 1917.
Pero quiero decirles algo, cuando fui presidente del Senado, hicimos que el Senado sesionara en donde se aprobó la Constitución de 1857, ¿se acuerdan?, allá en Palacio de Gobierno en la sede de la Cámara de Diputados en donde se aprobó la Constitución de 1857. ¿Se acuerdan o no?
P: Preguntarle, sobre esta nota que traemos de INEGI, datos del INEGI, que de los 4.5 millones de unidades económicas del país, 1.6 millones registraron 4 millones de delitos. Esto significó pérdidas por 138 millones de pesos. Quisiera saber su opinión.
MBH: Ríos Piter es el encargado de esa respuesta.
ARP: Bueno, esos datos lo que vienen es a fortalecer lo que hemos venido diciendo; la estrategia de seguridad que ha llevado el gobierno federal, tiene implicaciones no solamente en términos de lo terrible que significa seguir acumulando, en tandas de miles de muertos cada mes, o digamos cada un periodo de tiempo, sino que tiene importantísimos costos económicos.
Si juntamos estas variables de inseguridad con las de corrupción, pues es reamente alarmante, que queramos o que exijamos que haya desarrollo, que haya crecimiento, cuando tenemos este tipo de anclas.
Entonces, la exigencia que nosotros hemos mantenido como grupo parlamentario en todo momento es, esta estrategia de inseguridad es una estrategia inservible, que no solamente no detiene la catástrofe en términos de pérdidas de vidas humanas, sino que tiene estancado el desarrollo económico del país.
P: ¿Se debe de tener una estrategia ahora más rápida para evitar estas pérdidas?
ARP: Cuando revisa los datos, y cuando estás hablando de extorsiones, que son las que impactan de manera directa a estos negocios, solamente con inteligencia; con inteligencia y con recuperar confianza de parte de esos negocios, para que denuncien, porque cuando uno compara los datos del INEGI, son totalmente distintos a las denuncias que se tienen frente a la autoridad correspondiente: el ministerio público, y vamos al tema de hoy, pues es totalmente falto de credibilidad para denunciar.
Entonces ¿Qué se requiere recuperar? Inteligencia, como parte estructural de nuestra, digamos de nuestra estrategia de seguridad, pero una nueva política criminal que lo que brinde es confianza, para que la denuncia implique intervención de la autoridad, y obviamente que no haya impunidad.
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