En México, todas las personas deben gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte.
La autoridad de México está obligada a promover, respetar y garantizar los derechos humanos bajo dos principios: igualad y no discriminación.
El artículo 1º de la Constitución, derivado de la gran reforma de 2011, cambió el paradigma en materia de derechos humanos. Prohibió toda forma de discriminación, motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opinión, estado civil y preferencias sexuales; así como, cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Las preferencias sexuales o la orientación sexual son derechos humanos que tienen que ser garantizados bajo los principios mencionados de igualdad y no discriminación.
Las preferencias sexuales o la orientación sexual son parte fundamental del respeto a la dignidad humana, ésta es el núcleo de los derechos humanos.
Las preferencias sexuales y la orientación sexual son elementos determinantes de la vida privada, del desarrollo de la identidad personal, del plan de vida de cada quien, de la personalidad individual, y están ligadas al concepto de libertad, autodeterminación y a que cada persona pueda escoger libremente las circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones. Así lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En ese orden de ideas, celebrar un matrimonio heterosexual o igualitario es un derecho humano derivado de la autodeterminación de las personas para tomar decisiones fundamentales en su vida, como con quién vivir.
Por ello, negar el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo resulta discriminatorio y atenta contra su dignidad y libertades.
El esquema constitucional actual, es decir, la redacción como está de los artículos 1º y 4º de nuestra Carta Magna, vinculados a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelven, en los términos expuestos, la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo o matrimonios igualitarios o matrimonios homoparentales, y la inconstitucionalidad de las leyes federales o locales que lo prohíban.
Hoy, en 12 estados de la República ya se aprobó en sus códigos civiles la legalidad de los matrimonios igualitarios, es decir, armonizaron su legislación ordinaria al texto constitucional y a los criterios de la Corte; 20 entidades están pendientes de ello, aún mantienen una legislación ordinaria, contrariando los términos de la Constitución y los citados criterios de la Corte.
La iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo, supongo, tenía por objeto -al proponer modificar el primer párrafo del artículo 4º constitucional- obligar a los estados a armonizar de manera general sus códigos civiles.
Pero recalco, así como está, el tema de matrimonios igualitarios está resuelto. Cualquier pareja homoparental de cualquier estado de la República a la que se niegue el derecho de contraer matrimonio, podrá promover juicio de amparo y a través de ello conseguirá el ejercicio de ese derecho. Por eso, el abandono o deslinde del priismo a la iniciativa del Presidente Peña no tiene consecuencias reales.
El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores presentará su propia iniciativa, que inclusive podría ser idéntica a la del Ejecutivo, con el propósito de mantener el interés y construir un debate articulado y ordenado.
Este asunto, el de los matrimonios igualitarios, desde mi opinión, está siendo aprovechado por la cúpula eclesiástica para recuperar espacios de poder que ha perdido; la reacción de la Iglesia a una iniciativa, que ellos mismos califican de muerta y abandonada por el PRI, no tiene sentido. Están llevando a cabo una estrategia para recuperar espacios de poder.
El tema de los derechos derivados de la dignidad humana, de las preferencias sexuales, de la orientación sexual, del derecho al matrimonio entre las parejas del mismo sexo, insisto, ya está resuelto por la Constitución y la Corte; si se debaten, debe ser por el conjunto de la sociedad y no, como se pretende, resolverlos entre la Iglesia y el Poder Civil. Hay que recordar que el Estado mexicano es un Estado laico.
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