Intervención del senador Alejandro Encinas Rodríguez para referirse al acuerdo de la Mesa Directiva sobre los acontecimientos en el penal de Topó Chico, Nuevo León.
Alejandro Encinas Rodríguez (AER): Muchas gracias, señor Presidente,
Yo creo que más allá de las valoraciones políticas que se han presentado en esta tribuna respecto al desempeño del actual gobernador y al conjunto del gobierno del estado, deberíamos plantear preguntas muy puntuales que ameriten una respuesta por parte del gobierno del estado de Nuevo León, en una situación trágica solamente equiparable a la dimensión que tuvo el motín en la prisión de Carandiru, en Brasil, donde fallecieron 112 internos en un enfrentamiento.
Estamos frente a una situación no solamente que pone en evidencia la profunda crisis del sistema penitenciario nacional, sino también cómo dentro de los penales no solamente hay una verdadera ausencia de autoridad, sino que los grupos criminales detentan el gobierno de los penales.
Y es lamentable que a estas horas del día el gobierno del estado no dé información puntual de los asuntos más elementales:
Primero. ¿Cómo es posible que haya existido un enfrentamiento entre población penitenciaria que estaba adscrita a distintos dormitorios?
¿Quién abrió las esclusas que permitieron la comunicación entre la población penitenciaria de estos dos módulos?
¿Qué papel desempeñaron los custodios que permitieron no solamente el tránsito y el enfrentamiento entre grupos distintos absurdamente ubicados en dormitorios colindantes?
Y, al mismo tiempo, que nos den la información, ¿por qué la autoridad tardó, por lo menos conforme a la información que el propio gobierno del estado ha dado a conocer ahora, por lo menos 5 horas para reaccionar en la contención de este enfrentamiento?
¿Fue un acto de negligencia, fue un acto de omisión o fue un acuerdo para permitir el enfrentamiento entre dos grupos delictivos que se están disputando el gobierno de este centro de readaptación, que más bien es un centro de segregación social en nuestro país?
Yo creo que aquí el problema es más de fondo que la condena al gobernador. No solamente en esos momentos está detenida, está consignada la anterior responsable del Sistema Federal Penitenciario por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, sino que ahora tenemos evidencia de este nivel de descomposición en el sistema penitenciario en donde no se ha resuelto varios de los problemas pendientes:
Uno, la revisión, efectivamente, del marco jurídico y legal en donde el endurecimiento de las penas con el que se pretendió disminuir el alto nivel de incidencia delictiva en el país no logró su objetivo, y por el contrario, no solamente llevó a una sobrepoblación a todos los penales en nuestro país, sino que además llenó de jóvenes primo-delincuentes y, particularmente, de gente que no tuvo los recursos para comprar su inocencia, la mayor parte de los penales del país.
Y cómo en este endurecimiento de las penas el cumplimiento de cuotas por la presentación de detenidos también llevó a muchos inocentes, como es el caso ampliamente discutido en los foros recientes sobre la legalización o la regularización de la marihuana y otras drogas, para que estén detenidos jóvenes por consumo de droga cuando no está penado el consumo de éste, de ningún tipo de droga en nuestro país, son preguntas que tienen que ir al fondo del asunto.
Es inaceptable que a esta hora del día solamente el gobierno del estado haya informado sobre la identidad de 20 de los 52 internos asesinados.
¿Cuáles son los mecanismos de control de identificación de la población penitenciaria o que haya informado solamente de la identidad de 4 de los 5 heridos?
¿Que no sepa cuál es el quinto herido cuando debe de existir un registro muy puntual de la población penitenciaria, y una vez que ha sido controlado este enfrentamiento o motín, o lo que haya sido porque todavía no queda claro cuál fue el móvil de este conflicto, no se tenga la información puntual?
Aquí hay problemas de negligencia, de omisión y de corrupción que debemos atender a fondo, y creo que corresponde a la Comisión de Gobernación, en particular, hacer el seguimiento de este caso, solicitar respuestas puntuales a los cuestionamientos y preguntas que aquí se han formulado y demandar que el gobierno de Nuevo León dé respuesta puntual.
Con un agrado. ¿Cuál es el nivel de coordinación y el papel con la autoridad federal, toda vez de que en ese penal estuvo bajo resguardo de fuerzas federales, particularmente de la Marina Armada de México, y posteriormente en esta transición de gobierno a la autoridad local?
¿Y cuáles son los mecanismos de coordinación para atender a quienes están detenidos por la comisión de delitos del fuero federal y los del fuero común en donde en esta disputa de bandas se reporten hasta los internos que llegan a ese penal y que no tienen ninguna adscripción a alguno de los grupos delictivos?
Creo que es un problema de fondo, hay que analizarlo en particular, pero tomar medidas puntuales para resolver todos estos problemas.
Muchas gracias.
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