Su sueño: un ingreso que les permita alimentarse
El Valle de San Quintín, ubicado en Baja California, hoy llama la atención de todos nosotros porque ejemplifica con cruda realidad que la ley no siempre es justa.
Doscientos pesos como pago por jornada diaria, mayor pago por destajo de frutos y legumbres, un día de descanso a la semana, aguinaldo, vacaciones, eran los puntos medulares del pliego petitorio de los jornaleros que no obtuvieron respuesta alguna; ante el estancamiento del diálogo con autoridades y empresarios, la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social —que aglutina a jornaleros agrícolas de esta localidad— convocó a un paro laboral el 16 de marzo.
Ese día se realizaron protestas y ocurrieron enfrentamientos; también daños a la propiedad privada y robo a diversos comercios; por ello, están presas 14 personas.
Hubo un nuevo acercamiento entre las partes. Los voceros de la Alianza reconocieron que es la primera vez que un subsecretario de Gobernación se reúne con ellos; la visita del Luis Miranda Nava, como representante del gobierno federal, acompañado por el gobernador de la entidad, personal de la CNDH y legisladores federales, se realizó para responder a la demanda de respeto a los derechos laborales de estos jornaleros.
Sin embargo, la reunión del 24 de abril no cumple las expectativas y sigue sin concretarse la solicitud de aumento salarial, entre otras cuestiones, porque falta flexibilidad en la postura de los dueños de los predios agrícolas, se comprometen a aumentar un 15% los salarios y argumentan que ya pagan el salario mínimo que marca la ley.
¿Qué hay de fondo en la problemática de los jornaleros agrícolas? En primer lugar, la extrema pobreza que padecen estos grupos sociales, principalmente indígenas del sureste del país, quienes deben emigrar a otros estados en busca del trabajo que saben realizar: el trabajo del campo.
Sus empobrecidos hogares quedan solos durante los meses de pizca, en la mayoría de los casos porque se trasladan con toda su familia, niños incluidos, y sus escasas pertenencias. Son contratados ex profeso por gente que se encarga de contactarlos año tras año; muchos incluso ya no regresan a sus lugares de origen porque se asientan en zonas cercanas a los ranchos agrícolas, como el caso del Valle de San Quintín. Su sueño: un salario que les permita alimentarse.
Los jornaleros agrícolas están en el extremo de la terrible desigualdad social, carecen de lo elemental para una sobrevivencia con dignidad, y sus descendientes perpetúan esta marginalidad al no tener reales posibilidades de gozar del derecho, entre mucho otros, de la educación.
La situación de las jornaleras agrícolas es realmente dramática; como acontece con otros oficios y profesiones, en no pocos casos ganan menos que el hombre, sufren violencia sexual, no cuentan con guarderías ni servicios de salud especializados. Son las marginadas de los marginados.
Muchos de quienes hoy se han levantado a reclamar sus derechos fueron niños jornaleros, sus padres lo fueron y sus hijos siguen inexorablemente el mismo camino; el jornalero agrícola es un oficio digno si no fuera por la explotación laboral de que son objeto, en donde probablemente están presentes la trata de personas, la peor forma de trabajo infantil, la servidumbre humana.
La litis es el salario mínimo que hoy por ley reciben los jornaleros, la realidad es que ese salario es insuficiente para una vida digna y nadie puede afirmar lo contrario.
Eso por supuesto que lo saben los empresarios agrícolas de esta zona y otras regiones del país; las preguntas que hacemos: la ley que se esmeran en decir que cumplen debe señalar: ¿salario mínimo o salario digno? ¿en cuál de los dos hay justicia?
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República
