De nueva cuenta México es exhibido a nivel internacional como un país donde la tortura goza de impunidad y se ensaña con las mujeres, pues las hace víctimas de golpizas y violaciones durante su arresto y las primeras de horas de su detención por parte de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas destinados a labores de seguridad pública, deploró la senadora Angélica de la Peña.
Dijo que así lo demuestra el informe ‘Sobreviviendo a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México’, presentado por Amnistía Internacional, aunque acotó que no es la primera denuncia de que la tortura sexual contra mujeres es una práctica común en nuestro país.
“No podemos olvidar que hace 10 años, en localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, 27 mujeres fueron víctimas de la tortura sexual perpetrada por agentes federales y estatales durante los operativos implementados durante las manifestaciones en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, y quien gobernaba el Estado de México en ese entonces, hoy es el presidente de la República”, agregó.
Incluso, continuó la legisladora del PRD, el Estado mexicano fue juzgado y hallado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2010 por el caso Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega versus México, dos mujeres indígenas del estado de Guerrero que fueron golpeadas y violadas por elementos del ejército mexicano.
La misma CIDH manifestó en 2015 que, luego de su visita in loco a México, una de sus principales preocupaciones era el uso extendido de la tortura sexual a manos de todas las fuerzas de seguridad del Estado e insitióen que, aunque sea cometido por actores estatales o no estatales, el Estado tiene la responsabilidad de investigar, perseguir y castigar a los perpetradores, así como asegurar una reparación a las víctimas.
De la Peña Gómez resaltó que “a pesar de las sentencias de la CIDH, las recomendaciones de organismos internacionales, las denuncias de organizaciones civiles nacionales e internacionales, las autoridades del gobierno mexicano insisten en negar que la tortura sea una práctica generalizada.”
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos señaló que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio está comenzando a enfrentar la terrible realidad de un régimen de procuración de justicia plagado de fallas estructurales, entre ellas la tortura, escenario que le exige un esfuerzo mayor para detener esta deleznable práctica y garantizar investigaciones reales y científicas y hacer una realidad cotidiana el principio de presunción de inocencia.
“Durante el pasado período ordinario de sesiones advertimos que si el Congreso de la Unión no aprobaba la Ley General contra la Tortura, el Sistema de Justicia Penal Penal Acusatorio carecería de una herramienta esencial para su funcionamiento pleno; esperamos que la Cámara de Diputados apruebe en las primeras semanas de septiembre la ley anti tortura, para que de una vez por todas el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales en esta materia”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
