La Ciudad de México merece una Constitución a la altura de su historia, de su sociedad y de sus aspiraciones como sede de los Poderes de nuestro país.
La reforma política del Distrito Federal culminó su proceso de aprobación en el Congreso de la Unión. Algunos consideran que esta transformación duró décadas; otros, que transcurrieron siglos para llegar a este momento. Hay voces que la consideran insuficiente y otras que están conformes con lo logrado hasta el momento. Así es la pluralidad, se avanza hasta donde los acuerdos y la política permiten llegar. En las próximas semanas o a principios del siguiente año, los Congresos de los estados analizarán y, en su caso, refrendarán esta reforma.
Entre los aspectos más destacados se encuentran el cambio de denominación de Distrito Federal a Ciudad de México y la construcción de una Constitución propia, la cual será elaborada por un Congreso Constituyente.
La Constitución de la Ciudad de México es un tema de gran relevancia para el Estado mexicano. Una transformación mayor que definirá el futuro de la Ciudad más importante de nuestro país. Los Poderes de la Unión deben tener claro que lo que ocurre en la Ciudad de México tiene efectos en toda la República.
La Constitución de la Ciudad de México deberá ser la más progresista, la más liberal, la de mayor justicia social, en su contenido tiene que expresarse el pacto fundante de la Ciudad Capital; en sus artículos plasmar los derechos y las libertades por los que la ciudadanía capitalina ha luchado durante muchos años.
Además de ser sólida en su técnica legislativa y armónica en sus contenidos con la Carta Magna, la Constitución de la Ciudad de México deberá contener los preceptos más avanzados en materia de derechos humanos, justicia social, libertades individuales, transparencia y rendición de cuentas, justicia y seguridad pública, combate a la corrupción, desarrollo económico y consolidación de la democracia.
Integrar, analizar y aprobar una Carta Magna de estas características implica una enorme responsabilidad, porque del resultado de este ejercicio dependerá el futuro de la capital y marcará el rumbo del cambio político del país.
El Jefe de Gobierno debe tener la visión para integrar un proyecto de Constitución de amplio calado; una propuesta generosa con la Ciudad y atenta a las aspiraciones de sus habitantes; una propuesta que no se construya únicamente desde alguna de las oficinas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sino desde los espacios vivos de la Ciudad, donde se expresa la sociedad en su pluralidad y diversidad. La Constitución de la ciudad capital y sede de los Poderes de la Unión debe darse en el marco de un debate nacional.
El Jefe de Gobierno tiene la enorme oportunidad de presentar a los capitalinos y a la nación una propuesta que honre a la Ciudad y a quienes la habitamos.
Si bien los transitorios de la reforma constitucional establecen que el Jefe de Gobierno elaborará y enviará el proyecto de Constitución, esto no implica ninguna limitación para que desde la academia, las organizaciones sociales, los gremios o los ciudadanos interesados puedan participar en el proceso mismo de definición del proyecto de Constitución.
El Congreso Constituyente estará integrado por 100 diputados; 60 serán electos en las urnas, 14 integrantes del Senado de la República, 14 integrantes de la Cámara de Diputados, 6 representantes del Gobierno federal y 6 del Gobierno capitalino.
La ciudadanía, con su voto, establecerá cuántos diputados constituyentes corresponderán a cada partido y cuantos serán independientes. Cada una de las Cámaras del Congreso definirá, de conformidad con las normas que los regularán y la correlación de fuerzas de la actual legislatura, el número de diputados y senadores que corresponderán a los grupos parlamentarios.
Sería altamente saludable para este proceso que el Jefe de Gobierno y el Presidente de la República designaran como sus respectivos representantes a voces, visiones y opiniones que aporten a la construcción del pacto social de la Ciudad.
Este pacto no puede ser producto sólo de un acuerdo entre fuerzas políticas o entre poderes locales y federales o con alguna de las fuerzas políticas, estamos obligados a realizar un esfuerzo adicional y extraordinario para lograr acuerdos a favor de la Ciudad.
Para la izquierda, la reforma política del Distrito Federal tiene un significado especial. Aunque la lucha por su transformación viene de tiempo atrás, desde 1985, cuando los sismos devastaron a partes importantes de nuestra ciudad, se inició un despertar ciudadano, que ahora se materializará en una Constitución para esta metrópoli.
Esta última etapa de la reforma de la Ciudad se construyó en el Senado. El 7 de noviembre de 2012, en el Palacio de Minería, el Senado de la República y el entonces Jefe de Gobierno electo expresamos nuestra voluntad para avanzar en la transformación utilizando las armas que nos permiten la democracia y la política.
Ahora debemos reafirmar nuestra disposición para avanzar en un contexto de pluralidad en la construcción de la mejor Constitución para nuestra Ciudad, poniendo en el centro el
