El ejercicio democrático del poder debe ser corresponsable con una política coherente de respeto, promoción y difusión permanente de los derechos humanos, sostuvo la senadora Angélica de la Peña Gómez.
De no ser así, advirtió la legisladora del Grupo Parlamentario del PRD, el Estado y sus instituciones enfrentarían un déficit que pondría en duda su legitimidad democrática y vulnera la gobernabilidad.
Por ello, la senadora aseveró que la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República asumió “la responsabilidad y el reto de construir y consolidar las reformas secundarias garantistas de que los actos del poder público se ajusten a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, bajo una perspectiva de universalidad, progresividad, interdependencia y transversalidad”.
Al presentar el informe de labores de dicha Comisión, la cual preside, de la Peña Gómez subrayó que la garantía de los derechos humanos es un parámetro de legitimidad de los poderes públicos.
Y es que “el respeto, garantía y ejercicio de estos derechos constituye un límite moral, ético, jurídico y político al cual deben estar sujetos todos los poderes, tanto los públicos como los privados; este deber, intrínsecamente, logra y concreta el Estado de Derecho positivo y la convivencia armónica entre los distintos entes sociales”, explicó la perredista.
La senadora enfatizó que el desarrollo sustentable, la paz sostenible y la consolidación de la democracia genérica en nuestro país sólo serán posibles si les anclamos en el respeto y ejercicio a dichas garantías.
En ese sentido, Angélica de la Peña reiteró que el principal objetivo de la Comisión que encabeza “ha sido legislar y promover la instrumentación de políticas públicas, que permitan transformar las estructuras y ajustar las actuaciones del poder público a un marco general de respeto irrestricto a los derechos humanos”.
Asimismo, puso especial atención en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la cual, consideró, constituye un paso histórico para nuestra Nación y sus habitantes pues representa una de las decisiones legislativas más trascedentes en el México contemporáneo.
“Se trata del más grande avance para la protección de los derechos y garantías de las y los gobernados porque amplía y fortalece sustancialmente las libertades de las personas y consolida el sistema de organismos defensores de los derechos humanos”, añadió.
Finalmente, Angélica de la Peña mencionó algunos de los pendientes que tiene la Comisión de Derechos Humanos, entre los que destacó la creación de leyes generales en materia de desaparición de personas y de prevención y sanción de la tortura, así como una ley nacional de ejecución penal y la del sistema de justicia para adolescentes infractores.
