La senadora Angélica de la Peña Gómez solicitó a la Procuraduría General de la República instruir a los Ministerios Públicos a garantizar el interés superior de la niñez en la toma de decisiones sobre una cuestión que involucre a niñas, niños y adolescentes.
Asimismo hizo un exhorto a brindar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza de la investigación y del procedimiento lo requiera y dar aviso a la Procuraduría de Protección a fin de asegurar la efectiva representación, protección y restitución de sus derechos.
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la senadora del PRD señaló que la violencia contra niñas, niños y adolescentes, tiene muchas expresiones.
En este sentido, dijo, México está ascendiendo rápidamente en el ranking mundial para ocupar uno de los primeros sitios por la creciente violencia contra niñas, niños y adolescentes, que va desde violencia física, el abuso sexual y el homicidio.
De la Peña Gómez informó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reportó a México, Estados Unidos y Portugal como los países que tienen el número más alto de niños muertos por maltrato dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Indicó que entre las cifras más alarmantes del país en este tema destaca el que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños es abusado sexualmente durante la infancia o adolescencia; además en 6 de cada 10 casos de abuso sexual a niños el agresor es familiar directo.
“De acuerdo con el registro anual de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los sistemas estatales del DIF, se reportaron 39 mil 516 casos de abuso contra niños y niñas y fueron comprobados 27 mil 675”, apuntó.
La senadora informó que los estados donde se reportaron la mayoría de los abusos contra niñas, niños y adolescentes, en 2014, fueron Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.
Angélica de la Peña recordó que en México se aprobó en 2014 la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual les otorga el derecho a que una vez que se identifica o sospecha de abuso sexual sean llevados a consulta médica inmediata y posteriormente a realizar la denuncia al Ministerio Público.
“El abuso sexual debe tratarse siempre como emergencia, muestren o no lesión aparente, y deben de recibir los servicios de profilaxis, anticonceptivos de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la Ley”, mencionó.
El Punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para su análisis y posterior dictaminación.
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