En las elecciones del próximo 7 de junio, las encuestas fallarán. Se ha abusado tanto de estas herramientas que un porcentaje significativo de entrevistados oculta lo que realmente piensa o cree; no contesta, prefiere no opinar y actuar en un sentido diferente a lo que se respondió en una llamada telefónica, o contestó al joven que tocó a su puerta un día domingo en la mañana, o que lo abordó en una plaza pública.
Un tercio aproximadamente de los encuestados asume esta actitud, porque desconfía del entrevistador y del destino de su información.
Lamentablemente en México las encuestas electorales se han convertido en una especie de propaganda. No es un secreto que en las estrategias de candidatos y partidos los estudios de opinión forman parte del paquete en la construcción de percepciones.
Una revisión de los resultados electorales de 1991 a 2012, y de las encuestas que las precedieron, deja una larga lista de obviedades y errores. Las más graves, en el pasado proceso electoral federal de hace casi tres años.
Esta deformación resulta de la combinación de dos circunstancias. Candidatos y partidos necesitan “saber” en tiempo real si la ciudadanía los acepta o los rechaza, por este motivo recurren a las empresas encuestadoras, que les dicen: “Estás en tal o cual nivel de aceptación, pero tu potencial de crecimiento es éste”; “utiliza lenguaje sencillo, busca el voto femenino y el de los jóvenes”, y otras recomendaciones por el estilo, que en el corazón angustiado y la mente obnubilada de un candidato suena a verdades absolutas.
En el otro lado está un grupo de empresas que encontraron en la democracia un nicho de mercado. Lo mismo trabajan para un partido que para el otro; incluso en el mismo proceso electoral, sólo que en diferente estado, municipio o distrito.
A las empresas encuestadoras las rige una reglamentación suave. No se sujetan a una norma de calidad, como sí lo están otras profesiones o prestadores de servicios. Si un médico actúa con negligencia, puede someterse a un consejo de ética y ser sancionado, incluso puede perder su licencia para ejercer la medicina. Lo mismo ocurre con los ingenieros o los abogados.
Las encuestas poseen una gran utilidad táctica. Cada día adquieren mayor relevancia en las decisiones políticas, el problema está en el abuso. Me refiero, por ejemplo, a la designación de cientos de candidatos por el método de encuesta; es decir, se designa a tal o cual persona por la simple posibilidad de que un hecho futuro ocurra.
Debemos avanzar hacia una adecuada regulación de estos instrumentos de medición. Por ejemplo, las encuestas difundidas en torno a procesos electorales y que los partidos políticos decidan hacer públicas, deberían tener la leyenda de “propaganda”. Los medios de comunicación que hagan o difundan encuestas, deberían presentarlas en la sección de opinión y no como hechos noticiosos.
Los encuestadores que permitan que sus estudios sean utilizados como propaganda o que fallen en sus resultados por más del margen de error que ellos mismos hayan calculado, deberían ser señalados así, como resultados “poco confiables”. Las empresas encuestadoras que permitan que sus resultados sean manipulados deberían sancionarse y, en casos extremos, inhabilitarse para elaborar o difundir encuestas.
Y a todo esto: ¿Cuántas encuestas se han realizado en el actual proceso electoral? ¿Cuánto costaron y quién las pagó? Éstas son algunas preguntas que, en aras de la transparencia, deben responder partidos, candidatos y empresas encuestadoras.
ENTRESACADO: Las empresas encuestadoras que permitan que sus resultados sean manipulados deberían sancionarse y, en casos extremos, inhabilitarse para elaborar o difundir encuestas.
