La Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, a propuesta del senador Isidro Pedraza Chávez, exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Guerrero a cumplir con el pago de indemnización a los afectados por las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
La Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales votó a favor del punto de acuerdo del legislador del PRD por el que también se solicita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero agilizar la investigación en contra de la Constructora Caribali y las autoridades correspondientes para que se sancione a los responsables.
Al fundamentar su propuesta, Pedraza Chávez señaló que “en el estado de Guerrero se registraron 516 viviendas con algún tipo de daños desbordados, 85 árboles caídos, 42 viviendas colapsadas, 23 bardas caídas, 32 carreteras federales y estatales con daños en la infraestructura; asimismo se reportaron 75 personas fallecidas”.
Agregó que de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación se declararon en estado de emergencia 56 municipios guerrerenses.
El legislador por Hidalgo señaló que el puerto de Acapulco fue uno de los municipios más afectados, donde las lluvias desbordaron el río la Sabana provocando la inundación de diversas colonias localizadas en la zona oriente.
Añadió que el dictamen de Protección Municipal indicó que las colonias no eran aptas para continuar habitándolas pues las inundaciones reblandecieron la estructura metálica y los materiales de construcción.
Isidro Pedraza citó al Atlas de Peligros Naturales, donde se identifica como zona de alto riesgo los asentamientos ubicados en Zona Diamante debido a que se encuentra dentro de la zona de influencia natural del cauce del río la Sabana.
Sin embargo, las administraciones locales y estatales autorizaron permisos a constructoras privadas para desarrollar conjuntos habitacionales, lamentó.
Pedraza recalcó que los habitantes de las localidades presentaron diversas denuncias ante el Ministerio Público en contra de la constructora Cabali.
Concluyó que la mayor parte de la población afectada vive en condiciones de pobreza, por lo que es necesario que las autoridades intervengan para que los afectados sean indemnizados y reubicados.
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