Con el fin de inhibir, prohibir y sancionar administrativamente las prácticas de uso y abuso de insignias y credenciales oficiales, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes propondrá modificaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Código Penal Federal.
En el documento publicado en la Gaceta del Senado, el legislador del PRD señala que la práctica conocida como “el charolazo” es aquella en la que un sujeto que ejerce una función pública pretende un trato privilegiado a partir del puesto que desempeña.
“Una práctica que daña la imagen de nuestras instituciones, en manos de funcionarios públicos irresponsables”, apunta.
Por ello, la propuesta pretende sancionar con una multa de cien Unidades de Medida y Actualización a quienes hagan uso de su nombramiento en cualquier institución de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, soliciten atención especial o trato diferenciado del común de la sociedad.
La iniciativa destaca el Artículo 108 Constitucional define como servidores públicos a todos aquellos representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal.
En este sentido, Luis Humberto Fernández asegura que una democracia no puede funcionar sobre la base de una sociedad diferenciada, por lo que hace un llamado para reforzar el Estado de derecho, limitando a los funcionarios públicos que incurran en este tipo de acciones para beneficiarse de cualquier situación.
Con el objetivo de inhibir la prepotencia y valentía que concede el cargo público, se modifica el artículo 47 la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para establecer la obligación a los servidores públicos a abstenerse de ostentar su cargo, presumir o acreditarse frente a otros servidores a fin de solicitar excepciones, privilegios o cualquier beneficio.
«La iniciativa se propone, motivada por la necesidad de reforzar el estado de derecho, limitando a los funcionarios públicos que aun incurran en la acción del ‘charolazo’, para beneficiarse de cualquier situación, pero sobre todo se propone porque acabar con estas prácticas es lo correcto».
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