Armar a los agentes aduanales y migratorios extranjeros en territorio nacional no garantiza cumplir con el objetivo de incrementar el comercio y alentar el turismo y reactivar la economía del país, aseguró el senador Alejandro Encinas Rodríguez.
“Si la intención es alentar el turismo, la actividad económica y simplificar los trámites para el comercio, pues en todo caso las reformas debieron haberse realizado a la Ley de Aduanas y a la Ley de Migración y no a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, sostuvo el legislador.
Asimismo, aseguró que México no necesita armas ni seguir concediendo seguridad o soberanía a otros países, “particularmente a los Estados Unidos”.
Al fijar la posición del grupo parlamentario del PRD, el legislador por el Estado de México señaló que los dos principales problemas de la reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos radican en los asuntos de los convenios interinstitucionales y en la ausencia de la reciprocidad.
Encinas Rodríguez apuntó que la propuesta faculta a la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Gobernación a tramitar ante la Secretaría de Defensa Nacional permisos de autorización para permitir el uso de armas por parte de agentes migratorios o aduanales, presentando copia del acuerdo interinstitucional que da lugar a este hecho.
Explicó que los acuerdos interinstitucionales se celebran entre una dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal y municipal y con un órgano u órganos u organizaciones internacionales gubernamentales que se deriven de un tratado.
En este sentido, dijo, cómo que están planteados en el dictamen, los acuerdos interinstitucionales diluyen el control parlamentario y vulneran la facultad exclusiva del Senado para la aprobación y conocimiento de la materia de política internacional, al replantearse por un débil dictamen jurídico de la Cancillería.
“Entiendo que deben existir convenios de carácter institucional (…). Pero en asuntos vinculados con la seguridad pública, la seguridad nacional, el combate a la delincuencia organizada, el tráfico de armas, el contrabando, son temas que competen fundamentalmente a la autoridad mexicana”, sostuvo.
Y destacó que la principal repercusión negativa de esta reforma es que se fortalece la discrecionalidad y la falta de transparencia y acceso a la información en la actuación del Ejecutivo Federal.
“Ya que se comprometen, no solamente facultades que son específicas del Ejecutivo federal, sino también bienes de la nación, ya que viene una definición ambigua en la ley en donde el acuerdo ejecutivo es el convenido regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre el gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios Estados nacionales u organizaciones, que adquiere compromisos vinculantes”.
Alejandro Encinas advirtió que permitir que agentes aduanales extranjeros porten armas de fuego en territorio nacional traerá consecuencias sumamente delicadas a la seguridad nacional.
Además, sostuvo que con estas reformas, el Estado mexicano se declara incapaz o incompetente de brindar seguridad diplomática y protección a los visitantes extranjeros, a presidentes o altos funcionarios de otros países.
Finalmente, el legislador mexiquense hizo énfasis en que no existe reciprocidad en las relaciones entre México y Estados Unidos y en el tema de armas y explosivos, “el asunto puede ser todavía más delicado”.
Esto, explicó, porque a diferencia de México donde la legislación es federal, en Estados Unidos hay legislación de corte federal y de corte estatal y existe una ley que prohíbe expresamente la portación de armas de fuego a todo ciudadano que no sea estadounidense, a menos que migre de forma permanente a ese país.
“Por lo que estamos viendo, es una situación de enorme disparidad”, concluyó.
