- Para garantizar autoridades independientes del poder y de los partidos, tenemos que seguir puntalmente el proceso que inició la Suprema Corte, para que éste sea público y transparente.
Una parte fundamental de la legitimidad de nuestros representantes populares es producto de una conducción institucional y responsable de las autoridades electorales. En la democracia mexicana, el conflicto electoral y pos electoral han sido constantes. Desde la caída del sistema en 1988, hasta las últimas denuncias presentadas en el pasado proceso electoral del 5 de junio de este año, marcan el día a día en nuestra democracia. Lo cual establece la necesidad de contar con autoridades electorales sólidas y con titulares de estos órganos del Estado independientes de los partidos políticos y del poder.
El pasado 4 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el acuerdo por el cual se establece el procedimiento para integrar las ternas que serán propuestas al Senado de la República para la designación de 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Se trata de uno de los procesos más importantes, previo a las elecciones federales de 2018, porque el Tribunal es el órgano que hace la declaratoria de validez de la elección y emite la constancia de Presidente electo; así como sanciona, en última instancia, los delitos y faltas en la materia.
Para ejemplificar la importancia de esta sala en el proceso electoral y la vida política del país, basta recordar lo que hace unos días afirmó Germán Martínez Cázares, en un artículo publicado en un diario nacional, en el cual afirmó que en 2006, Felipe Calderón estaba de acuerdo en el recuento voto por voto, pero que su equipo lo convenció de que esto no fuera así.
¿Qué significa esta confesión de parte a 10 años de las elecciones que polarizaron al país y lo llevaron al borde del rompimiento? Ejemplifica el control que puede llegar a ejercerse sobre órganos electorales, la incidencia que existió en la Sala Superior para calificar la elección entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa. Ésta es la realidad que ha prevalecido en México en nuestras máximas autoridades electorales. Una realidad marcada por la falta de independencia en sus resoluciones y todo lo que esto significa en términos de legitimidad de las autoridades electas a través del voto popular.
Por eso, para garantizar autoridades independientes del poder y de los partidos, tenemos que seguir puntalmente el proceso que inició la Suprema Corte, para que éste sea público y transparente. No porque el acuerdo emitido hace unos días por la Corte provoque ocultamiento, no. Sino, porque este proceso requiere la participación y sanción de la ciudadanía. Sería altamente positivo que las organizaciones de la sociedad civil interesadas se involucrarán desde ahora, porque la verdadera designación de los siete integrantes de la Sala Superior se hará en la integración de las ternas. Cuando llegan al Senado ya existen favoritos o persona perfiladas. Después de un largo proceso de selección a cargo de la Corte, quedarán 21 aspirantes que conformarán las 7 ternas, en éstas no deben haber favoritos, ni dados cargados.
¿Qué le corresponde hacer al Senado? Le corresponde evaluar las ternas. Este procedimiento se debe realizar con estricto respeto y reconocimiento al trabajo de la Corte, pero las y los senadores debemos asumir nuestras responsabilidades legales y constitucionales en esta definición. XXX Twitter @MBarbosaMX
